La votación de este jueves en el Congreso de los Diputados sobre los objetivos de estabilidad para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 vuelve a poner a prueba la fragilidad del Gobierno de coalición. El Ejecutivo lleva a la Cámara Baja la misma senda de déficit que ya rechazó una mayoría de diputados de Junts, el Partido Popular (PP) y Vox en el último pleno de julio, antes de las vacaciones de verano.
El Ejecutivo descarga sobre los populares y sobre el partido catalán que el rechazo a esta nueva senda de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de las Administraciones) supone un recorte de hasta 12.000 millones de euros en total para todas las regiones y localidades, que incluye a las gobernadas por el PP o por Junts.
Según aprobó el Consejo de Ministros del 10 de septiembre, los objetivos para el desequilibrio presupuestario de la Administración central es del 2,5% en 2025 y del 2,1% en 2026 (siempre respecto al PIB), desde el 3% en el que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea en este 2024. Mientras, a las Comunidades les exige un déficit del 0,1% y a las entidades locales que mantengan el equilibrio entre ingresos y gastos.
La aprobación de estos límites o sendas (en la jerga presupuestaria) son necesarios para iniciar la tramitación de los PGE. Aunque la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado una y otra vez que presentará igualmente los Presupuestos, “con los objetivos de estabilidad” anteriores, si Junts vuelve a romper la mayoría de la última investidura de Pedro Sánchez y se une a PP y Vox para votar en contra.
El Gobierno detalla que esta posición implica un ajuste presupuestario de 3.332 millones para las Comunidades en 2025 y de otros 3.482 millones en 2026. Además de un recorte 1.666 millones para los Ayuntamientos el próximo año y otros 3.482 millones en 2026, según se puede observar en el primer gráfico de esta información.
La clave está en que los objetivos de estabilidad anteriores son más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles en 2025 y un 0,2% el siguiente año, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios (de nuevo en relación con el PIB).
La argumentación de Montero incide en que los nuevos objetivos de estabilidad facilitan que las Comunidades no tengan que hacer ningún esfuerzo en la bajada de déficit de los próximos años. Por otra parte, con la corrección de la Contabilidad Nacional del INE de la semana pasada, que ha elevado el PIB de los últimos años, el recorte con el que amenazan la derecha y la ultra derecha se ha elevado de cerca de 11.500 millones a 12.000 millones en total en 2025 y 2026.
El PP considera que los objetivos del Gobierno implican que las Comunidades tienen que hacer un mayor esfuerzo para cuadrar las cuentas que el Ejecutivo central. En el plano político, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, recordó este fin de semana que “ya le planteó el presidente Feijóo (a Pedro Sánchez) que cuando le fallaran sus socios no viniese a buscar al PP”.
El empeño del Gobierno en demostrar que el rechazo de PP y Junts es “un tiro en el pie” no fructifica. “Si se presenta la misma propuesta que se votó en contra en julio, evidentemente se votará en contra. Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto”, explicó este lunes públicamente Jordi Turull, secretario general de Junts.
Su tesis es que si los Presupuestos no prosperan, “la responsabilidad no será de los siete diputados de Junts, sino del PSOE por no llegar a consensos”. Según el propio Turull, este es el mensaje que trasladó la formación catalana en la reunión que tuvieron su líder, Carles Puigdemont, y el número tres de los socialistas, Santos Cerdán, la semana pasada. En la práctica, Junts pide más dinero para Catalunya. En el fondo, la estrategia política pasa por provocar derrotas parlamentarias como vía de presión para otros objetivos.
“Votar en contra de la senda de déficit es votar en contra de que Catalunya tenga una décima más de margen fiscal, es decir, renunciar a 500 millones de euros”, comentó este mismo lunes el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. “El jueves Junts puede enmendar el error que cometió votando en contra de la tramitación de la reforma de vivienda la semana pasada”, añadió.
En 2024, ya han tenido que ser prorrogados los PGE de 2023 porque el Gobierno no tenía garantizados los votos ni de ERC ni de Junts en el Congreso, sobre todo tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya. Pero el Ministerio de Hacienda insiste en que puede sacar adelante los Presupuestos de 2025 sin que el Congreso apruebe los objetivos de estabilidad.
De hecho, fuentes del equipo de la vicepresidenta María Jesús Montero afirmaron recientemente a elDiario.es que “este tema ya se debatió a comienzos de año con los PGE de 2024, y ya dijimos que la Abogacía del Estado dejaba claro que se volvía a la senda anterior”.
En marzo, elDiario.es tuvo acceso a un informe de esta institución que concluía que el Gobierno tiene que cumplir con dos obligaciones: elaborar los presupuestos y que cumplan con las reglas fiscales de la UE, que han vuelto a activarse precisamente este año tras ser suspendidas durante la pandemia. De esta manera, ante el rechazo parlamentario, la Abogacía del Estado señaló que “conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad”, que la Comisión Europea valoró positivamente.
En las próximas semanas, el Ejecutivo tiene que enviar un plan fiscal a medio plazo a Bruselas (aquí se analizan las recomendaciones de la AIReF), que estará marcado por la senda de déficit y por un horizonte de crecimiento del PIB por encima del 2% en los próximos años y de creación de puestos de trabajo, que es lo que permite mantener el gasto y reducir el déficit. “Estamos interaccionando con la Comisión para determinar la propuesta definitiva sobre el gasto primario neto, que es la variable más importante de las nuevas reglas fiscales comunitarias”, viene señalando la ministra de Hacienda.
Este mismo lunes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó en una entrevista en televisión la actualización de las proyecciones del Gobierno con mejoras significativas. “El día de mañana yo llevaré al Consejo de Ministros esta actualización de las previsiones macroeconómicas, y puedo adelantar que para este 2024 elevaremos nuestras previsiones de un crecimiento del 2,4% a un 2,7%”, declaró.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.