En medio de las conversaciones para la formación del próximo Gobierno, Unai Sordo (Bilbao, 1972), secretario general de Comisiones Obreras, reclama a las fuerzas de izquierdas un acuerdo de “mucha estabilidad” que permita poner en práctica políticas progresistas en materia laboral y socioeconómica. El líder del primer sindicato en representación del país recuerda que las últimas elecciones han demostrado que el “tripartito de derechas” era un temor más que fundado y alerta del peligro de una repetición electoral. “Creo que tendría unos efectos sobre el voto progresista y de izquierdas devastadores”, sostiene.
¿Qué gobierno prefiere? ¿Un gobierno en solitario del PSOE? ¿Un Gobierno de coalición? ¿Un gobierno de “cooperación”?
A un sindicato como Comisiones Obreras no le toca definir exactamente qué fórmula de Gobierno prefiere. Todas en su caso pueden ser válidas. Lo prioritario es que haya un programa nítidamente progresista, de izquierdas, que corrija las reformas que han provocada tanta desigualdad y tanta precariedad en España y que esté sustentado en una mayoría parlamentaria amplia.
Lo que también hay que decir es que no se puede demonizar un hipotético gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Muchos de los que lo consideran una fórmula absolutamente indeseable, seguramente estarían encantados y encantadas si ese Gobierno de coalición contara con un partido como Ciudadanos, que no ha demostrado nada a efectos de gestión. Y, sin embargo, parece que una coalición de ese tipo en la izquierda es algo peligroso y me parece una fórmula perfectamente viable. Las propuestas que los dos partidos están planteando no son disparatadas en modo alguno.
Lo que sí estoy de acuerdo es que el modelo de los últimos nueve meses pudo servir para una especie de sprint preelectoral, pero no sirve para los retos que este país tiene en materia de reformas estratégicas. Hace falta algo mucho más consolidado y creo que hay una oportunidad evidente de hacerlo desde la izquierda, con un acuerdo de mucha estabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos.
¿Le preocupa que la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos lleve a una repetición electoral? ¿Teme que pueda producirse?
Sí, me preocupa muchísimo, pero espero que ese escenario en ningún caso se dé. Entiendo que es una negociación sumamente compleja, pero creo que no se puede ni contemplar en serio la repetición de las elecciones, que creo que tendría unos efectos sobre el voto progresista y de izquierdas devastadores.
La participación y esta especie de reacción de la mayoría social al riesgo real del tripartito de derechas, que se ha demostrado que era un riesgo más que cierto, es lo que movió a que no saliera bien aquella operación de las tres derechas.
El tripartito de derechas no ha llegado al Gobierno de España, al menos por ahora, pero por primera vez en la historia democrática un partido de extrema derecha va a gobernar o ser decisivo en los gobiernos de importantes autonomías y ayuntamientos. ¿Hasta qué punto puede esto afectar a los derechos de los trabajadores?
Me preocupa mucho porque, además de ser un partido de extrema derecha, a diferencia de otras opciones de extrema derecha en Europa, es profundamente ultraliberal. Ni siquiera tiene esa vertiente “social-xenófoba”, por decirlo de alguna manera, del Frente Nacional de Le Pen, sino que es un partido descarnadamente neoliberal.
La confabulación de estos tres partidos, teniendo en cuenta las visiones que Ciudadanos también tiene en materia de mercado laboral, supondría un serio ataque seguro a los derechos de los trabajadores. Me preocupa mucho, no solo los resultados o la irrupción de Vox, sino la normalización rápida de este partido y la capacidad de contaminación de los discursos de las otras dos derechas.
También porque hemos hablado mucho del derecho a portar armas dentro del programa de Vox, pero relativamente poco de lo que proponen en materia fiscal, en sanidad, en materia laboral. Es un discurso extremo no visto en toda Europa.
Sus propuestas son realmente bastante estrambóticas, pensadas para disputar un espacio del electorado de la derecha desde la simbología, en temas como las armas o las tradiciones españolas, en la oposición a lo que está ocurriendo en Catalunya.
Pero que, en efecto, esconde un programa equiparable a los experimentos neoliberales más duros que ha habido en la historia, por ejemplo, de América Latina o de los Estados Unidos. Es un partido en este terreno muy, muy pernicioso.
¿A qué cree que se debe que la patronal vea a Vox como un partido más, que no requiere ningún reproche, y que al mismo tiempo pida cordones sanitarios contra Unidas Podemos?
