El Estado recuperará hasta 2031 una treintena de centrales hidroeléctricas sin que el Gobierno haya decidido qué hacer con ellas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene identificadas cerca de 30 concesiones hidroeléctricas que vencen en la próxima década y que suman una potencia de más de 700 megavatios (MW).
elDiario.es solicitó a finales de mayo al ministerio la relación de instalaciones cuya concesión se extingue de aquí a diez años. El departamento de Teresa Ribera ha facilitado un listado a partir de la información proporcionada por las diferentes confederaciones hidrográficas. El propio Ministerio reconoce que es incompleto, pues excluye muchas minicentrales de pequeña potencia. La propia Ribera cifró a finales de 2018 en 70 las concesiones que se iban a extinguir desde entonces hasta 2030. Esos 700 MW son una cifra considerable (una central nuclear ronda los 1.000 MW), pero estarían muy por debajo de la bolsa real de MW que va a caducar en los próximos años.
Respecto al futuro de esas concesiones, el ministerio señala que la decisión de qué hacer con las hidroeléctricas debe tomarse salto a salto, tras comprobar su viabilidad ambiental.
La cuestión del vencimiento de las presas hidroeléctricas cobra relevancia en un momento en el que, con el mercado mayorista de electricidad disparado por el encarecimiento del gas y los derechos de emisión, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar una rebaja puntual de impuestos a la luz para tratar de contener la subida. Podemos ha retomado la petición que recogía su programa electoral de que esas concesiones que están por vencer las asuma una empresa pública de energía. Una opción que Ribera parece haber descartado. Este instrumento es habitual en muchos países del mundo desarrollado.
En el listado facilitado por el ministerio, las dos principales presas cuya concesión va a extinguirse son dos plantas en la cuenca del Duero en la provincia de Zamora explotadas por Iberdrola cuya concesión vence a partir de 2024 y que el Gobierno ha afirmado que prevé sacar a concurso cuando caduquen, según explicó en una reciente batería de respuestas parlamentarias.
Se trata de las presas de Villalcampo, que fue puesta en servicio en 1949; y Saltos de Castro, inaugurada en 1952. Entre las dos suman cerca de 405 MW, según datos de la web de la compañía, líder hidroeléctrico nacional. Esto convierte a Iberdrola en la empresa a la que más potencia hidroeléctrica le vence en la próxima década, con cerca de 435 MW.
A continuación figura Naturgy, con unos 108 MW en cuatro hidroeléctricas en la cuenca del Tajo, de los que la mayor parte caduca a partir de 2029: Burguillo (Ávila: unos 49 MW), una infraestructura perteneciente al Estado que, según un informe de la extinta Comisión de la Energía (CNE), se puso en servicio en 1930, y Entrepeñas (Guadalajara, 41 MW), que empezó a operar en 1956.
La empresa con más instalaciones próximas a vencer en el listado facilitado por Transición Ecológica es Endesa, junto a su matriz Enel: un total de siete aprovechamientos hidroeléctricos con 90 MW cuya concesión vence entre 2024 y 2029. Los más destacados son dos en Jaén cuyo titular es el Estado: El Tranco de Beas (casi 40 MW), que empezó a operar en 1953 (vence en 2028) y Jándula (14,6 MW), que data de 1930 y cuya concesión caduca en 2029, un plazo muy superior a los 75 años que con carácter general establece la legislación.
Las siguientes empresas son la portuguesa EdP (18,23 MW de un aprovechamiento en Asturias, Priañes, que caduca en 2024), y Acciona, con otros 17 MW que, según la información del Ministerio, vencen en 2027 y 2028.
No obstante, la propia Acciona remitió en mayo una presentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que incluía una relación detallada de sus aprovechamientos hidroeléctricos y la fecha de caducidad de sus concesiones. Según ese documento, al grupo de la familia Entrecanales le vencen entre 2021 y 2030 otros 40,7 MW que no figuran en la relación facilitada por Transición Ecológica.
Esto da una idea de hasta qué punto los datos facilitados por el Ministerio son incompletos. En el listado no aparecen tampoco instalaciones que sí figuraban en una relación de concesiones próximas a vencer que el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó en una respuesta parlamentaria de 2014.
Un volumen “limitado”
Teresa Ribera dejó abierta al poco de asumir su cartera la posibilidad de que el Estado explote esos MW directamente. “Hay un volumen, que es un volumen limitado, que nos debería permitir pensar en opciones un poco más acordes a las necesidades del siglo XXI, que son básicamente garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que, en teoría, es un potencial público, por tanto, dependiente de una decisión de orden público”, dijo en su debut como ministra en el Senado en 2018.
Entonces, un informe del Observatorio para la Sostenibilidad estimó que para esa fecha el 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya habían expirado y que hasta 2030 otro 8% iría caducando progresivamente.
El pasado enero, en plena subida de la luz por la borrasca Filomena, la vicepresidenta cuarta descartó sin embargo la creación de una empresa pública de energía. “No tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema”.
“Al revés, probablemente en un contexto complejo como el energético, lo que necesitamos es activar todas las palancas a la vez teniendo claro cuál es el equilibrio que queremos conseguir desde el punto de vista social, ambiental y de viabilidad del sistema. No podríamos avanzar si empezamos a tener problemas generalizados de suministro. Sería volver a la casilla de salida y una desconfianza muy grande por parte de los consumidores o las empresas”, señaló.
Los 'windfall profits'
Ribera acaba de aprobar un anteproyecto de ley que prevé drenar la retribución de la hidroeléctrica, la nuclear y los parques eólicos más antiguos para intentar abaratar el precio de la luz actuando sobre los “beneficios caídos del cielo” que reciben por el alto coste del carbono, al que no hacen frente. La propuesta ha llevado a las eléctricas a amenazar con el cierre anticipado de los reactores, que aseguran, están en pérdidas. El lobby nuclear ha pedido que se le pague a su producción un precio fijo para “cubrir gastos”.
El aprovechamiento de un bien público como el agua por parte del Estado es una vieja reivindicación de la izquierda. Algunos expertos lo defienden como medio para abaratar el precio de la luz.
“Sería fantástico que las centrales hidroeléctricas que caducaran se fueran concentrando en una empresa pública. Esta fuente presta un servicio de un valor incalculable para el sistema eléctrico: para cubrir la intermitencia de las renovables, afeitar las puntas de producción contaminante, concentrar la producción cuando una nuclear entra en parada… Su gestión debe ser completamente orientada al interés general, y ahora mismo no lo está”, decía en una reciente entrevista el expresidente de Red Eléctrica Jorge Fabra.