La comisión de expertos nombrada por el Gobierno y las CCAA para la reforma de la financiación autonómica entregó su dictamen al Gobierno a finales de julio. En él hacen una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común (excepto las forales), tales como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma. Los expertos, que terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares, proponen un fondo básico con la recaudación propia y otro de nivelación, con fondos del Estado y de las autonomías.
Ahora, uno de los expertos designados por el Ejecutivo, el presidente del think tank Fedea, Ángel de la Fuente, ha presentado un simulador en el que se se exploran las implicaciones cuantitativas de la propuesta para la revisión del sistema bajo distintas hipótesis sobre algunas cuestiones que el informe de la Comisión no concreta y remite a la negociación política. Por ejemplo, los propios expertos no detallan en qué medida deben aumentarse los recursos para las comunidades autónomas, o el volumen de recursos que habrán de aportar al nuevo modelo cada una de las administraciones implicadas, como tampoco ofrecen la ponderación de variables como los factores geográficos y la población.
Actualmente, si se tiene en cuenta la liquidación de 2015, Cantabria es la comunidad autónoma con mejor financiación por habitante (2.846 euros), seguida por La Rioja (2.693 euros) y Extremadura (2.652). La media es de 2.346 euros. En el otro extremo se sitúan Murcia (2.195) y, sobre todo, la Comunidad Valenciana (2.160). Esta financiación se calcula por habitante, considerando competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal.
La eliminación del statu quo mejoraría sensiblemente la situación de las regiones peor financiadas. Esto es especialmente cierto de Madrid y Valencia, que verían incrementados sus recursos en más de un 7%, seguidas de Murcia, con entre un 3,5% y un 5%, explica el informe.
Para De la Fuente “según todos los parámetros queda un sistema menos desigual que hasta ahora”. Aunque los expertos insisten en la necesidad de terminar con la cláusula de statu quo, también son conscientes de la dificultad política de hacerlo de una forma inmediata. En consecuencia, su recomendación es la de proceder de una forma gradual, asegurando que ninguna comunidad pierda recursos en el año base del nuevo sistema pero retirando gradualmente las posibles compensaciones dentro del período de vigencia del mismo.
La simulación se produce con la hipótesis de que todas las partidas de ingreso crecen al mismo ritmo, el 2% anual. Según De la Fuente, se trata de un ritmo suficiente como para evitar que su financiación total caiga por debajo del nivel correspondiente al año base con la gradual retirada de la compensación transitoria.
Las dos únicas excepciones a esta regla afectan a Cantabria en los años 4 y 5 de vigencia del nuevo sistema y a Extremadura en el quinto año, con una pérdida total de 80 millones de euros en relación al statu quo en este último ejercicio. Esto es, si Cantabria contaba en 2015 con una financiación por habitante de 2.846 euros, en el año cuarto desde la entrada en vigor del nuevo sistema tendría 2.797 euros, 2.736 en el quinto.
En el caso de Extremadura se pasaría de 2.652 en 2015 a 2.640 en el quinto año desde la entrada en vigor de la reforma.
Lo que sugiere Fedea es ofrecer a las CCAA una cláusula de salvaguardia, limitando en caso de necesidad la reducción de la compensación de statu quo y alargando el período transitorio de forma que ninguna comunidad caiga en términos absolutos por debajo del mismo.
Ahora el Gobierno deberá constituir otra comisión que empiece a dar forma al nuevo sistema de financiación. En todo caso, de momento todo queda supeditado a lo que ocurra en Cataluña una vez se sobrepase la fecha prevista para la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre, reconocen fuentes de la comisión de expertos.