Raquel Sánchez: “Es absolutamente falso que la ley de vivienda beneficie a los okupas, el PP quiere generar miedo”

La vivienda ha sido, en las últimas semanas, eje de la gestión política. La aprobación en el Congreso de la primera ley que la consagra como un derecho de la ciudadanía, la promesa de la creación de un parque público de 183.000 inmuebles y los avales para que jóvenes y familias con hijos tengan más fácil conseguir una hipoteca han marcado el discurso político, pero también han dejado entrever las diferentes sensibilidades dentro del Gobierno de coalición.

En este contexto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reconoce que aún queda mucho por hacer para consolidar un nuevo modelo de vivienda que deje atrás “la especulación, el ladrillo y el pelotazo”, en una semana en la que el Partido Popular ha sumado fuerzas con Esquerra para reprobar su gestión por las incidencias en Rodalies.

En las últimas semanas las medidas en materia de vivienda son continuas. ¿Por qué se ha esperado a la recta final de la legislatura para desarrollar este paquete de medidas tan relevantes?

El Gobierno se comprometió a aprobar una ley de vivienda durante esta legislatura y, lo que es más importante, a sentar las bases de lo que debe ser el nuevo modelo de vivienda en nuestro país. Hemos estado trabajando en el texto de la ley durante mucho tiempo, muchos meses. Se ha negociado mucho, no solo en lo político, también con los representantes del sector inmobiliario, con todos los agentes que tienen que decir algo en materia de vivienda. Por otra parte, en las últimas semanas hemos anunciado una serie de medidas que vienen a complementar los programas que hemos puesto en marcha desde el inicio de la legislatura.

Quiero recordar que partíamos de un presupuesto del Partido Popular de 475 millones de euros y hemos pasado a casi 3.500 millones dedicados a vivienda en 2023. En un primer momento, el plan de construcción de vivienda de alquiler asequible se situaba en 20.000 viviendas y ahora, gracias a todos los programas de los que se va nutriendo, nos hemos fijado un objetivo de 183.000. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía las viviendas de Sareb, de la que asumimos el control hace un año. Lo mismo sucede con los suelos de Defensa, que conllevan un proceso de análisis de cuáles son los que podemos poner a disposición de la gente y responder a esa función social. Se ha ido trabajando durante toda la legislatura.

Usted ha hablado de la necesidad de desarrollar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar y de que pase de una inversión con la que especular a un derecho. Para eso tiene que aprobarse la ley en el Senado. ¿Tenemos que esperar algún cambio en la Cámara Alta? ¿Cuándo prevén que esté aprobada?

Nos hemos dado un margen más que amplio para recoger las enmiendas que se negociaron en el Congreso de los Diputados. Hemos tenido mucho tiempo para trabajar esas enmiendas y, también, las aportaciones de representantes de las entidades y de los colectivos del sector. No creo que vayamos a tener nuevas incorporaciones porque ha habido tiempo de sobra para poder proponerlas y analizarlas. Espero que esa aprobación sea inminente.

Una de las críticas a la ley es que ataca la propiedad privada por abordar el control de precios. ¿Es una ley lo suficientemente garantista?

Sí. Es una ley que parte de lo que recoge la Constitución. El artículo 47 dice que el acceso a la vivienda es un derecho y que los poderes públicos tienen que garantizarlo. También, que tenemos que evitar la especulación. La Constitución recoge como derecho la propiedad, pero fija y establece que tiene que estar sujeta a ese cumplimiento de su finalidad social. Esta ha sido una de las complejidades de esta ley, que tiene que garantizar el derecho a la vivienda y, evidentemente, a la propiedad y ofrecer un marco de obligaciones y derechos a todas las partes que están implicadas y a todos los agentes que participan en este sector. Los propietarios tienen derechos, pero también obligaciones; de la misma manera que también los arrendatarios tienen unos derechos y unas obligaciones. La ley en ningún caso atenta contra la propiedad privada, ni supone una injerencia en el mercado. Lo que hemos pretendido es que aquellos que tienen más dificultades para acceder a una vivienda tengan una respuesta por parte de las administraciones y evitar situaciones del pasado en las que la vivienda era entendida como un bien de mercado.

