Cambio de 180º del PSOE sobre el fondo de compensación para víctimas del amianto. El grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una lista de enmiendas que modifican radicalmente el objetivo del futuro fondo. Proponen excluir a los trabajadores víctimas de este material cancerígeno y solo limitar su cobertura a otras personas afectadas “por causas ajenas a su trabajo”, en casos además de mucha gravedad. El viraje ha sorprendido a los sindicatos y las asociaciones de víctimas, que han emitido un comunicado en contra y piden su rectificación. “Es un comportamiento lamentable”, denuncian.
El pasado 13 de abril el Congreso de los Diputados dio luz verde a la toma en consideración de la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una medida muy esperada desde hace años por las asociaciones de afectados. La legislación, que se tramita ahora en la Comisión de Trabajo, fue elevada desde el Parlamento Vasco y tomaba como referencia fondos similares de Francia, Holanda y Bélgica.
La proposición de ley recoge como destinatarios del fondo para la reparación a “toda aquella persona que haya obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto como de toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto en el territorio del Reino de España”.
Es decir, las personas trabajadoras aparecen destacadas en primer término y, además, también se incluye la compensación para otras víctimas afectadas. Las más recurrentes son las personas expuestas en el ámbito familiar, parientes (muchas mujeres) de los empleados que llevaban sus ropas contaminadas del trabajo, y también aquellas afectadas por la contaminación ambiental.
Según se recoge en la exposición de motivos, “entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”. La proposición destaca entre sus objetivos, por ejemplo, que la compensación funcione como una reparación para los trabajadores afectados cuyas compañías empleadoras ya no existen, algo frecuente.
Ese día 13 de abril, los socialistas votaron a favor de la creación del fondo, con un emotivo discurso de la diputada María Guijarro. La parlamentaria socialista recordó la sentencia por la muerte del periodista José María Íñigo –revocada posteriormente–, que reconocía que había sido causada por exposición al amianto. “La proyección pública de esta víctima nos hacía recordar a miles de víctimas anónimas”, destacó la diputada, “porque lo sabemos, se ha dicho, desde los años sesenta y hasta que se prohibió en 2001 en España, se produjo y se comercializó este mineral, con más de tres mil usos comerciales, que, como saben, causa cáncer de pulmón”.
El PSOE anunció su voto a favor, con una mención especial para las mujeres de trabajadores tantas veces invisibilizadas como víctimas, pero sobre todo con palabras dirigidas a las plantillas enfermas por este agente. “Se lo debemos a todas esas trabajadoras y trabajadores, sí, que se dejaron la vida o que viven con la espada de Damocles sobre ellos y no tienen por qué soportar ese calvario judicial del que ya se ha hablado aquí”, dijo María Guijarro sobre las largas batallas en los tribunales que enfrentan las víctimas. Muchas veces concluyen con una sentencia cuando el denunciante ya está fallecido.
Sin embargo, en las enmiendas recién presentadas por el grupo en el Congreso de los Diputados, el PSOE ha cambiado de parecer. Plantea excluir de las compensaciones a los trabajadores, ya que incluirlos “supone una compensación muy extensa que, además, no tiene en cuenta que cuando las personas afectadas son trabajadores están especialmente protegidas por nuestro sistema de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales”, recoge la justificación de las enmiendas.
Así, el PSOE propone limitar las indemnizaciones a las personas que hayan quedado expuestas al amianto por causas ajenas a su trabajo y ello haya afectado gravemente a su salud, ya que se exige que les haya generado una discapacidad u ocasionado la muerte. Estas personas no deben percibir “pensión o prestación” de Estado y, además, se fija un periodo mínimo de residencia legal en España de diez años.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO y UGT han emitido este miércoles un duro comunicado contra el grupo socialista marcado por la “sorpresa e indignación”. Las tres entidades se han estado reuniendo y hablando con el grupo socialista, “la última de ellas el 16 de febrero, y la información que nos facilitaron era completamente opuesta a las enmiendas registradas”. Víctimas y sindicatos exigen la retirada inmediata de las enmiendas y critican el “comportamiento lamentable” del grupo parlamentario.
Fuentes del grupo socialista responden a elDiario.es que su intención es reunirse de nuevo con sindicatos y entidades sociales y que tiene un “compromiso inequívoco” con el fondo. Sobre el cambio de postura y la exclusión de los trabajadores no se pronuncian e insisten en que su objetivo es “que de la ponencia que comienza el 17 de marzo salga una solución definitiva para las personas trabajadoras y víctimas afectadas”.
Las víctimas y los sindicatos mayoritarios rechazan la justificación de los socialistas sobre la adecuada protección de los trabajadores a través de la Seguridad Social. “Estos fondos no son una alternativa a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la enfermedad profesional, sino a las indemnizaciones por daños y perjuicios tras procesos judiciales que se prolongan durante años y que en muchos casos finalizan cuando la persona afectada ya ha fallecido. Además, son la única vía para compensar en aquellos casos en los que la empresa ha desaparecido, situación bastante frecuente al estar asociada a patologías con largos periodos de latencia y que se manifiestan décadas después de las exposiciones”, exponen.
El comunicado también critica otro giro del PSOE sobre la financiación y la gestión del futuro fondo. La propuesta legislativa recoge que el organismo cuente con recursos de los Presupuestos Generales del Estado, pero también a través cotizaciones sociales a cargo de las empresas y de recursos de las mutuas. Las enmiendas de los socialistas limitan ahora la financiación a los Presupuestos, que este 2022 cuentan con una dotación de 25 millones pactada con EH Bildu.
Sobre la administración del fondo, en lugar de constituir un órgano de gobierno con representación de los agentes sociales y las mutuas como se ha planteado, el PSOE propone que dependa del Imserso –dependiente del Ministerio de Derechos Sociales– y sea este el que regule el procedimiento para acceder a las compensaciones.
La tramitación de la proposición de ley proseguirá este mes de marzo en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Trabajo, donde se comprobará si los socialistas suman a otros grupos a sus enmiendas. Por el momento, las enmiendas del resto de grupos parlamentarios “respetan el espíritu de la proposición de Ley como punto de partida para sus aportaciones”, destacan víctimas y sindicatos.
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