Desde el pasado 3 de diciembre, en las apuestas hípicas que gestiona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, los caballos no galopan: sólo trotan. Las carreras están suspendidas hasta nuevo aviso por el radical enfrentamiento que mantienen desde hace un año la empresa pública Hipódromo de la Zarzuela (HZ) y el regulador del sector, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), que está en concurso de acreedores desde mayo de 2013 y a la que HZ no reconoce ninguna legitimidad. Ante la perspectiva cierta de acabar liquidada, la SFCCE parece decidida a, si tiene que morir, hacerlo matando.
“Yo ya no sé quién tiene aquí la razón, pero entre los dos, van a cargarse la competición”, dice, pidiendo el anonimato, un importante propietario de caballos sobre este enmarañado conflicto, que además de a HZ y la SFCCE, involucra a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de HZ, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la propia SELAE, entre otras altas instancias.
Los derechos de imagen de la competición son el principal objeto de disputa de un litigio que tiene a las cerca de 500 familias que dependen del denominado turf pendientes de un hilo. Parecía imposible, pero la guerra ha subido otro escalón. El pasado jueves, SFCCE presentó ante un juzgado de Madrid una querella criminal que atribuye a HZ y sus principales gestores, empezando por su presidenta, Faina Zurita Ussía, supuestos delitos de estafa impropia, falsedad en documento oficial y coacciones.
La querella, que aún no ha sido admitida a trámite, va dirigida contra Zurita, la empresa que preside y otras cuatro personas: David Pasamontes, director Financiero de HZ, Gerardo Torres, director de Carreras del Hipódromo, Carlos Rodulfo, presidente de la Asociación de Hipódromos y consejero independiente de HZ, y el empresario Javier Revuelta Peral, exvicepresidente de Telefónica y presidente de la Real Federación de Hípica Española (RFHE), a la que HZ ha intentado, sin éxito, hasta ahora, convertir en regulador del sector.
SFCCE considera en su demanda que es “legítima titular” de los derechos de imagen de la competición hípica, su “principal activo” (sin él está abocada a desaparecer), en virtud de un contrato firmado con RTVE que data de 1983, y de un convenio suscrito con la RFHE en diciembre de 2005 que la federación ha denunciado y expiró el mes pasado, por lo que HZ entiende que “no es la autoridad competente que requiere la competición”. Sin embargo, la SFCCE insiste en que es “titular de los derechos inherentes a la competición”, así como “de los derechos de imagen colectivos de la misma, siendo la única entidad que puede comercializar los mismos”.
“Contrato fraudulento” con Loterías
Según SFCCE, “sin autorización ni consentimiento, y de forma totalmente fraudulenta”, Zurita vendió en enero de 2013 esos derechos a SELAE (su accionista minoritario con el 25%) a través de un “contrato fraudulento” por un fijo anual de 5,5 millones de euros al año, más variables, “sin ser el Hipódromo legítimo titular de los mismos”, sino la Sociedad de Fomento. La entidad también acusa a HZ de alterar “a su conveniencia” el programa oficial de carreras del Hipódromo para apropiarse de esos derechos. E interpreta que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha confirmado, en una sentencia dictada el pasado 12 de enero, que los derechos de imagen “le corresponden”.
HZ, en cambio, entiende que, pese a lo que señala esa sentencia, la cuestión de los derechos de imagen “se resolverá, en su caso, en otro momento y en otra instancia”, y mantiene que es “la única titular de los derechos audiovisuales de la competición que en solitario organiza y sufraga”. El Hipódromo ha señalado que, ante la paralización de las carreras, tiene el aval “de las asociaciones de hipódromos, propietarios, criadores, jockeys y aprendices, y colectivo de preparadores”. SFCCE lo niega.
HZ no ha querido hacer comentarios sobre la demanda porque todavía no se le ha notificado. En ella, SFCCE acusa a Zurita y al director del Hipódromo, Gerardo Torres, de desarrollar “una intensa actividad tendente a conseguir la liquidación de la SFCCE” mediante la estrategia de “privar a la SFCCE de sus activos y en concreto de sus funciones como regulador, en la idea de que al no tener ingresos el administrador concursal, en su informe preliminar, optará por decretar la inviabilidad de la concursada”.
Todo ello, “con la colaboración del presidente de la RFHE”, que “accede a denunciar el convenio suscrito con la SFCCE en la errónea idea de que eso provocará un traspaso de las funciones de la SFCCE” a la federación. Sin embargo, el CSD no ha movido ficha en este asunto y el todavía regulador hípico es la SFCCE, según reconoce la propia RFHE en la última versión de sus estatutos, aprobada hace poco más de un mes.
104.613 euros de sueldo en 2013
La SFCCE, que desde noviembre pasado está presidida por Felipe Hinojosa García-Puente (perteneciente a una de las familias fundadoras del grupo textil Cortefiel), quiere que HZ aporte el contrato original de cesión de los derechos audiovisuales que suscribió el 21 de enero de 2013 con SELAE y que, de admitirse a trámite la demanda, declaren como testigos en el juicio el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, el expresidente de SELAE, José Miguel Martínez (que fue quien firmó ese contrato supuestamente fraudulento), su sucesora, Inmaculada García, y la directora de Deportes del CSD, Ana Muñoz Merino, entre otros.
Zurita, que antes de ser nombrada presidenta de HZ en 2012 no tenía experiencia en el sector (su principal dedicación ha sido siempre la comunicación), llegó al HZ para devolverle el “esplendor” perdido, según dijo entonces la SEPI, con resultados discutibles. Protegida de Ramón Aguirre (fue directora de la Fundación ICO, con el Instituto presidido por él, sin haber cumplido los 30), es sobrina del doctor Carlos Zurita y de la infanta Margarita de Borbón, hermana menor de Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI.
Al frente de HZ, Zurita cobró 104.613,35 euros brutos en 2013, según fuentes de la empresa, que en su web todavía no ha incluido ninguno de los datos que le obliga a publicar la tan cacareada Ley de Transparencia (por ejemplo, los contratos y convenios en vigor y el currículum y retribución de su presidenta). Desde que entró en vigor esa norma, hace más de un mes, el Hipódromo tiene un apartado en su web que está “en construcción”.
Los dos contendientes están en una difícil situación económica. SFCCE, una centenaria entidad privada (fundada en 1841) sin ánimo de lucro, está al borde de la liquidación, pendiente de la Junta de Acreedores que celebrará el próximo jueves, en la que será determinante la posición de la Seguridad Social y Hacienda, sus principales acreedores con deudas de más de 1,9 millones de euros.
La situación de HZ tampoco es boyante: desde 2008 hasta 2013 (último ejercicio disponible) acumulaba unas pérdidas de 17,7 millones de euros y el año pasado sorteó la liquidación gracias al oxígeno financiero de la SEPI.
Para mantener las apuestas y cumplir con el contrato que tiene suscrito con LAE, HZ ha contratado trotones (carreras de trote, en las que los caballos no galopan, como corredores de marcha en atletismo) llegados desde Baleares para que disputen carreras en otro hipódromo, el de Dos Hermanas (Sevilla), sin que sea necesario que la SFCCE ejerza de árbitro de esas competiciones. Los caballos trotan mientras la competición y todo un sector agonizan.