La nueva reforma de las pensiones ya tiene cifras: supondrá un tajo de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022. Este ahorro procederá de la aplicación de las dos nuevas fórmulas previstas por el Gobierno: por un lado, el nuevo índice de actualización de las pensiones (que dejan de estar ligadas al IPC); por otro, el factor de sostenibilidad, que ligará la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Y se hará a costa del poder adquisitivo de las personas que cobran pensiones.
El ahorro para la Seguridad Social será de casi 30.000 millones de euros entre 2014 y 2022. En 2014, el recorte sería ya fr 809,6 millones y llegaría a los 5.234,12 en 2020, según la memoria económica que el Ejecutivo ha remitido al Consejo Económico y Social (CES).
Según los datos contenidos en la memoria, hasta 2030 el ahorro procederá íntegramente de la nueva fórmula para actualizar las pensiones (que se aplicará ya desde 2014), es decir, de desligar su revalorización al IPC. Es a partir de ese año cuando el Gobierno estima que el factor de sostenibilidad (que comenzará a funcionar en 2019) empiece a contribuir al ahorro: en 2030 solo el factor permitiría ahorrar el 0,1% del PIB (1.000 millones actuales); en 2040, del 0,4% del PIB (4.000 millones), y en 2060, 0,6% (6.000 millones).
En la propia memoria, el Gobierno señala que la aplicación del factor de sostenibilidad y del nuevo índice de revalorización “producirá en los próximos años una reducción de los desequilibrios del sistema de Seguridad Social”, aunque posteriormente “la actualización de las pensiones puede alcanzar cuantías próximas al límite superior”. Es decir, el Ejecutivo reconoce que la reforma conllevará una reducción del poder adquisitivo a corto y medio plazo, pero asegura que a largo las pensiones crecerán por encima del IPC.
Pérdida de poder adquisitivo
Aunque sucediera tal y como asegura la memoria y las pensiones crecieran por encima de la inflacióna largo plazo, recuperar su poder adquisitivo costaría años. Por ejemplo, una simulación aproximada (con la escasa información disponible por el momento sobre el indicador) hecha por el economista José Moisés Martín, de Economistas Frente a la Crisis, muestra precisamente esta dificultad: según su aproximación, si el próximo año la revalorización de las pensiones fuera de solo el 0,25% (algo muy plausible, según las propia estimaciones del Gobierno) y la inflación fuera del 2%, los pensionistas no recuperarían su poder adquisitivo hasta el año 2021.
Si la subida del 0,25% se extiende durante tres años, un periodo en el que probablemente la Seguridad Social siga en negativo, la recuperación del poder adquisitivo no se haría hasta 2038. Y eso tomando como escenario que a partir de 2017 las pensiones subieran siempre más que la inflación.
Para calcular la variación de la esperanza de vida se tomarán periodos de cinco años, algo que, según la memoria económica, “permite una mayor estabilidad de los resultados” y evita fluctuaciones. Cada año, se obtendrá el factor de sostenibilidad teniendo en cuenta la variación de la esperanza de vida, que se mantendrá fija durante cinco años. Pasado ese periodo, se recalculará la esperanza de vida, lo que afectará al factor de sostenibilidad de los siguientes cinco años.
Índice de revalorización
El nuevo índice de revalorización de las pensiones, que no solo tendrá en cuenta el IPC sino también el estado de las cuentas de la Seguridad Social, empezará a aplicarse ya en 2014.
En la memoria económica, el Gobierno ha estimado cuál hubiera sido la revalorización anual de las pensiones si este indicador se hubiera aplicado ya desde 1997. El resultado es positivo: en catorce de los dieciséis años las pensiones hubieran crecido más que la inflación, y solo en los dos últimos años (2011 y 2012) el aumento hubiera sido de solo el 0,25%, muy por debajo del IPC (en el 2,9%). Sin embargo, es complicado que las condiciones de ese periodo de años vuelvan a repetirse, no solo por el crecimiento económico que se produjo sino porque las cuentas de la Seguridad Social presentan ahora un deterioro del que tardarán en recuperarse y que afectará al cálculo de las pensiones.