Pues es una de las cosas por las que yo creo que el sindicalismo, sin definir la fórmula de gobierno, tiene que decir que no se puede demonizar la hipótesis de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Porque no es de recibo que el sector financiero y que la propia patronal hayan normalizado tan rápido a Vox, y apuesten abiertamente por que Ciudadanos sea el partido en el que pivote toda la política en España, cuando está teniendo unas posiciones muy delicadas en materias muy sensibles para la población española, que vive instalado en el conflicto territorial y de todo tipo.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, y el propio Pedro Sánchez, están apostando por un nuevo Estatuto de los Trabajadores en lugar de desmontar ya elementos clave de la reforma laboral del 2012. ¿Es tan prioritario que haya una derogación previa de esos elementos o se pueden abordar dentro del nuevo Estatuto?
Es totalmente prioritario. Fundamentalmente por dos razones. La primera porque la reforma laboral de 2012 está provocando una precarización y un cuestionamiento del papel de la negociación colectiva muy importante y sus efectos se están viendo hoy, como las condiciones de externalización y subcontratación de las Kellys y muchos otros sectores.
Por lo tanto hay que corregir y reequilibrar la negociación colectiva para luego, en esa reforma del Estatuto de los Trabajadores, abordar los otros tres elementos centrales: todo lo que tiene que ver con la precariedad de contratación y el despido; la modificación de las condiciones pactadas, que la reforma laboral casi le ha otorgado unilateralidad al empresariado; y todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de externalización productiva, vinculada a la economía de plataforma.
¿Y el segundo motivo?
Es de carácter táctico. Si el gobierno que venga no accede a cumplir los compromisos que tenía con los sindicatos, está otorgando un derecho de veto a CEOE. Y es el peor escenario posible para iniciar una negociación sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores, como se pretende decir de forma muy grandilocuente. Creo que no le han dedicado ni 10 minutos a ese nuevo Estatuto de los Trabajadores, dicho sea de paso. Empezar esa negociación cuando a una parte les otorga un derecho de veto es condenarla al embarramiento, cuando no al fracaso.
¿No se van a sentar a negociar ese nuevo Estatuto si no se aprueban antes esos cambios?
Cuando nos llamen, vamos a estar en las mesas y a poner nuestras propuestas. Pero ya digo que, sin corrección de la reforma laboral, nosotros no vamos a acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ni una revisión en profundidad. Que tenga claro el Gobierno que, si lo que busca es un burladero para que nos olvidemos de la corrección de las reformas laborales y entremos en una negociación a dos años vista, se está equivocando de medio a medio.
Un Estatuto de los Trabajadores requiere de un consenso político más amplio. No nos engañemos, no está el país en condiciones de buscar eso con tres derechas tiradas al monte en materia socioeconómica y sociolaboral. Por tanto, un poco de seriedad: no va a haber un nuevo Estatuto de los Trabajadores salvo en la parte segunda de la legislatura, si se hacen las cosas muy bien, y no podemos esperar tanto tiempo sin corregir las reformas laborales.
Ha hablado de los compromisos con los sindicatos. Ustedes dijeron que tenían que preacuerdos, documentos escritos, en los que de manera muy concreta se desmontaban esos elementos de la reforma del PP. ¿Qué ha cambiado para que ahora solo oigamos hablar del nuevo Estatuto de los Trabajadores?
Pues seguramente que en su día se nos dijo que impulsar esto era fracasar porque no daban los números en el Congreso. El Gobierno decía que la posición del PDeCAT iba a ser contraria y, por tanto, llevar esto para perderlo era tontería. Hoy en día ese argumento se ha caído. Esas correcciones ganan una votación en el próximo Congreso de los Diputados sin ningún género de dudas y, por tanto, en mi opinión se está intentando tirar por elevación para no abordar lo que tenemos que abordar.
En todo caso, yo prefiero ser prudente hay que conformar gobierno y hay que ver qué intenciones tienen.
Los sindicatos defienden que suban las pensiones año a año según el IPC, pero el Gobierno está tirando de préstamos para pagar las extra de las pensiones y hay un déficit de 18.000 millones. ¿Cómo deberían incrementarse los ingresos de la Seguridad Social para afrontar el aumento del gasto en pensiones y que el sistema sea sostenible?