La Constitución dice que el acceso a la vivienda es un derecho y que los poderes públicos tienen que garantizarlo. También, que tenemos que evitar la especulación

¿Y que digan que beneficia a los okupas?

Eso es absolutamente y categóricamente falso. Forma parte de la campaña del PP, que se niega a propiciar cualquier tipo de avance a la ciudadanía. Pretenden generar miedo y alarma social. Esta ley lo único que pretende es garantizar que, cuando hay familias vulnerables, las administraciones públicas articulen todos los recursos para poder dar una solución habitacional a esas personas. Pasa por acordar con el gran tenedor un alquiler social o buscar otro recurso habitacional solo en el caso en el que se den determinadas circunstancias. Si no se dan esas circunstancias, continúa el procedimiento de desahucio. Si analizamos los datos del Consejo General del Poder Judicial, han disminuido las ocupaciones derivadas de la comisión de delito. El Partido Popular no sabe cómo atacar todas aquellas leyes que suponen avances y garantías para los ciudadanos y, directamente, recurre al bulo. 

Hay comunidades, como Madrid, que ya dicen que no van a cumplir con lo que no sea estrictamente obligatorio.

Ya es un matiz, porque les tuvimos que aclarar que la ley es de obligado cumplimiento.

Hablamos de Madrid porque ahí hay un problema acuciante con la vivienda. ¿Puede hacer algo el Gobierno para que la ley se cumpla? 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que cumplir la ley en los términos que se establecen. Sí es verdad que hay alguna disposición que queda en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, el tema relativo a declarar áreas tensionadas. Estas comunidades y sus gobiernos tendrán que responder ante los ciudadanos por qué se niegan a aplicar una ley que clarísimamente beneficia a la gente. Nosotros lo tenemos claro. Ahora que estamos ya en campaña electoral, los ciudadanos deben saber lo que se juegan, situar en las comunidades autónomas y en ayuntamientos a gobiernos que estén comprometidos con una ley que los va a ayudar.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que cumplir la ley en los términos que se establecen. Sí es verdad que hay alguna disposición que queda en manos de las comunidades, por ejemplo, el tema relativo a declarar áreas tensionadas

Esta semana, el Banco de España ha dicho que el 50% de los inquilinos están en riesgo de exclusión. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea y refleja que 4 de cada 10 hogares en alquiler tienen que dedicar más de un 40% de sus ingresos disponibles solo a pagar a sus caseros. ¿Es suficiente la ley de vivienda para revertir esta situación?

La ley de vivienda establece un marco homogéneo. Es el instrumento normativo a partir del que queremos abrir un nuevo modelo de vivienda en nuestro país, pero siempre hemos dicho que no es la única solución, que hay que hacer un parque de vivienda pública o asequible que no se pueda vender, que es lo que pasó con las políticas del Partido Popular. Esta ley lo prohíbe. Nos hemos focalizado especialmente en los jóvenes, en el bono alquiler, en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, en los avales del 20% para la adquisición de vivienda que aprobamos el otro día en Consejo de Ministros. Todas las medidas tienen que entenderse en su conjunto. No va a haber ni un solo ciudadano en este país que no se vaya a ver beneficiado por alguna de estas medidas.

Ese parque público que menciona es muy ambicioso. Son 183.000 viviendas. ¿Cuándo van a estar disponibles?

Ya hay 77.000 viviendas movilizadas, activadas. Muchas de ellas se están construyendo, algunas ya se han entregado y están siendo habitadas. En la página web del Ministerio se puede consultar dónde están esas viviendas y rebatir, también, ese bulo divulgado por la derecha que dice que no hay ni una sola vivienda construida. Transparencia total y absoluta para que los ciudadanos puedan identificar cuántas viviendas estamos movilizando y dónde están. Pero estamos hablando de revertir todo un modelo y construir uno nuevo y eso no lo vamos a conseguir en uno o dos años.

