Rafael Escudero (1969) dirige desde enero la Secretaría General de Consumo y Juego que depende del Ministerio de Consumo que pilota Alberto Garzón. Licenciado en Derecho (1992), doctor en Derecho (1999), Premio Extraordinario de Doctorado y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2002, recibe a elDiario.es en la sede del Instituto Nacional de Consumo en Madrid horas después de que aterrice en el BOE el esperado decreto, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, con el que el Gobierno espera acabar con el 90% de los anuncios de casas de apuestas.
El responsable del ministerio pide a los clubes de fútbol y baloncesto un ejercicio de responsabilidad para que “abanderen el cambio de modelo” tras años de bombardeo con los anuncios y patrocinios de operadores de juego. No teme los posibles recursos de las empresas del sector contra una norma “impecable” desde el punto de vista jurídico; y niega que el veto a los anuncios, que van a quedar relegados a la franja de madrugada y van a tener drásticas limitaciones a su contenido, vaya a incentivar el juego ilegal. También advierte de que no es “fácil” la anunciada intención del Gobierno de abaratar el precio de las mascarillas, en la que trabaja Consumo junto a otros tres ministerios.
Esta es la primera regulación de la publicidad del juego online desde que se legalizó hace nueve años. ¿Por qué tanto tiempo?
El propio legislador mandataba al Gobierno a elaborar un decreto para regular la publicidad. No podemos responder sobre las razones por las que otros gobiernos no adoptaron esta medida, pero tanto en el acuerdo de coalición como en las líneas estratégicas que desgranó el ministro en su primera comparecencia parlamentaria, esto era una prioridad política, dada la situación de alarma social y los datos de salud pública que teníamos. Era una prioridad política de este ministerio desarrollar ese mandato legislativo, aprobar el decreto, y afortunadamente esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En el texto, además de la moratoria a los patrocinios hasta que acabe la temporada deportiva, hay varias disposiciones que no entran en vigor hasta mayo. ¿Cuáles son y por qué ese plazo?
El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, este jueves, y a partir de entonces las medidas contempladas en él no se pueden llevar a cabo: los clubes deportivos no pueden firmar nuevos contratos de patrocinio y las cadenas de radio y televisión no pueden firmar contratos de publicidad con actores de juego. Lo que sucede es que establece un periodo de transitoriedad, como todo decreto y toda norma que pretende regular por vez primera un sector nuevo, con varios niveles en función del sector afectado. Conviene tener en cuenta que estas disposiciones transitorias han venido marcadas por el Consejo de Estado, cuyo dictamen establecía que por seguridad jurídica y para facilitar la adaptación a un modelo radicalmente diferente al que teníamos, era necesario este plazo transitorio. Es algo relativamente normal siempre que se produce una medida de este tipo. Sucedió con la publicidad de alcohol y tabaco, y nosotros nos ajustamos al régimen que ha establecido el Consejo de Estado.
Su dictamen dice que las restricciones a la publicidad son “sin duda severas, pero motivadamente necesarias”, pero las patronales del sector dicen que se les discrimina frente a Loterías y la Once. ¿Les preocupa que lo recurran?
Entendemos que las medidas han sido ampliamente validadas por diferentes actores y sujetos. Es una norma muy complicada desde el punto de vista técnico que ha requerido una tramitación muy larga y una validación de diferentes instancias: de los distintos ministerios que componen el órgano colegiado que es el Gobierno a la Comisión Europea, a la que se remitió el texto sin que hubiera ninguna observación. Órganos tan diferentes en sus funciones y competencias como el Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también han validado las medidas del decreto. Finalmente hay un dictamen del Consejo de Estado que avala su contenido. Estamos bastante tranquilos, técnicamente hemos hecho las cosas muy bien. Jurídicamente es un decreto que pensamos que es impecable y que políticamente responde a los compromisos del ministerio. No tenemos preocupación.
Uno de los argumentos que exponen las empresas es que al desaparecer los anuncios va a proliferar el juego ilegal. Dicen que este creció con las prohibiciones a la publicidad durante el estado de alarma. Hablan de que se han cerrado 500 webs. ¿Es así?
No entendemos de dónde pueden sacar esos datos. El juego ilegal por naturaleza es un juego que no está controlado. Por tanto, nosotros no tenemos datos de que esto se haya producido. En la actividad ordinaria de la Dirección General de Ordenación del Juego hay sanciones porque hay páginas web que operan ilegalmente, sin licencia en España. Esto ha sucedido antes y durante el estado de alarma, pero no hemos visto un aumento del juego ilegal. Este argumento es difícilmente sostenible. Dicen que esto va a aumentar el juego ilegal, pero no aportan argumentos ni cifras.
