La subida del recibo de la luz que millones de hogares españoles van a soportar en enero por el encarecimiento del mercado mayorista de electricidad (conocido como pool) en la última semana ha propiciado la bronca política que suele acompañar a estos episodios. La electricidad es un servicio básico políticamente inflamable y el 'tarifazo' de 2021 tiene el componente añadido de producirse en plena emergencia económica y en paralelo a la ola de frío que dejó media España congelada la semana pasada tras el paso de la borrasca Filomena.
El efecto de esta escalada ha abierto un nuevo foco de tensión entre los socios del Gobierno, que ha instado a investigar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha propiciado la petición de explicaciones al Ejecutivo por parte de los grupos de la oposición.
Entre ellos (aunque sin excesivo ímpetu), del PP, que ha exigido a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que exponga en el Senado “las razones por las que se ha producido un espectacular incremento en el precio de la luz el pasado 8 de enero, coincidiendo con el temporal de nieve y la ola de frío que está azotando a todo el país y las medidas tendentes a mitigar su impacto sobre las familias y las empresas”. Los populares sostienen que esta subida no se explica “solo por la ola de frío” y han apuntado a “errores de previsión” del Gobierno que tendrán que “ser investigados y aclarados”.
Ese incremento “espectacular”, que llega tras registrar el precio medio del pool un mínimo histórico en 2020 por el desplome del consumo eléctrico que trajo la pandemia, empieza a remitir, en paralelo al aumento de las temperaturas, el descenso de los precios del gas y la mayor producción de renovables.
Pero enero se va a cerrar con uno de los recibos más caros de la historia. En lo que va de mes, el precio medio en el pool supera los 72 euros por megavatio/hora, un 80% más que hace un año. A la espera de lo que depare el resto del mes, la subida se traducirá en “como mucho unos cuantos euros” más en la factura final de los hogares, según dijo la ministra Ribera al comienzo de esta escalada.
En virtud del sistema tarifario que implantó el Gobierno de Mariano Rajoy y en concreto, su primer ministro de Industria, José Manuel Soria, la subida va a afectar directamente a unos 11 millones de consumidores domésticos, que son los que están acogidos al denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).
Pese a arreones puntuales como este, el PVPC es a la larga y con diferencia, según los expertos, el Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las principales organizaciones de consumidores, la opción más barata para el consumidor. O, si se quiere, la menos mala. Especialmente si tiene contratada la modalidad de discriminación horaria (la antigua tarifa nocturna).
En esta tarifa semirregulada, la componente de energía del recibo (que supone un 35% del precio final) está directamente referenciada al pool, de forma que recoge sus fluctuaciones cada hora, los 365 días del año. Esto deja a esos 11 millones de clientes expuestos a la volatilidad del precio de la electricidad.
Los defensores del PVPC argumentan que este sistema proporciona una señal de precios transparente al consumidor, que también se beneficia cuando baja la cotización del pool (que lo hará, aunque probablemente no será noticia). Pero en un país en el que solo uno de cada cuatro usuarios domésticos sabe distinguir entre mercado libre y regulado (el 63% de los hogares desconoce cuál es su tarifa, según la CNMC), esa volatilidad, unida a las agresivas campañas de las eléctricas para publicitar sus ofertas de precio fijo (mucho más rentables para ellas), explica que el PVPC lleve años en retroceso.
La fuga de clientes del PVPC al denominado mercado libre, que no está expuesto a esos vaivenes puntuales (aunque a la larga es más caro) se frenó temporalmente durante el confinamiento del año pasado, pero en julio (último dato disponible) ya habían salido del PVPC el 60% de los clientes con derecho a contratar la tarifa semirregulada (aquellos con hasta diez kilovatios de potencia).
PVPC, Castor, hachazo renovable...