También quiero recordar que el Estado propicia y proporciona los instrumentos y los recursos, pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que proceden a la construcción de esas viviendas públicas. Yo doy muchas veces un dato que creo que es bastante significativo. En Catalunya, tres de cada cuatro euros que se invierten en políticas de vivienda provienen de las transferencias y de los fondos que habilita el Gobierno de España a través de los diferentes instrumentos, desde el Plan Estatal de Vivienda a los fondos europeos o a través de las ayudas que se han ido otorgando para financiar el bono de alquiler para jóvenes. Esto que pasa en Catalunya pasa en la mayoría de comunidades autónomas.

Lo más importante es no volver al modelo del pasado, al modelo de la especulación, del ladrillo, del pelotazo

¿Y qué puede pasar con esta promesa de parque público si hay un cambio de Gobierno?

Yo espero que no sea así, por eso necesitamos una década más de gobiernos progresistas para consolidar esos avances sociales. Lo más importante es no volver al modelo del pasado, de la especulación, del ladrillo, del pelotazo. El modelo que expulsaba a las familias de sus hogares, que ha privado a los jóvenes de iniciar su proyecto de vida porque no han podido acceder al alquiler de una vivienda ni a la compra de vivienda pública, que fue anulada.

En los últimos días se han hecho evidentes las diferentes visiones sobre política de vivienda dentro del Gobierno por los avales del ICO para las hipotecas de jóvenes y familias con hijos. Usted dijo que no hay que demonizar la vivienda en propiedad. En otros países, en Reino Unido, una medida similar encareció aún más los pisos. ¿No puede pasar algo similar?

Entendemos que no es así. Esta es una medida más dentro del amplio paquete que hemos ido explicando en las últimas semanas. Nuestra prioridad es constituir un parque público de vivienda, en la modalidad de alquiler, principalmente porque somos conscientes del déficit que tenemos en nuestro país. También es algo indudable que hay muchos jóvenes que tienen solvencia más que suficiente para poder pagar una hipoteca, que, a veces, puede ser menor que pagar un alquiler. Esa imposibilidad de poder comprar una vivienda ha provocado el incremento de los precios del alquiler. Lo que estamos diciendo es que vamos a facilitar ese aval para que jóvenes de 18 a 35 años y familias con menores a su cargo puedan tener el respaldo del Estado para poder acceder a esa hipoteca. Si fuera una medida aislada, podría entender esa valoración, pero nuestra máxima prioridad es la de construir un parque de vivienda pública de alquiler asequible. Los avales son una medida que tendrá un recorrido dirigido, sobre todo, a aquellas personas que tienen capacidad financiera.

Usted dijo que, para esos avales, habrá límites de precios por comunidades porque no cuesta lo mismo un piso en Madrid que en Zamora. ¿Qué límites tiene en mente?

Lo detallaremos en el desarrollo del convenio que se tiene que suscribir entre el Ministerio de Transportes y el ICO. Detallaremos cómo se establecerán esos criterios o cuál será ese límite del precio de la vivienda en función del ámbito territorial. No es lo mismo comprar una vivienda en Madrid o en Barcelona que en Ciudad Real o en Zamora.

Es sorprendente que Esquerra Republicana se alíe con el Partido Popular, que ha sido el responsable de la desinversión en Catalunya en materia de infraestructuras

Al margen de la vivienda, este semana ha sido reprobada en el Congreso y en el Senado, con el respaldo de Esquerra, por la gestión de Rodalies. ¿Qué le parece?

Pues sorprendente. En primer lugar, que Esquerra Republicana se alíe con el Partido Popular, que ha sido el responsable de la desinversión en Catalunya en materia de infraestructuras, especialmente en infraestructuras ferroviarias. Y que lo hagan para reprobar a esta ministra, que es parte de un Gobierno que está invirtiendo como nunca en Catalunya. Estamos haciendo frente a las consecuencias de esa década de desinversión. Cuanto menos sorprende que, ante esta situación, Esquerra Republicana se alíe con el partido culpable y responsable de esa desinversión. Y, por otra parte, que el Partido Popular, que tanto critica esos acuerdos que se alcanzan con Esquerra para aprobar buenas medidas, se alíe con el partido que está pidiendo el traspaso integral de la red de Rodalies, aun cuando sabe que es imposible.

