La realidad borra el falso discurso sobre el salario mínimo: no hunde el empleo y sí reduce la pobreza

Hace casi 30 años, los economistas David Card y Alan Krueger desmontaron la doctrina económica imperante sobre el salario mínimo. En una investigación de 1994 concluyeron que el aumento del salario mínimo no siempre destruye empleo y que, de hecho, cuando lo hace parece tener efectos negativos bastante limitados. Desde entonces ha llovido mucho, estos dos economistas ganaron el Premio Nobel por sus aportaciones y, aunque algunas voces insisten en demonizar la medida como gran destructora de puestos de trabajo, cada vez son las menos. La evidencia se inclina en los últimos años por los efectos negativos nulos o limitados en el empleo, mientras que se empieza a estudiar el impacto positivo del SMI contra la desigualdad y la pobreza.

Hace unos días la OCDE, el llamado 'Club de los Países Ricos', se hacía eco de estos efectos “limitados” en el empleo en su recomendación a los estados de elevar los salarios mínimos para hacer frente a la gran escalada de los precios, que impacta más en los hogares más desfavorecidos. En las instituciones europeas también se ha impuesto en los últimos años el objetivo de incrementar los salarios mínimos, con una Directiva aprobada este año para llevarlos hasta niveles “adecuados”.

El segundo informe de la Comisión de personas expertas sobre el salario mínimo, adscrita el Ministerio de Trabajo, se ha detenido también en esta cuestión. El órgano consultor asesora al Gobierno sobre dónde se sitúa la meta de un SMI del 60% del salario medio, recomendación de la Carta Social Europea. En 2023, estiman que ese objetivo estaría entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes, de un 4,6% a un 8,2% más respecto al SMI de 1.000 euros actuales.

Impacto “marginal” en el empleo

El comité de expertos revisa investigaciones internacionales sobre el salario mínimo y también varias recientes en España a propósito del gran aumento del SMI de 2019, del 22,3%, para el que el PP y varios organismos económicos –sobre todo de la derecha– pronosticaron importantes debacles en el empleo.

Los estudios posteriores al respecto han concluido que, incluso en este caso de gran alza en un solo año, el impacto negativo en el empleo fue reducido, en un mercado laboral que aumentó con fuerza su número de trabajadores. El Banco de España estimó un efecto negativo del 0,6% al 1,1%, que se traducen en entre 94.200 y 172.700 empleos menos en 2019, año en el que se crearon unos 400.000 empleos. El organismo regulador reconoce incluso la existencia de un “riesgo al alza” en sus cálculos. La AIReF por su parte estimó una menor creación de puestos de trabajo entre los empleados con salarios bajos muy inferior: de unos 19.000 a 33.000 empleos menos (-0,13% y -0,23%).

Un último estudio, de la catedrática Sara de la Rica al frente de la Fundación ISEAK, concluyó que en los primeros seis meses no se detectan efectos en el empleo. Pasado este periodo de tiempo, el impacto en el año se calcula en unos 28.800 puestos de trabajo menos, resultados “ciertamente modestos”, opinaban los responsables de la investigación en El País.

La comisión de expertos, a la vista de la evidencia reciente, concluye: “Las subidas del SMI han tenido un impacto marginal sobre el crecimiento del empleo, minorando, en el peor de los casos, de forma muy poco intensa su aumento, al tiempo que han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad”. Así, los especialistas apuntan que, de mantenerse esa tónica, “la actual subida no tendría por qué afectar al comportamiento del empleo de forma significativa”.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este lunes que después de “tantos debates” contra el salario mínimo, “a veces con poco rigor científico”, esto “ha cambiado radicalmente”. En su opinión, se imponen las alzas del SMI del Gobierno “como una historia de éxito”, ha considerado.

Más importancia a la reducción de la desigualdad

El propio Banco de España apuntaba en su estudio sobre el SMI que este tiene multitud de efectos, no solo en el empleo. “Podrían existir argumentos de mejoras en la equidad que podrían compensar el incremento del desempleo involuntario que podría derivarse de un aumento del SMI”, sostenía el regulador.

La comisión de expertos también tenía la misión de evaluar el efecto en la pobreza y la desigualdad del SMI, para lo que el Ministerio encargó dos estudios a académicos de la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá. De nuevo, partiendo de los estudios previos y datos sobre los ingresos en los hogares, el órgano asesor analiza la cuestión y resuelve que el salario mínimo es “una medida útil para reducir la desigualdad y luchar contra la pobreza”, resumía este lunes la coordinadora del comité, Inmaculada Cebrián López.

“En general, los aumentos del salario mínimo incrementan las rentas de las familias en la cola baja de la distribución y reducen la desigualdad salarial”, recoge el informe, y en menor medida también merca la desigualdad y la pobreza del conjunto de la población.

Cebrián expuso que el aumento del SMI entre 2018 y 2020 “sirvió para reducir la desigualdad de renta disponibles, beneficiando especialmente a las familias con ingresos en la mitad inferior de la distribución, mejorando sobre todo al 20% más pobre”. Según las investigaciones consultadas, la desigualdad “se pudo haber reducido entre un 3,4%-3,8%”, en función de cuál sea el análisis y el indicador de desigualdad estudiado.

En cuanto al riesgo de pobreza, la comisión se hace eco de estudios que indican una merma del riesgo de pobreza “en un 2,8% para el total de la población”, destacó también la economista y coordinadora de la comisión de expertos, lo que supondría una reducción de la pobreza en “más de 250.000 personas de las cuales 121.000 serían menores de 30 años”. “Todas ellas habrían logrado salir de esa situación entre 2018 y 2020”, destacó Inmaculada Cebrián. 

Dentro de la población trabajadora, entre los 16 y 65 años, “el efecto positivo de la medida habría sido mayor”, ha explicado Inmaculada Cebrián, al reducir su riesgo de pobreza “en un 24%” y la intensidad de la pobreza “en un 9,7%”.