El PVPC data de marzo de 2014 y fue implantado por el Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria. Fue la respuesta del Gobierno Rajoy tras la anulación del sistema que se había aplicado hasta entonces, denominado Cesur: una subasta que cada trimestre determinaba con antelación el coste de la energía de los hogares sujetos a la tarifa regulada. Tampoco era el sistema ideal: esas subastas, en las que participaban, además de empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders, arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos 2.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2008 y 2013, por la prima de riesgo que comportaba pagar un precio fijo cada tres meses por la energía que iban a suministrar las comercializadoras de último recurso (CUR).
La última subasta Cesur (diciembre de 2013) se anuló tras un episodio alcista en el pool que coincidió con el veto de Cristóbal Montoro (entonces ministro de Hacienda) a que el Estado aportase fondos para enjugar el multimillonario problema del déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico). Ese episodio se saldó con Iberdrola sancionada por la CNMC por manipular el mercado eléctrico con una multa de 25 millones que se suspendió porque la empresa acabó imputada en la Audiencia Nacional por un posible delito contra los consumidores, en un procedimiento que todavía no se ha cerrado.
El PVPC, que no tiene parangón en otros países, es uno de los legados que dejó Soria en su controvertido paso por Industria. El político canario, que acabó dimitiendo en 2016 por sus mentiras sobre las sociedades offshore de su familia, pasará a la historia como el ministro que aprobó un rescate exprés a ACS por el cierre del fallido almacén de gas Castor con un Real Decreto-Ley inconstitucional, y por ser el artífice del hachazo a las renovables que colocó a España a la cabeza en los rankings de litigios y arbitrajes de inversores internacionales. Su legado también comprende el famoso “impuesto al sol” y una batería de impuestos al sector eléctrico entre los que destaca el gravamen del 7% a la generación que las eléctricas cuestionan desde entonces.
El PP, que pidió eliminar ese impuesto justo después de pasar a la oposición, ha pedido ahora negociar con el sector una “reforma global” del mercado, y a corto plazo, rebajar el IVA de la electricidad (21%), como han hecho otros países como Portugal, Francia o Reino Unido. Una medida que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral, pero que el Ejecutivo rechaza.
El modelo marginalista
El pico alcista de estos días ha llevado a la formación morada, junto a organizaciones de consumidores como Facua o la OCU, a reabrir el melón de las críticas al sistema de precios marginalista del pool eléctrico, por el que la última central que casa oferta y demanda es la que marca el precio que cobran todas las tecnologías, y que data de hace más de 20 años, cuando no había renovables ni gas en el mix eléctrico.
La ministra Ribera, que rechaza de plano la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de electricidad o abordar una nacionalización en el sector, sostiene que ese modelo es el único que permite la normativa europea pero se ha mostrado abierta a retocar el mercado mediante lo que ha denominado “mecanismos colchón” que permitan mitigar picos alcistas como los de estos días.
Es su respuesta cuando se le pregunta por cómo abordar el punto del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que prometía poner coto a los “beneficios caídos del cielo” de tecnologías cuyas centrales ya están amortizadas, hidráulica y nuclear. Ribera ha señalado que tiene tres o cuatro opciones sobre la mesa y ya ha dicho que esa reforma se abordará “con cuidado” para evitar una “implosión” del mercado eléctrico en plena transición energética, de cara a la masiva implantación de renovables prevista para esta década, que debe sentar las bases para el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.
Este episodio se ha producido en un contexto de alta demanda, elevados precios del CO2 y el gas natural y menor producción eólica, y en vísperas de la esperada primera subasta de renovables con el nuevo sistema concebido por Transición Ecológica, que no espera ningún efecto de este pico de precios en el resultado de esas pujas. El ministerio confía en el efecto depresor en los precios de las tecnologías eólica y fotovoltaica (ya son las fuentes más baratas) para que España baje puestos en los rankings de Eurostat que sistemáticamente sitúan al país entre los que tienen los precios de la luz más caros de Europa para un consumidor doméstico. Y se encomienda también a su propuesta para sacar de la tarifa eléctrica los 7.000 millones de euros anuales en primas a las renovables y cargarlas al conjunto del sector energético.