Hay una parte que tiene que ver con la evolución de los salarios y, por tanto, con las cotizaciones sociales. El efecto de convenios con una subida del 2,24% y la subida del SMI ya se está notando en la mejora de la recaudación.
Y hay otro paquete de medidas que se pueden tomar perfectamente en uno o dos años: sobre el régimen de los autónomos, para que haya una cotización basada en ingresos reales que luego les genere una mejor pensión; también sacar gastos que está asumiendo la Seguridad Social y que corresponden a los Presupuestos Generales del Estado; un destope mayor de las bases máximas de cotización; que no se den estas políticas de reducción de las cotizaciones sociales, tarifas planas… Experimentos que en mi opinión no sirven para nada, pero que generan una minoración de los recursos de la Seguridad Social.
Sabiendo que con todo este paquete de medidas que he dicho no da para cubrir el gasto de pensiones en las próximas dos décadas y media.
¿Y qué se debe hacer entonces?
Va a haber que hacer aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado, que no pueden seguir siendo de préstamos sino que tienen que ser de transferencias desde los recursos públicos. Y respondiendo a una pregunta: ¿cuánto se quiere gastar España en términos de PIB en pagar pensiones públicas? ¿Queremos llegar al 14 y pico o 15% del PIB? Son tres puntos largos más de lo que hoy en día se paga y yo creo que la respuesta es que sí. Es lo que están pagando hoy países como Francia. Luego, a partir de 2048, bajaría nuestro gasto en pensiones porque decaen las cohortes del baby boom.
¿Hay que reformar las pensiones de viudedad?
Es un tema que hay que abordarlo con calma, con el tiempo es una pensión que ha cambiado su naturaleza. Afortunadamente las mujeres se han incorporado de una forma mucho más importante al mundo del trabajo y esto es una cuestión que no va a tener marcha atrás y la naturaleza de la pensión quizás se pueda revisar. No en su financiación, es decir, tiene que estar garantizada como una pensión contributiva, pero seguramente se le puede dar alguna vuelta como renta sustitución.
La movilización de mujeres del 8M y el feminismo están cuestionando el machismo en muchos ámbitos. ¿Ha provocado también cambios dentro del sindicato?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, una apertura de la perspectiva de lo que es el feminismo. Tampoco creo que esto haya que ligarlo a los últimos dos años, ya venía venía de atrás. El discurso del feminismo, que no se explica sólo desde las relaciones económicas y de cómo se distribuye la riqueza, pero creo que la situación de desigualdad de las mujeres tampoco se explica sin entender la desigualdad económica, es algo que durante mucho tiempo en el sindicalismo era un debate un poco ajeno. Pero se incorporó hace bastante tiempo.
El feminismo es seguramente la cuestión que de una forma más importante ha vinculado vivencias de orden personal de las mujeres con un discurso político. Sobre cómo se distribuye la riqueza, los recursos, el poder y todo relacionado con vivencias absolutamente personales. Es una experiencia muy interesante para un sindicalismo como el nuestro, de clase, que pretende tener las patas metidas en la realidad del centro de trabajo, en cuestiones muchas veces muy pequeñas y normales y que aspira también a tener una dimensión sociopolítica. Es la gran experiencia de movilización social de los últimos años indiscutiblemente.
Usted ha sido el primer secretario general de CCOO que usa de forma permanente el lenguaje inclusivo y no es su único gesto en relación con el feminismo. ¿Le ha generado esto críticas internas en CCOO?
No, no.
¿Tiene usted el respaldo de la organización en esto?
Esta es una cuestión que ha irrumpido en toda la sociedad y particularmente en el sindicato, antes de que llegara yo a la Secretaría General. El problema es que el sindicalismo siempre tiene que traducir las cosas ideológicas en la realidad cotidiana de los centros de trabajo y ahí tenemos un trabajo importantísimo a través de los planes de igualdad.
Porque la desigualdad en el mundo del trabajo hoy es mucho más invisible de lo que era hace unos años. Lógicamente ninguna norma legal, ningún convenio colectivo, puede establecer cláusulas discriminatorias, faltaría más. Pero a la hora de la verdad, la contratación parcial es femenina, las fórmulas de promoción en las empresas tienen sesgos de género que a veces son invisibles, salvo que te enseñen a detectarlos. Este tipo de cosas no vale que las sepa el secretario general y su ejecutiva sino que tenemos que trasladarlas a 96.000 delegados y delegadas para tratar de impulsar estos planes de igualdad.