Está claro que Esquerra Republicana está muy desesperada, que pretende hacer la campaña electoral en base al incidente que ocurrió hace unos días en la red de Cercanías. Yo me centro en solucionar el problema, en dar el servicio que merecen los catalanes y las catalanas y en invertir en Catalunya como nunca se ha hecho antes. Créanme cuando les digo que soy muy conocedora de la situación, de las consecuencias de esa desinversión y que mi compromiso es total y absoluto. Allá quien quiera utilizar esta cuestión en campaña y quien, para hacerlo, no tiene el más mínimo escrúpulo en pactar con aquellos que son los responsables de esta situación que sufrimos los catalanes y las catalanas.

El año 2022 fue el segundo peor año de la década en incidencias acumuladas en Rodalies. ¿Qué le dice al medio millón de usuarios diarios del servicio?

Estamos hablando de una red muy compleja, no solo en Catalunya, sino en el conjunto del territorio. Sufrimos incidencias que son de diferente tipo, que tienen que ver con la infraestructura, con el operador, con los trenes, con el vandalismo, con los robos, con causas meteorológicas, con arrollamientos. Vamos a ofrecer esos datos. En Catalunya hemos reducido el número de incidencias que tienen que ver con la infraestructura. ¿Por qué? Pues porque estamos invirtiendo como nunca, estamos aplicando un plan de choque que nos permita responder de una manera más rápida para solucionar los problemas cuando se producen esas incidencias. Catalunya, por desgracia, supera con mucho el número de incidencias que se producen por factores que no tienen que ver ni con la infraestructura ni con el operador, sino con esas otras causas.

A los usuarios, lo primero, es pedir disculpas, porque entiendo lo perjudicados que se sienten cuando llegan tarde al trabajo, a la universidad o donde quiera que se dirijan. Pero también quiero decir que no duden del compromiso de este Gobierno, de esta ministra, en seguir el ritmo inversor que estamos alcanzando, que se va a incrementar en los próximos años, porque estamos consiguiendo hacer cada vez más licitaciones. Seguro que el panorama que vamos a ver de aquí a unos años en la red Rodalies, no solo de Catalunya, sino en el conjunto del sistema ferroviario a nivel estatal, va a ser mucho mejor.

¿Es comparable la situación de Rodalies con la de Cercanías en Madrid? Porque el Gobierno de Díaz Ayuso también dice que falta inversión.

Son redes diferentes y no se pueden comparar. También tuvimos una reunión hace unas semanas con el consejero del Gobierno madrileño, en la que explicamos el plan de Cercanías, que lo conocen, pero quisimos hacerla para refrescar las cifras. Son 6.500 millones de euros, 1.000 millones más que el último plan que dejó previsto en un PowerPoint el anterior ministro [Íñigo de la Serna, del PP]. Y estamos ejecutando ese plan. Yo me comprometí a convocar las comisiones de seguimiento del cumplimiento del plan, ofrecer toda la información, trabajarlo con la máxima transparencia, para que sobre todo sean los madrileños y madrileñas quienes constaten que estamos invirtiendo en Cercanías. También pedimos a las comunidades autónomas que se sienten a la mesa, que podamos coordinarnos mucho mejor, para que podamos habilitar sistemas de transporte alternativos allí donde hay obras o se producen incidencias.

En las últimas tres décadas, España ha invertido en Alta Velocidad 55.000 millones de euros. En el mismo periodo, en el conjunto de Cercanías de toda España, 3.679 millones. Son datos de Airef. ¿Está de acuerdo con la opinión de algunos expertos de que se ha priorizado demasiado el AVE?

Creo que tenemos que poner en valor, precisamente, nuestra red de alta velocidad, que es la segunda mejor del mundo por detrás de China y que en los últimos 30 años ha hecho este país mucho más competitivo. Hay que seguir apostando por la alta velocidad porque nos hace más competitivos, porque nos conecta con Europa. Es verdad que tenemos una red de alta velocidad en la que se ha invertido mucho dinero, gracias también a la financiación que se ha obtenido de los fondos europeos, pero la red convencional también tiene que tener ese mismo ritmo inversor. Precisamente, durante esta legislatura y en los dos últimos presupuestos, la inversión que se está haciendo en la red convencional supera a la de la red de alta velocidad. Ahora hay que centrarse en mejorar nuestra red convencional.

