El puzle de la recaudación: el Gobierno aspira a ingresar más de lo presupuestado y no incluye el impuesto a los ricos

Los Presupuestos Generales del Estado han arrancado este jueves su andadura parlamentaria con la que el Gobierno intentará aprobar las últimas cuentas de la legislatura. Unas cuentas que incluyen, por tercer año consecutivo, un récord en recaudación fiscal. Serán 262.700 millones de euros los que se prevé ingresar en materia fiscal, un crecimiento del 7,7% respecto a la estimación para este año. Hacienda ha tratado de marcar reiteradamente la idea de que se trata de una estimación “prudente”, teniendo en cuenta la incertidumbre económica sobre cuánto durará la guerra de Ucrania. Es por ello que esta estimación está marcada por numerosos matices, empezando porque el Ministerio asume que esa cifra se puede superar, incluso antes de su aprobación definitiva.

Primero, las cifras. El Ejecutivo ha diseñado un plan de ingresos que tiene en cuenta una cierta desaceleración de la economía en algunos aspectos como la menor creación de empleo o un enfriamiento del consumo, en relación con los datos que se han experimentado este año. No en vano, se pasa de un crecimiento del 4,4% estimado para 2022 a una previsión del 2,1%. La principal figura es el IRPF, que prevé recaudar un 7,7% más en 2023, marcando un nuevo récord histórico y superando la barrera de los 110.000 millones de euros. El crecimiento se basará en la subida de los salarios —Hacienda estima que será una media del 4,1%— y de las pensiones —8,5%—. También en niveles récord se sigue situando el IVA, pese a que su crecimiento del 5,9% marca un cierto enfriamiento del consumo. Sociedades no marca su mejor registro, debido a los problemas históricos que arrastra, pero sí se anota un incremento del 7% apoyado en la mejora de los beneficios de las empresas. Los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, tabaco, etc.) son los que obtienen un mayor crecimiento, superando el 8,2%.

Segundo, las expectativas. “Hemos hecho una previsión extraordinariamente prudente”, ha asegurado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, en la rueda de prensa en la que ha explicado el detalle de las cuentas públicas. Esta prudencia esconde una aspiración del Ejecutivo y es que al final del próximo año se pueda alcanzar una recaudación mayor de la trazada en la ley de Presupuestos. “No hemos agotado la totalidad de la recaudación”, ha apuntado la ministra, asumiendo que en su gabinete se ha optado por una estimación más baja del potencial que ven en el contexto más favorable de la economía. De este modo, Hacienda deja la puerta bien abierta a que la recaudación sea, en efecto, mayor de la considerada en las cuentas públicas.

Las previsiones de recaudación en los Presupuestos siempre han sido unas cifras que tienden a no cumplirse. Si bien, tradicionalmente se han incumplido a la baja, aunque este Gobierno ha errado al alza. En 2021 ya se produjo una mayor recaudación de la prevista en los Presupuestos, que ayudó a recortar el déficit más de lo inicialmente trazado. En 2022, la economía va por el mismo camino. La previsión marcada en los Presupuestos apunta a un nuevo error en la estimación. Originalmente se trazó una recaudación de 232.000 millones. Ahora se aspira a un crecimiento hasta los 242.000 millones. Sin embargo, Montero ya ha avanzado que esta proyección se hizo con datos de junio y los ingresos pueden acabar siendo sensiblemente superiores. “Hay una previsión de que se puede superar la liquidación de este año”, defendió Montero. Pese a ello, ha defendido esa “prudencia” debido a la situación económica que tiene abierta la guerra en Ucrania, cuyo final no se vislumbra todavía.

Tercero, las ausencias. La previsión de recaudación para el próximo año tiene una notable ausencia. El impuesto de solidaridad para las grandes fortunas no está contemplando en el Presupuesto, pese a que el Estado aspira a que sus ingresos ya se perciban en 2023. La respuesta a por qué este impuesto no se incluye en las cuentas dada por Hacienda es bastante técnica. De hecho, la ministra tuvo que acabar tirando de un ejemplo gráfico con una caja de pastillas Juanola en una mano y una de Ricola, en la otra. A grandes rasgos, la idea del Gobierno es que lo recaudado por este tributo (caja de Ricola) vaya a cubrir parte del gasto de las ayudas frente a la crisis en Ucrania (caja de Juanola). Como estas ayudas (Juanola) no están incluidas en el presupuesto, se opta por no incluir este ingreso extraordinario (Ricola). “Incluirlo distorsionaría el presupuesto”, ha defendido Montero.

¿Y cuándo va a aprobarse el nuevo impuesto? Uno de los escenarios que maneja el Ministerio es incluirlo como una enmienda en la tramitación de la proposición de ley del tributo a la banca y las eléctricas. De este modo, el Ejecutivo lograría que se aprobara antes de final de año y podría aplicarlo en 2023. Se utilizará esta misma vía para la reforma temporal de Sociedades que impide que los grandes grupos se anoten la mitad de las pérdidas de sus filiales, lo que incrementará su pago de impuestos, solo para 2023. Esta medida tiene una recaudación prevista de 1.500 millones de euros, según explicó Hacienda la semana pasada. Sin embargo, los ingresos probablemente sean inferiores ya que de manera efectiva se aplicará únicamente en las escasas comunidades donde no se cobra Patrimonio.

Tampoco se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado medidas como la rebaja del IVA de la luz, el del gas, o la reducción del impuesto especial sobre la electricidad. Estos ajustes se encuentran en el marco de los reales decretos de protección frente a la inflación y tienen de caducidad el cierre del año. Sin embargo, Hacienda cuenta con que algunas de las medidas tengan que prolongarse durante el próximo año con un nuevo Real Decreto que se aprobaría en diciembre. Como no se sabe a día de hoy qué medidas serán y si se prolongarán durante un trimestre o varios, no se incluyen en las cuentas públicas. “Tenemos que dejar un margen por si se produce un gasto extraordinario si la guerra de Ucrania se mantiene”, ha explicado Montero, recuperando esa idea de “prudencia”.

Sí están incluidas el resto de medidas del plan fiscal que anunció el Gobierno de coalición la semana pasada. La rebaja del IRPF para ingresos del trabajo inferiores a 21.000, el aumento para quienes perciban más de 200.000 euros por rentas del capital o la rebaja en Sociedades para las pymes que facturan menos de un millón de euros, del 25% al 23%. También se incluyen los ingresos previstos por el impuesto sobre la banca y las energéticas, con una estimación de recaudación que se mantiene en 3.500 millones de euros. Por último, el 1 de enero entrará finalmente en vigor la rebaja del IVA para la higiene femenina al 4%.

La recaudación no es la única estimación incluida en los Presupuestos Generales que tiene ausencias. Junto a los datos de previsión de ingresos se incluye en las cuentas públicas la memoria de beneficios fiscales, aquella en la que se estima cuánto se deja de ingresar con medidas como las deducciones, bonificaciones o reducciones que tienen los distintos impuestos. El IVA superreducido o la tributación conjunta en el IRPF son algunos de estos beneficios fiscales. Para este año se tiene presupuestado 45.200 millones —frente a los 44.700 millones de 2022—, pero esta estimación nace caducada y el Gobierno tendrá que actualizarla. No se tiene en cuenta, por ejemplo, los 200 millones de euros que se espera que cueste la ayuda de 100 euros al mes para madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años que se ampliará a “otras situaciones contributivas”.