El sindicalismo nunca ha tenido buena prensa entre los grandes grupos de comunicación, debido probablemente a que los grandes medios son también grandes empresas. Pero mi impresión es que en los últimos años la campaña contra los sindicatos ha sido más feroz. ¿Está de acuerdo en el análisis? ¿Creen que han tenido más ataques por parte de los medios en estos últimos años y por qué?
Sí, creo que particularmente entre los años 2011 y 2014 el ataque fue brutal. Yo no lo desligó de las políticas generales. Es decir, cuando se emprende en España y en otros países una política de devaluación salarial tan intensa, que pretende pasar por encima de la negociación colectiva y de la capacidad de los trabajadores de organizadamente disputar sus salarios, la herramienta que hace eso es el sindicato. Y la manera de intentar disminuir nuestra legitimidad es tirar a la cabeza de los dirigentes, de las siglas, de las horas sindicales, de los liberados y este tipo de cosas.
No soy muy dado a los contubernios judeomasónicos, hay que mirarse hacia adentro también y hacer algunas cosas mejor, pero es muy evidente que durante al menos tres o cuatro años hubo una campaña de deslegitimación de las organizaciones sindicales absolutamente brutal en España. Previa, por ejemplo, a la de los empleados públicos. Nada fue porque sí.
A ustedes se les retrataba y se les retrata en esa campaña como algo del pasado a pesar de que la desigualdad salarial y la precariedad lamentablemente parecen cosa del futuro. ¿Cree que vamos a un futuro en el cual los trabajadores tendrán una mayor desprotección precisamente por el daño que ha hecho a la imagen de los sindicatos, en parte, y también por el aporte tecnológico?
Nada está escrito. Sí creo que cada vez más va a haber una relación directa entre la organización real de los trabajadores en el puesto de trabajo, ya ni siquiera digo el centro de trabajo porque se ha desmaterializado a veces, y la capacidad que tengan de mantener, de generar o de adaptar derechos laborales. Hace unos años con una serie de leyes y una serie de convenios dábamos respuesta a la gran mayoría de los problemas de la gran mayoría de la gente trabajadora y hoy sólo eso es condición sine qua non, pero no va a ser condición suficiente.
¿Qué puede hacer el sindicalismo en este escenario?
La organización del trabajador que recuerda a lo más primario del sindicalismo, que es organizar a la gente, es fundamental para mantener un cuerpo de derechos laborales. Hay que adaptarse a los tiempos. Las competencias que se van a necesitar para trabajar en la vida laboral de una persona van a cambiar media docena de veces de forma radical y hay que ver cómo se afronta eso para que los cambios no te expulsen.
El proceso de aprendizaje de cualificaciones va a ser permanente y esto alguien lo tiene que hacer. El acceso al conocimiento ha sido la gran disputa del poder de toda la vida, pues en esa vamos a tener que estar ahí y esto requiere de una adaptación del sindicalismo.
¿Tiene problemas el sindicalismo para encontrar apoyos entre la gente joven? ¿Cómo convencería usted a un millennial de que se tiene que afiliar a un sindicato?millennial
Mentiría si dijera que no tenemos problemas para afiliar a los jóvenes. Tiene que ver también con lo tarde que se incorporan en España al mercado de trabajo y con la precariedad y la rotación que tienen de forma sistemática en los primeros años. A partir ya de los 30 años se incrementan las tasas de afiliación. Las mujeres se están incorporando y con los jóvenes nos está costando. Por ejemplo, la afiliación de las mujeres triplica el ritmo de crecimiento de la masculina. Estamos en unas 418.000 mujeres afiliadas a día de hoy sobre unos 956.200 afiliados.
Esto requiere de bajar al microscopio. ¿Por qué la gente que está en precario, que es cuando más necesita el sindicato, todavía no lo considera útil más que para hacer una denuncia, por ejemplo? Es decir, cómo hacemos para que estas situaciones de precariedad la gente entienda que la parte organizada del sindicato se ocupa de ellos.
El Gobierno aprobó por decreto el registro salarial, la extensión de los planes de igualdad y los permisos de paternidad. ¿Se está empezando a notar ya en las empresas estas medidas? ¿Cuál es el siguiente paso, las propuestas de CCOO en este tema?