La cifra que dan es que se han cerrado 500 webs.
No sé de dónde ha salido.
¿Y cuántas han cerrado este año?
Es una cifra que no podemos dar, porque esto atiende a los criterios propios de un procedimiento sancionador.
La patronal del juego también ha sacado a colación Italia, que prohibió la publicidad y que el ministro puso como ejemplo de proliferación del juego ilegal en febrero, cuando presentó un proyecto de regulación mucho más ‘light’. Las empresas hablan de que los clubes deportivos italianos están firmando acuerdos de patrocinio con empresas punto com (sin licencia para operar). ¿Ese riesgo existe en España?
No, porque los dominios '.com' son ilegales y no podría realizarse. Respecto al primer borrador, como el propio ministro advirtió, se trataba de un primer paso para ir perfilando las medidas. Con el transcurso del tiempo, el aval de todos esos organismos y lo sucedido durante el estado de alarma, donde vimos que el aumento de publicidad empezaba a provocar un aumento de jugadores jóvenes nuevos, se han tenido en cuenta todos esos factores a la hora de redactar el borrador definitivo.
¿Por qué el ministerio no ha evaluado el impacto económico de las restricciones a la publicidad del juego?
Porque no es posible. Estamos hablando de unos contratos que se van a extinguir y que se van a sustituir, seguramente, por otros con entidades distintas a operadores del juego. A nadie le resulta creíble que la Liga de Fútbol Profesional o la ACB no encuentre patrocinadores atractivos cuando el producto que ofrecen es muy atractivo. Les hemos pedido a los clubes y a la Liga que se sitúen como referentes sociales y abanderen el cambio de modelo. Que pasen de un modelo que estaba produciendo unos efectos sobre la salud pública sobre los que creo que toda la sociedad está de acuerdo, para situarse como referentes en otro modelo. Estamos convencidos de que lo van a conseguir porque, insisto, el producto que ofrecen es muy atractivo. No se van a quedar sin patrocinadores.
¿Hasta qué punto pudo influir la posibilidad de una segunda ola y nuevos confinamientos en el endurecimiento del texto?
Las medidas están pensadas para una situación de normalidad, no para una situación de nuevo confinamiento en caso de que se produzca. Son las medidas que entendemos son las que deben regular en el futuro la publicidad del juego, garantizando siempre, como muy bien ha dicho el Consejo de Estado, el interés superior del menor y de los jóvenes.
¿Cuál es el siguiente paso en la regulación del juego?
Seguir desarrollando la ley de 2011, que también mandataba al Gobierno a elaborar medidas de juego seguro e informado. El siguiente paso es elaborar un decreto que contenga una serie de medidas dirigidas a garantizar que la práctica del juego sea segura, seguir protegiendo los sectores especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes, y seguir avanzando en medidas de formación e información al respecto.
El siguiente paso es elaborar un decreto que contenga una serie de medidas dirigidas a garantizar que la práctica del juego sea segura, seguir protegiendo los sectores especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes
Gran parte de la alarma social viene con las casas de apuestas presenciales, que son competencia autonómica. ¿Qué se les está planteando a los gobiernos regionales?
Nuestro objetivo, que ya se ha puesto en práctica en el primer Consejo de Políticas de Juego que hemos tenido desde que estamos en el Gobierno, es siempre llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Es la voluntad del Gobierno y es lo que nos mandata también el legislador. Y vamos a intentar llegar a acuerdos sobre juego presencial que puedan corregir los problemas y prácticas de juego adictivo y problemático que puedan producirse. Un primer ejemplo es el acuerdo al que hemos llegado para coordinar los registros de los llamados autoprohibidos. Ya estamos en camino, con el acuerdo mayoritario de las comunidades autónomas para intentar que estos registros estén coordinados e interconectados.
¿Cómo está evolucionando este año el registro que gestiona el Estado?
En la última actualización, hay 53.150 personas inscritas, frente a las más de 50.000 de cierre de 2019.
El ministro ha hablado de usar la tasa al juego para poner en marcha políticas públicas de prevención. ¿Qué recaudación se espera y qué cambios incluye el proyecto de Presupuestos en esa tasa?
