Se acabó el 'coaching' de Vicente Martínez-Pujalte a través de Sirga XXI Consultores, su despacho de asesoría. El diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso ha aprovechado el verano para finiquitar la firma que utilizó para facturar, alrededor de 2009, un total de 75.000 euros a una constructora por unos trabajos de asesoría “verbal” de los que la Agencia Tributaria no ha encontrado constancia documental.
Pujalte y el otro administrador solidario de la firma, Miguel Marín Cózar, exasesor de José María Aznar y actual directivo de la Fundación de Estudios y Análisis Sociales (FAES), el 'think tank' del PP, han inscrito este agosto en el Registro Mercantil de Madrid la disolución voluntaria de la sociedad.
Lo han hecho unos meses después de que, el pasado abril, el diario El País revelase los pagos realizados a Pujalte por Collosa, empresa vallisoletana implicada en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de parques eólicos en Castilla y León que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Preguntado por las razones de la liquidación de Sirga, Pujalte, que en abril subrayó que esos cobros eran legales, aunque no fueran éticos, no ha querido hacer comentarios. “Este asunto corresponde a mi actividad privada, tengo la compatibilidad [al Congreso de los Diputados] hecha y todo declarado a Hacienda”, señala el diputado, en una breve conversación telefónica.
Pujalte realizó trabajos de asesoría “verbal” a Collosa que el principal ejecutivo de la firma en esas fechas, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”. Se limitaba a tomarse un café con Armero, según este último, para exponerle su visión de la economía a cambio de una “iguala” de 5.000 euros mensuales. Sustituyó como asesor de la empresa a otro político popular, el ex ministro, actual embajador en Londres y por aquellos años diputado del PP, Federico Trillo.
Tras el escándalo de los cobros de Pujalte y Trillo, el Congreso rechazó en junio investigar al portavoz económico del PP en la Cámara Baja por considerar, como el parlamentario murciano, que su actividad era “legal”. Lo hizo en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja, que rechazó en junio pasado esa pretensión en una reunión a puerta cerrada y gracias a los votos en solitario del PP.
Informes que no aparecen
Constituida en octubre de 2008 y también participada por otra diputada del PP, Ana Torme, Sirga obtuvo en 2013 (último ejercicio disponible) unos ingresos de 123.099 euros y pagó en concepto de impuestos 1.112 euros. La firma también fue utilizada por Pujalte para cobrar otros 22.710 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por tres informes de asesoría realizados entre julio de 2009 y diciembre de 2010, tal y como publicó este diario.
El más caro de esos tres informes (costó 10.000 euros, sin incluir impuestos) fue uno sobre “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” elaborado por el propio Miguel Marín por encargo de Pujalte. Constaba, según indicó en junio pasado el actual directivo de FAES, de “75 slides de PowerPoint” (a razón de 133 euros por página).
La cámara, una corporación de derecho público que está sujeta a la Ley de Transparencia, dice no encontrar ahora ninguno de esos tres trabajos, que Pujalte también se ha negado a facilitar porque, según explicó en junio, pertenecen a la entidad que se los encargó: “Llama a Deloitte y pídele los informes que ha hecho a Telefónica, a ver qué te dicen”, argumentó entonces.