Los planes de igualdad todavía tienen un período hasta que se rebajen al umbral de 50 personas trabajadoras. Aquí hay que ser conscientes que negociar planes de igualdad a empresas de más de 50, que estamos de acuerdo, es un reto de primera magnitud. Son miles y miles de empresas las que están en esa situación. Aprobar una norma diciendo que hay que hacer planes de igualdad y ya, si esto no se refuerza de una forma institucional, es un poco como papel mojado.
El sindicato va a hacer un impulso en la formación sindical de nuestros delegados y delegadas, pero esto hay que impulsarlo desde el poder público. Este es el gran reto. Estamos hablando de empresas de 57 trabajadores con un comité de empresa de cinco delegados que seguramente no han visto un plan de igualdad en su vida. Es muy importante hacerlo bien porque, si no, las empresas van a utilizar a consultoras externas para hacer un Plan de Igualdad que sea ‘sota, caballo y rey’, sin un proceso real de diagnóstico y de negociación, y no va a servir para nada.
España es líder en Europa de temporalidad. Tanto el PSOE como Unidas Podemos proponían en campaña reducir los tipos de contratos. ¿Es suficiente para reducir la excesiva tasa de trabajadores temporales, qué medidas serían necesarias?
No es suficiente porque, por ser un poco provocador, ni siquiera ese es el problema de la temporalidad. Casi toda la temporalidad se centra en dos tipos de contratos: el de obra o servicio y el de circunstancias de la producción. Por tanto, el problema es perseguir el fraude en la contratación temporal, que es masivo, y que tenga consecuencias más graves de las que tiene hoy en día.
Seguramente claro que hay que reducir los tipos de contratación, no quiero frivolizar, pero no es ese el problema. Y luego hay que cambiar la cultura empresarial sobre la contratación. En España las empresas desde los años 80 se han acostumbrado a tener un colchón de temporales, que son expulsados al mínimo problema de demanda, de caída de producción, de cambio tecnológico... Este modelo hay que cambiarlo.
¿Con qué medidas?
Se pueden buscar fórmulas alternativas tipo Alemania para que, cuando una empresa tiene un problema, la última opción sea el despido. Provocar medidas de flexibilidad interna reales, reducciones de jornada que eviten despidos y que vayan acompañadas de una prestación social para compensar el efecto de esa reducción de jornada. Esto se hace en Alemania y evitó en el año 2009 seguramente millones de puestos de trabajo que no se perdieron. Y se hizo en las partes más industriales de España en el año 2010 y 2011, yo lo conocí en el País Vasco. Esto se puede incentivar.
El Banco de España ha pedido al Gobierno esta semana que aclare el estatus de los trabajadores de plataformas digitales y nuevas formas de trabajo, como son los repartidores de Glovo y Deliveroo. CCOO defiende que son asalariados, ¿tiene que clarificarlo el Estatuto de los Trabajadores y cómo debe hacerlo?
Nosotros pensamos que tal como está, ya hay sentencias, el otro día hubo una colectiva en Barcelona, que lo van avalando. Aunque hay un poco de todo como en botica, mayoritariamente lo van avalando, que hay una relación de dependencia y que por tanto es una fórmula implícita de la laboralidad. Nosotros de momento vamos a tirar por ahí.
Cuando nos planteen si esto se puede abordar con alguna regulación, veremos de qué estamos hablando. Seremos muy cuidadosos si se pretende por la vía de una regulación, que seguramente puede tener una buena intención, hacer que al final se cronifique que estos trabajadores realmente son autónomos y son emprendedores, que nos parece un disparate cuando lo que está habiendo es una plataforma que alguien maneja que ordena el tipo de trabajo, el precio del trabajo, que te geolocaliza… Ríete tú del taylorismo, hay un control sobre el tiempo y lo que haces en la bicicleta absoluto.
Insiste mucho en el peligro de los discursos de la derecha de bajadas generalizadas de impuestos, cuando defiende que es necesario subirlos. ¿Qué impuestos habría que elevar y cuánto?
Esto requiere de un debate sosegado. Por empezar por la negativa: no los impuestos que afectan a las rentas del trabajo y a las rentas medias de España y sí a los impuestos que están pagando menos de lo que debieran. Por ejemplo, en el Impuesto de Sociedades. En España, recoge una media del 10,4% de los beneficios de las empresas cuando en el año 2000 venían a ser el 22%.
