Las negociaciones sobre la Ley de Vivienda continúan. El compromiso del Gobierno era tener el proyecto de ley listo en enero y llevarlo al Congreso en febrero. Estamos en mayo y aún no hay acuerdo, pero los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos confían en sacarlo adelante “cuanto antes”, idealmente antes del verano.
Entre las últimas ideas que el Ministerio de Transportes ha puesto sobre la mesa está la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler en zonas tensionadas, una propuesta adelantada por El País y confirmada por elDiario.es.
En la práctica, la medida supondría una “congelación del alquiler” en estas áreas, indican fuentes del Ministerio dirigido por Ábalos. Pongamos el ejemplo de un inquilino que paga 900 euros en Málaga. Si se le termina el contrato mientras su barrio esté declarado tensionado, tendría derecho a una prórroga pagando la misma mensualidad. El casero solo podría subirle el IPC, aunque habría previstas una serie de excepciones (por ejemplo, que la prórroga no aplicase si el casero ha invertido cierta cantidad en reformas). El contrato terminaría al finalizar la declaración de zona tensionada, que tiene tres años de validez.
Las zonas tensionadas serían, según la definición de la parte socialista, aquellas en las que se haya producido un incremento sostenido de los alquileres en los últimos cinco años y en las que los hogares sufran mayor “sobrecarga financiera” para pagarlos, esto es: que el gasto medio en vivienda supere el 30% de ingresos medios de la zona.
¿Cómo se declara una zona tensionada? “Hay dos formas. Las comunidades autónomas pueden declararla para aplicar medidas que sean de su competencia en esa zona”, continúan las fuentes del Ministerio. “Lo que contemplamos en la Ley de Vivienda en relación a la prórroga de los contratos y a la política fiscal son competencias del Estado. Lo que se haría sería una comisión bilateral del Estado y la Comunidad Autónoma con audiencia al ayuntamiento implicado. Una vez se adopte la decisión, debe aprobarse en la Ley de Presupuestos del Estado. Y si no hay ley de Presupuestos, se usa otra ley”.
El compromiso alcanzado por los dos partidos en el Gobierno hablaba de frenar “las subidas abusivas del alquiler” y de “habilitar” a las Comunidades y ayuntamientos para usar el índice de precios del Ministerio y regular las rentas. Desde Unidas Podemos siguen reclamando que la Ley refleje la regulación acordada.
La ley catalana, el espejo al que miran los sindicatos de inquilinos y Unidas Podemos, obliga a los propietarios a fijar un precio igual al del contrato anterior o a bajarlo si este estaba por encima del índice. La propuesta actual del PSOE es más light porque no afecta a los nuevos contratos. En Transportes temen que una regulación 'a la catalana' termine tumbada por el Tribunal Constitucional. Recuerdan, en cualquier caso, que esta sería solo una medida complementaria a su apuesta de aumentar hasta el 90% beneficios fiscales a propietarios que bajen un 10% el alquiler.
Los contratos de alquiler firmados entre 2013 y el 5 de marzo de 2019 duran tres años. Los firmados a partir de 2019 tienen una duración de cinco o siete años, si el arrendador es un gran propietario. España, como señaló la autoridad fiscal independiente (Airef), es el país con mayor duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler. Este organismo recalcó que una “regulación muy restrictiva” en la durabilidad de los contratos podría “tener efectos perjudiciales sobre la oferta” y “generar un aumento de los precios”.