Rebelión interna en CCOO por el apoyo de su experto a la reforma de las pensiones
El apoyo de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC.OO y representante en el comité de expertos que ha avalado el informe de propuesta para reformar las pensiones, ha generado un gran malestar en el sindicato. Siete miembros del Gabinete Técnico Interfederal (que se encarga del asesoramiento en despidos colectivos, entre otros cometidos) escribieron el lunes una carta remitida a Ignacio Fernández Toxo, secretario general, y a toda su Ejecutiva, en la que califican de “escandaloso” el voto favorable de su compañero.
No creen que sea una decisión estrictamente personal. Los críticos aluden también a lo que consideran una “tibia respuesta” por parte de la dirección.
Los letrados Enrique Lillo, Alicia Gómez, Ángel Martín y Cristina Segura; los economistas Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín, y la socióloga Lola Morillo, recuerdan a la Ejecutiva que en una circular interna del pasado 13 de marzo se calificaba de inconstitucional la supresión, a golpe de decreto, de la revalorización automática anual de las pensiones en función del IPC. Sin embargo, el representante del sindicato en el comité de expertos (doce sabios en total) votó a favor de la propuesta con una puntualización particular. Un voto que califican de “paradójico y escandaloso”.
Los autores del comunicado dicen que son conscientes de que era difícil incorporar en el informe enmiendas contra el recorte de las pensiones “dada la composición del grupo de expertos. ”No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras“. Entre ellas citan a Mapfre y a Unespa, la patronal del seguro.
Para los autores del escrito, el informe de los expertos pretende rebajar las pensiones públicas para que, quien pueda, las complemente con otras privadas, aumentando así el negocio de los bancos y de las aseguradores; sectores a los que pertenecen la mayoría de los autores del citado informe.
Si existe realmente un problema inminente de financiación de la Seguridad Social, dicen los miembros del Gabinete Técnico, la solución no pasa por recortar las pensiones, sino introducir criterios de equidad y justicia en las aportaciones que sostienen el sistema público. Los sindicalistas piden, por ejemplo, que las cotizaciones pueden proporcionarse a los salarios y no en una tasa fija como la actual. De esa forma, las rentas más altas aportarían más cotizaciones al sistema.
Los sindicalistas rebeldes, que trufan de adjetivos la decisión de CCOO y de su compañero por “frívolas”, “irresponsables”, dicen que “ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO”.
El comité de expertos convocado por Empleo aprobó el informe final con el voto en contra del representante de UGT, Santos Ruesga, y la abstención del experto ligado al PSOE, Tortuera. García emitió un voto particular en el que pedía trasladar la aplicación del factor de sostenibilidad propuesto en la reforma hasta 2019, frente al deseo del resto de los integrantes del comité que piden que entre en vigor en 2014.
La propuesta plantea crear dos correctores para la pensión. Uno que solo afectará a las nuevas pensiones y que corregirá la cuantía de la prestación en función de la esperanza de vida del pensionista en el momento de la jubilación. El otro elemento está llamado a sustituir el IPC en la revalorización de las pensiones. Es este segundo punto, que puede erosionar el poder adquisitivo de los pensionistas al quedar por debajo de la evolución de los precios, el que más ampollas ha levantado en el entorno sindical.