Hay otro montón de transacciones financieras de la nueva economía que hay que buscar fórmulas para gravar este tipo de actividades. Yo no soy partidario de poner impuestos a los robots porque me parece que es desincentivar la mejora tecnológica que necesita la economía española, pero sí de gravar los efectos de esa robotización; es decir, una mejora de los resultados y de la productividad de las de las empresas.
En definitiva, un paquete de medidas fiscales para el corto medio y largo plazo, sosegadas, pero que reduzcan el diferencial de presión fiscal de España con la media de la zona euro. Es de ocho puntos del PIB, es un disparate. Este país podría recaudar más sin hacer ninguna política confiscatoria, ni tonterías de estas que de vez en cuando se oyen.
¿Cómo valora el nuevo sistema de control horario? ¿Está funcionando?
Es pronto para hacer una valoración. Ha habido bastante improvisación, muchas empresas no han hecho el trabajo, porque ya se sabía que iba a haber esto hace dos meses el Gobierno dio un primer plazo. Es verdad que el Gobierno ha hecho una norma muy genérica, tiene un punto chapucero. Más allá de que esto en cada sector es un mundo, no quita para que no haya una constancia de cuánto duran y cómo son las jornadas de trabajo.
Era una de las cosas que teníamos pactadas en el paquete de medidas de la reforma laboral, lo que sacó el Gobierno es bastante menos preciso y menos ambicioso que lo que teníamos situado en aquel papel.
El INE vuelve a constatar la caída de nacimientos, mientras que muchas mujeres afirman querer ser madres, y un tercio de los trabajadores dice enfrentar problemas para conciliar. ¿Deberíamos dirigirnos a jornadas semanales más cortas, por ejemplo de 34 horas semanales como propone Unidas Podemos, para fomentar la igualdad y priorizar los cuidados?
Yo creo que la reducción de la jornada laboral es un objetivo sindical siempre. A mí me parece que hay otra vía, que es el tema de la conciliación de la vida laboral. En España tenemos horarios laborales disparatados en muchos sectores. La baja productividad de una parte de las empresas españolas, en mi opinión, tienen en parte que ver con el disparate de horarios que tenemos.
Por tanto, la reducción de la jornada es deseable, la racionalización de los horarios laborales también, pero tampoco nos equivoquemos de donde está el problema. El problema de la conciliación tiene que ver con que la atención a la dependencia, particularmente en la infancia pero también de personas dependientes mayores, que recae casi siempre en las mujeres, no tiene una dotación de infraestructuras públicas suficientes.
¿Más guarderías?
Más guarderías, más ayuda domiciliaria, más atención a la dependencia, más infraestructuras públicas, más residencias, ...
¿Cuál cree que debe ser el salario mínimo en 2020, tras la gran subida de este año?
Como somos corresponsables con los acuerdos que firmamos. Estamos empecinados en que el 1 de enero del año 2020 se dé cumplida cuenta del AENC, el acuerdo que dijo que los salarios mínimos de convenio tenían que ser de 1.000 euros en todos y cada uno de los convenios de España. Es nuestra vía de actuación prioritaria, pero como estamos viendo resistencias en muchas organizaciones empresariales, no a aplicar el AENC sino también los 900 euros del salario mínimo interprofesional, lo que no vaya por la vía de la negociación colectiva, lo pediremos a través de la subida del salario mínimo interprofesional. Y seguiremos incitando a que el SMI se tiene que acercar al 60% de la mediana salarial, como recomienda la Carta Social Europea.
¿Cuánto es ese 60% ahora mismo?
Seguramente estaría por encima de los 1.000 euros. Luego España tiene una distribución salarial territorial bastante diversa. Tienen poco que ver los salarios medios de Euskadi y Navarra con los de Extremadura, Murcia, Andalucía o Canarias.
Por eso creo que la negociación colectiva es una herramienta muy útil para todo esto, te permite acomodar muchas cosas. El nivel de vida tampoco es el mismo en Madrid, que en Donosti o en Écija y los salarios tienen que subir en general, pero luego la negociación colectiva los adapta bien a las distintas realidades. Pero si sigue habiendo una actitud obstruccionista en la patronal, lógicamente vamos a demandar al Gobierno que siga subiendo el salario mínimo interprofesional. No nos incomoda ese discurso desde la izquierda, todo lo contrario.