Hemos dado cumplimiento a otro de los acuerdos del gobierno de coalición, que era la reorientación y afectación de un porcentaje de la tasa para elaborar políticas para la lucha contra el fraude, el juego ilegal, y para la elaboración de políticas de juego seguro y de promoción. El borrador de Presupuestos modifica la tasa, que ahora mismo está en el 0,75 por mil de los ingresos brutos de explotación, de forma que el 25% se destine a estas políticas. Esto es un impulso decidido para corregir estas prácticas de juego peligroso, adictivo, ludopatías... y para informar sobre todo a la población más vulnerable, población joven... La cuantía que se estima en función de las cifras del 2019 va a ser de unos cuatro millones y medio de euros. Es algo que tampoco se ha producido nunca, como la regulación de la publicidad, y consideramos que va a dar un impulso decisivo a la lucha contra estas prácticas problemáticas.
Anunciaron una regulación de las llamadas ‘loot boxes’ o cajas de recompensa de los videojuegos, analizando primero el panorama europeo. ¿En qué situación está ese plan?
Es el otro proyecto próximo que tenemos en el ámbito del juego. El panorama europeo es complicado en el sentido de que la Comisión Europea no ha fijado una posición única y eso da problemas. Algunos países, como Bélgica y Holanda, están en el camino de prohibirlos. Nosotros estamos en la fase de estudiar todas las medidas para poner remedio a una cuestión que se está produciendo y que puede ser peligrosa en el futuro. Y es que las ‘loot boxes’ sean una práctica de entrada al juego por parte de niños, adolescentes y de población muy joven. Teniendo en cuenta además, que por los datos y estudios que tenemos, la población más joven es la más vulnerable a consolidar esas prácticas peligrosas de juego en el futuro.
¿Y sobre el uso de tarjetas de crédito para el juego online?, dijo el ministro en febrero que estaba sobre la mesa la posibilidad de prohibirlo.
Está en la batería de medidas que estamos estudiando para este decreto sobre juego responsable.
¿Qué medidas se están planteando para abaratar las mascarillas?
El Ministerio de Hacienda y los otros tres ministerios afectados, Consumo, Sanidad e Industria, las diferentes posibilidades que existen. Sobre bajar el IVA, sabemos que existe un problema. La normativa europea al respecto no es clara, todo lo contrario. También tendríamos que ver los efectos que tendría bajar el IVA, manteniéndose el precio actual. Hay que seguir estudiando al respecto, porque no es clara ni fácil la posición. Otra cuestión sobre las mascarillas que sí estamos abordando desde el Ministerio y en breve tendremos una normativa es una orden ministerial sobre la regulación de las mascarillas higiénicas. En el mercado existen muchísimos productos, algunos de ellos no cumplen los criterios de requisitos de regulación europea y es necesario fijar claridad y seguridad jurídica para la ciudadanía sobre esta materia. Creo que en el plazo de un mes tendremos aprobada la orden ministerial sobre mascarillas higiénicas.
Van a reformar la Ley de Defensa de Consumidores para desarrollar la figura de consumidor vulnerable. ¿Qué efecto va a tener esta medida?
Esta pandemia ha puesto de manifiesto algunas costuras de nuestro sistema, cuestiones que hemos visto que es imprescindible regular. Aquí hemos detectado un vacío normativo. La Ley General de Consumidores y Usuarios no contiene una definición de la figura de la persona consumidora vulnerable. Alguna legislación autonómica la regulaba parcialmente, o regulaciones sectoriales con el caso del bono de las eléctricas o en telecomunicaciones. Pero no había un paraguas legislativo que ampare el desarrollo de estas políticas. Lo que pretendemos desde el Ministerio como competentes a la hora de desarrollar esa ley es establecer una definición legal que ponga el acento en quiénes son esos colectivos en situación de indefensión, desigualdad o desamparo, y requieren una protección especial de los poderes públicos. Ese es el objetivo, dar un paraguas legal para que después se puedan desarrollar políticas públicas de protección.
Otro aspecto importante que queremos regular, es que la figura de consumidor vulnerable tradicionalmente ha estado vinculado a una cuestión económica, pero no es así totalmente. Hay personas y grupos que son consumidores vulnerables en un determinado momento: por cuestiones de género, de edad o incluso por el lugar donde viven. Los entornos rurales producen situaciones en las que uno puede ser un consumidor vulnerable, por ejemplo, con relación a servicios bancarios o financieros. Por tanto, pretendemos dar una definición que cubra el espectro de grupos que puedan ser vulnerables y que por ello merecen una especial protección.
Queremos regular la figura del consumidor vulnerable. Hay personas y grupos que son consumidores vulnerables en un determinado momento: por cuestiones de género, de edad o incluso por el lugar donde viven
¿Y qué plazo se plantean?
