Los titulares de una hipoteca que se encuentren inmersos en un proceso de desahucio tienen un plazo de apenas 15 días laborables para suspenderlo si alegan ante el juez que el contrato que firmaron con su entidad incluía alguna cláusula considerada abusiva y el magistrado falla a su favor.
El articulado de la ley antidesahucios, publicada en el BOE el pasado 15 de mayo, daba a estas personas un mes de plazo desde su entrada en vigor para presentar sus alegaciones, pero sólo si el proceso ya había comenzado, mientras que quienes firmen una hipoteca a partir de ahora no están sujetos a plazo alguno.
Pero, según la nueva ley, estos últimos cuentan también con la protección de los notarios, que estarán obligados a informar de cualquier cláusula abusiva que observen en una hipoteca en el momento de la firma de la escritura pública de propiedad de la vivienda.
Con este objetivo, el documento deberá incluir un párrafo en el que el notario haga constar que ha informado “pormenorizadamente” a los titulares de la hipoteca de todas las cláusulas incluidas en la misma, especialmente de las que puedan suponer un riesgo para ellos.
Para la responsable de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, la citada ley española “hace una lectura claramente restrictiva” de la normativa europea, que, según dijo, no establece plazo alguno para presentar estas alegaciones ante el juez, por lo que piden a los magistrados que “no acepten esta limitación”.
En declaraciones a Efe, Colau también anunció que la Plataforma colgará este fin de semana en su página web un escrito que recogerá toda la información disponible sobre este asunto, explicada de forma didáctica y llana para llegar a todo el mundo.
Según la representante de este colectivo, “muchos” letrados creen que la ley antidesahucios “es ilegal” por establecer estos límites, que a su juicio, causan “indefensión y vulnerabilidad extrema” a colectivos ya muy maltratados.
Según recordó, sólo en 2012 se produjeron 40.000 desahucios de una primera vivienda, lo que equivale a más de cien al día, cifras facilitadas recientemente por el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Banco de España.
Por su parte, la letrada María Auxiliadora Blázquez, de IURE Abogados, recomendó a los afectados que lleven sus contratos hipotecarios cuanto antes a un abogado para que les diga si incluyen alguna de estas cláusulas y puedan actuar en consecuencia.
Blázquez también destacó la importancia de que se exija a los notarios que adviertan de los posibles riesgos en la escritura pública en la que se plasme la contratación de un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda habitual.