Desde que el Gobierno ugandés anunció hace dos meses que iba a empezar a cobrar una tasa diaria de 0,04 euros por el uso de redes sociales, los ugandeses se han preguntado cómo la tendrían que pagar. Hoy entra en vigor esta tarifa y la situación se mantiene confusa.
Esta medianoche, las redes sociales se apagaron. Quien no hubiese pagado, ya no podía tener acceso de forma gratuita.
Y muchos ugandeses se han bajado aplicaciones de VPN, la tecnología que permite operar en internet con mayor privacidad y evadiendo detalles como la ubicación, para evitar pagar lo que consideran “una tasa ridícula”.
El pasado 31 de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó la nueva ley sobre redes sociales que contemplaba un impuesto diario de 200 chelines ugandeses (0,04 euros y 0,05 dólares) a los usuarios de plataformas con contenido en “streaming” (emisión en directo), es decir, redes sociales como Twitter, Facebook, Youtube, Instagram o incluso Whatsapp.
La duda estaba en cómo la Autoridad de Impuestos de Uganda (URA, por sus siglas en inglés) conseguiría los más de 62,5 millones de euros que espera recaudar en el año fiscal 2018/2019 con este nuevo impuesto.
“Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Finanzas, pero no puedo confirmar a día de hoy cómo será recaudada la tasa”, explicó a Efe esta semana el director general adjunto de la URA, Ian Romanyika.
“Es una nueva tasa y no estábamos preparados para ella, pero tendremos que consultar a los principales involucrados para evitar dobles cobros”, proseguía Romanyika.
A pesar de las incertidumbres, la URA tiene algo claro: hoy se empieza a cobrar el impuesto, y serán las compañías telefónicas las que lo harán.
Las tres principales operadoras, la panafricana Africell, la india Airtel y la sudafricana MTN han publicado una circular conjunta con unas nuevas tarifas que se cobrarán en tres modalidades: 0,044 euros diarios, 0,3 euros semanales o 1,32 mensuales.
“¿No va a incrementar esto que no se pague el impuesto, lo que puede llevar a una recaudación fiscal muy baja?”, deduce un investigador de la principal universidad de Uganda, la Makerere, Richard Ssempala, en una entrevista con Efe.
Sus miedos están en que esta nueva tasa vaya a impactar en actividades empresariales, en el ámbito de la salud o a agricultores que usan la red para vender sus productos.
Solo en el ejercicio 2016/2017, Uganda registró más de un millón y medio de nuevas altas de teléfono móvil, lo que situó en 23,6 millones el número de usuarios de móvil en un país de 34,5 millones de personas, según datos de la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC).
Además, la penetración de internet en el país es del 45,4 %, con una crecida anual del 68,4 % en el número de suscripciones a internet en ese mismo año fiscal.
Para la población, la preocupación ya no es solo por el dinero, sino porque supone una injerencia a su libertad de expresión.
Fred Muwema, un abogado ugandés, sugiere que en vez de cobrar a los usuarios, se cobre a los propietarios de las redes sociales, ya que sus ganancias proceden de la publicidad en todos los países, incluida Uganda.
“Si el Gobierno tiene miedo a confrontar a Facebook y otros gigantes tecnológicos para imponerles tasas, puede intentar buscar una solución con otros países de África oriental o con la Unión Africana para abordar el tema”, sugiere el letrado.
La nueva ley, antes de ser aprobada por el Parlamento, fue sugerida por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, quien dijo que las redes sociales conllevan “rumores”.
A pesar de que ningún país africano ha tomado medidas tan drásticas para combatir los rumores, sí ha habido cambios en naciones vecinas, como una nueva ley contra la “cibercriminalidad” en Kenia, que estipula penas de hasta dos años de cárcel y multas económicas a quien publique información falsa o engañosa.
También este mes, Tanzania ha obligado a todos los creadores de contenidos en línea, es decir, blogueros y youtubers, a que se registren ante las autoridades y paguen una licencia de más de 920 dólares.
Las multas por operar sin esta licencia pueden ascender hasta los 2.180 dólares (cerca de 1.785 euros) o incluso a penas de prisión que pueden llegar a un año.