La idea es que el anteproyecto de ley, que además de la definición de persona consumidora vulnerable incluirá la prohibición de los números 902, esté en el Consejo de Ministros antes de finales de este año para su remisión al Parlamento.
En una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno reconocía que se ha producido un notable aumento de las reclamaciones recibidas por los Servicios de Consumo. Aunque sea competencia autonómica, ¿qué datos tienen y en qué sectores se están produciendo esas reclamaciones?
Una de las funciones que está desempeñando con gran éxito la Dirección General de Consumo, y en especial la directora general, Bibiana Medialdea, es coordinar el tema de las sanciones que existen en diferentes sectores en materia de consumo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la reclamación tiene un componente intracomunitario, en el sentido de que es un consumidor que vive en una comunidad autónoma y el problema se produce en otra. Ahí esa labor de coordinación es decisiva e importantísima. Donde nos trasladan las comunidades autónomas que hay más reclamaciones es en el ámbito de las compañías aéreas, derivado fundamentalmente del primer período del estado de alarma.
¿En qué punto está el conflicto entre las aerolíneas y el ministerio por los billetes no reembolsados tras la cancelación de vuelos?
Hemos planteado, dentro de nuestras competencias, una acción de cesación. Nosotros no podemos sancionar ante casos de no devolución del dinero, por ser competencia autonómica. Pero sí podemos solicitar a las compañías aéreas, como hemos hecho, que informen adecuadamente de cuáles son los derechos del cliente, en un supuesto en que el vuelo no se haya efectuado. Estamos trabajando con la Abogacía del Estado en la elaboración del recurso. Es una cuestión muy complicada desde el punto de vista técnico y requiere también de un trabajo de búsqueda de pruebas al respecto. En cualquier caso, el anuncio que realizó el ministro tuvo efectos positivos y algunas compañías aéreas inmediatamente cambiaron su política y llevaron a cabo una información adecuada sobre que el consumidor tiene derecho al reembolso. Y en algunos casos de algunas compañías aéreas se están produciendo todas las devoluciones correspondientes. Nuestro objetivo político es utilizar los instrumentos legales que tenemos, en este caso la acción de cesación, para que se produzca el cumplimiento de la normativa europea, no española, al 100%.
El ministro ha hablado de articular algún tipo de instrumento para permitir al consumidor conocer la vida útil de un producto antes de comprarlo. ¿Cómo se va a hacer?
Aquí hay varios ámbitos de trabajo diferentes. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con obsolescencia programada, consumo sostenible de productos y desperdicio no alimentario, forma parte del plan de Economía Circular del Gobierno, que lidera Transición Ecológica y del que nosotros somos co-proponentes. Es el ámbito donde se está elaborando toda la estrategia circular e integral que tiene que ver con medidas como obsolescencia programada, vida útil de los productos, consumo de productos de cercanía para favorecer y eliminar la huella ecológica o reducirla.... Ese es el marco, digamos, macro donde se van a producir las medidas. Nuestro ámbito de competencia es el etiquetado, en el sentido de información al consumidor. Y ahí nuestro objetivo también es efectivamente y en línea con la transposición de directivas europeas, establecer garantías para que el consumidor pueda conocer la vida útil del producto. Es otra de las cuestiones que forma parte del plan integral de consumo sostenible, responsable y accesible que estamos desarrollando.
¿Qué acogida ha tenido el decreto que propone obligar a instalar cámaras en los mataderos? ¿Ha habido quejas de las empresas?
Quejas no, al contrario. Era una vieja demanda de organizaciones ecologistas y grupos agrícolas y ganaderos, para que efectivamente se establecieran cámaras de videovigilancia o se pusieran medidas para garantizar el bienestar animal en los sitios de sacrificio y mataderos. La iniciativa ha sido un éxito. Hemos recibido numerosas aportaciones que enriquecen nuestra visión y que se están incorporando al borrador final. El decreto ha sido bien recibido por las organizaciones agrícolas y la industria. Es una cuestión demandada, en línea con las recomendaciones europeas de garantizar el bienestar animal y los derechos de los animales, que los tienen, y está asumido por el sector y por las comunidades autónomas. El borrador final se someterá a un segundo proceso de audiencia pública este mes para que esté en vigor relativamente pronto. La complejidad de esta norma es que tiene una serie de especificaciones técnicas y debe ir también a la Comisión Europea, en un proceso donde el resto de los Estados pueden plantear dudas. Pensamos que no va a suceder así porque es una normativa muy en línea con las recomendaciones europeas. Pero ese trámite ralentiza el proceso.