Lo llaman la “cláusula de salvaguarda” y está a punto de extinguirse si el Gobierno no lo evita. La reforma de las pensiones de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 endureció las condiciones de jubilación en España, como la edad ordinaria de acceso o los años cotizados exigidos para recibir el 100% de la pensión. El Ejecutivo socialista excluyó de estos nuevos criterios a las personas que habían perdido su empleo antes de la publicación de la reforma o que iban a abandonar sus puestos por un ERE o acuerdos ya suscritos con sus empresas. Sin embargo, Mariano Rajoy limitó esta ventaja: hasta el 1 de enero de 2019. La fecha se acerca y hay “miles” de posibles afectados por este cambio, según los sindicatos.
Las organizaciones de trabajadores exigen al Gobierno que derogue este límite impuesto por el PP antes de que concluya el año. Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que existe una propuesta de los agentes sociales en este tema y explican que “se encuentra ahora pendiente de los informes que se están elaborando sobre ella en el seno de las diferentes Entidades de la Seguridad Social concernidas”. Estas fuentes sostienen que tras la fase de estudio la Administración debatirá con los sindicatos y la patronal “cuáles son las respuestas que se pueden dar a este tema”.
Conocer el número exacto de personas desempleadas que se verán perjudicadas por la desaparición de esta cláusula es “muy complicado”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. La cláusula blinda de los criterios de jubilación de la reforma de 2011 a los trabajadores que se quedaron sin empleo de manera individual antes de la publicación de la norma (agosto de 2011), así como a los que salieron de sus puestos en despidos y acuerdos colectivos pactados antes de ese agosto y los que ya habían accedido entonces a la jubilación parcial o a planes para acogerse a ella.
La excepción pactada por Zapatero con los sindicatos ha permitido que estos trabajadores se jubilaran con la normativa anterior (Ley 40/2007) siempre que mantuvieran su situación de desempleadas. “Son miles o algunas pocas decenas de miles como mucho”, calcula Bravo dados los datos de despidos y acuerdos colectivos de los que dispone el sindicato, a las que habría que sumar los casos individuales, “muy difíciles de determinar”. Más allá de la cifra, el responsable de CCOO subraya el “agravio comparativo” que supone para los afectados que haya personas que se han podido jubilar con condiciones más ventajosas en estos años.
Esteban, parado de 60 años: “Es un engaño”
“Nos dijeron que podíamos jubilarnos con unas condiciones y ahora vemos que no podemos hacerlo. Es muy grave la inseguridad jurídica que esto ocasiona, siento que es un engaño”, explica Esteban (nombre ficticio), un ingeniero industrial de 60 años afectado por el cambio legal del Gobierno de Rajoy. El trabajador se vio en la calle en 2010 con 52 años tras el cierre de su empresa y desde entonces cuenta que no ha logrado reincorporarse al mercado laboral: “Las empresas están echando a las personas de mi edad, acceder a un puesto con 60 años es casi imposible”.
La reforma de 2011 endureció por varias vías la jubilación en España. Entre otras medidas, se atrasó la edad ordinaria de jubilación: pasó de los 65 años a incrementarse poco a poco hasta llegar a los 67 años en 2027. En 2018 es de 65 años y 6 meses y en 2019 pasará a los 65 años y 8 meses. También se amplió el periodo de cotización para recibir el 100% de la pensión, de los 35 años a los 37 en 2027, y se modificó el acceso a la jubilación anticipada.
Esteban explica que de seguir en vigor la cláusula podría jubilarse de manera ordinaria en 2023 con la edad de 65 años, pero puesto que los cumplirá pasado 2019, la Seguridad Social ya le ha actualizado su edad ordinaria de jubilación: 66 años y ocho meses. “Rajoy me ha retrasado 1 año y 8 meses la edad de jubilación”, lamenta Esteban, que ahora señala al Gobierno de Pedro Sánchez para que evite la entrada en vigor de este cambio. “Si no piensan derogarlo, que lo digan”, añade.
El ingeniero recuerda que este retraso supone un esfuerzo económico importante. En su caso suscribió –siguiendo la recomendación de la Seguridad Social– un convenio especial para mantener la cotización en estos años y que su pensión no se resintiera mucho por esta etapa de desempleo. “Pero cuando modificaron la ley en 2013, la Seguridad Social no me avisó”, lamenta y cifra el perjuicio económico por el retraso en la jubilación en “unos 80.000 euros”, por el importe que abona para el convenio especial y la pensión dejada de percibir.
Sindicatos: “Solo quedan tres consejos de ministros”
Los sindicatos llevan exigiendo que se anule este límite temporal desde que se acordó en 2013 y, especialmente, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en verano. “No solo esto, también pedimos que derogue otras normas que aprobó el PP en 2013 y estamos pendientes de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años”, precisa Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, que reconoce que su organización tiene “verdadera prisa, por no decir ansia” para que se acuerden los cambios.
El PSOE en la oposición había rechazado la modificación que aprobó el PP, por lo que los sindicatos confiaban en que el Ministerio dirigido por Magdalena Valerio derogase esta fecha de caducidad. “El Ministerio parece acoger bien la idea que les planteamos, pero no se acaba de concretar. Estamos esperando, pero ya quedan solo tres consejos de ministros”, subraya Carlos Bravo, que teme que haya alguna “resistencia” en Trabajo que esté impidiendo el cambio normativo.
Sobre si dará tiempo a finalizar los estudios y aprobar las medidas en este tema antes de final de año, fuentes del Ministerio de Trabajo afirman que “es imposible saberlo” y que dependerá de “cómo avancen los trabajos”.
Los sindicatos proponen al Ministerio que los trabajadores a los que afecta la cláusula tengan la opción de jubilarse según las condiciones previas a 2011 o las posteriores. En algunos casos, explican en CCOO, algunas personas podrían salir beneficiadas por la normativa actual, que calcula la pensión teniendo en cuenta lo cotizado en los últimos 21 años (que llegarán a 25 en 2022), mientras que la legislación anterior solo tenía en cuenta los últimos 15 años.