También sobre transportes. ¿Qué va a pasar con la privatización de las torres de control de siete aeropuertos, entre ellos Madrid, Palma o Tenerife? ¿Sigue adelante?

Nosotros abrimos un periodo de información pública que ha dado como resultado la presentación de alegaciones por parte de todos los agentes implicados. Estamos en ese proceso de análisis de esas alegaciones. Queremos llegar a un modelo que responda a las necesidades del sector y que nos permita una gestión de las torres de control en la línea que se ha hecho con otras torres que han sido liberalizadas: ha sido positiva en términos económicos y de eficiencia. Es un camino que se inició hace muchos años y que, ahora, hemos abierto el marco para poder hablar de la liberalización de otras torres. Queremos que sea un proceso calmado y que participen todos los agentes.

Y de llevarse a cabo, ¿cuándo saldría adelante?

Es AENA [la empresa semipública de aeropuertos] quien tiene que abrir ese proceso. No es una cuestión que vaya a ser inmediata, queremos que sea un proceso negociado, consensuado, sereno y que no genere preocupación en el sector ni en la ciudadanía. Lo que queremos, sobre todo, es mejorar la calidad del servicio.

Ampliar el aeropuerto en Barcelona implicaría afectar al espacio protegido de la Ricarda. ¿Se puede defender esa ampliación a la vez que se pide proteger Doñana? En ambos casos la Comisión Europea se ha posicionado en contra.

Nosotros siempre hemos dicho que este Gobierno no va a aprobar ningún proyecto de ampliación del Aeropuerto del Prat o de cualquier infraestructura que contravenga las directivas comunitarias en materia ambiental o de cualquier otro tipo. Siempre defendimos un proyecto de ampliación que diera respuesta a esa ambición de convertir el aeropuerto del Prat en un hub intercontinental, pero tiene que ser escrupuloso con en el respeto a la normativa medioambiental.

He sido alcaldesa de Gavá, un municipio cercano al aeropuerto. Sé muy bien qué es convivir con un aeropuerto; pero también soy consciente de que tenemos que ser capaces de que las infraestructuras respondan a las necesidades económicas y sociales. Lo que se está haciendo en Doñana por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía es precisamente incumplir sentencias y directivas. Lo que estamos haciendo nosotros es una propuesta de un proyecto del aeropuerto que siempre será respetuoso con el medio ambiente y con las directivas comunitarias. 

La Ley de Movilidad Sostenible, que también contempla la opción de los peajes en el centro de la ciudades, está en el Congreso. ¿Hay tiempo para aprobarla antes de las elecciones generales?

Nos gustaría aprobarla antes de finalizar la legislatura. Ahora estamos en ese proceso de análisis de enmiendas, se han presentado más de 900, pero con ánimo de mejorarla. Hay muchos puntos de consenso con la mayoría de formaciones políticas.

Y ya para terminar: ¿cuáles son sus prioridades de aquí a que acabe la legislatura?

Ahora tenemos una responsabilidad. Hemos convertido la vivienda en una causa nacional, en un tema que interpela a todas las administraciones públicas para que centremos los recursos en ofrecer una respuesta que llegue al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Con el foco, especialmente, en los más jóvenes, que han tenido que sufrir mucho las consecuencias de la pandemia y años previos de precariedad laboral y de incertidumbres. Esta ley también pretende ser un elemento fundamental para que tengan certezas en sus vidas.

También queremos un nuevo modelo de movilidad, que prioriza la utilización del transporte público. Quiero recordar la acogida extraordinaria que ha tenido la gratuidad del transporte de Cercanías, de media distancia, de todos los descuentos que hemos introducido en esta materia; que el transporte también sea una herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático. Nuestra responsabilidad es agotar hasta el último minuto de la legislatura y aportar soluciones en materia de movilidad y de vivienda.