El diputado del PP Alberto Casero quizá no lo sepa. Pero su error al votar a favor de la reforma laboral en el Congreso es clave para que España pueda recibir a mediados de año 12.000 millones de euros, de los cuales 10.000 dependen de la reforma del mercado de trabajo convalidada este jueves por un solo voto en el Congreso de los Diputados. Para recibir buena parte de esos millones en los próximos seis meses, la reforma laboral debe haber pasado el proceso parlamentario, cosa que acaba de ocurrir, y ser coherente con el componente 23 del plan nacional de reformas y resiliencia, es decir, con lo acordado entre Bruselas y Trabajo como líneas maestras de esa reforma laboral.
Bruselas pedía una reforma que combinada seguridad y flexibilidad y que intentara atajar los malos endémicos del mercado del trabajo español: la dualidad, la temporalidad, el paro juvenil y la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la Comisión Europea aún pedía más: que la reforma llegara después de un acuerdo con los agentes sociales. Y el Gobierno se comprometió con tenerlo aprobado en el Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre, y así fue.
Pero de poco vale aprobar un decreto en el Consejo de Ministros si luego no pasa por el Congreso. Así que esos 10.000 millones dependían de la votación de este jueves, que el Gobierno ha salvado gracias al error del diputado Casero. Sus compañeros de filas pasaron de la euforia a la estupefacción. Pero para los españoles ese error vale miles de millones.
Desde el principio, la Comisión Europea ha emitido señales positivas en torno a la reforma laboral. Primero por el método –el diálogo social– y luego por el contenido.
Este mismo lunes, se conocía una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que decía: “Aplaudimos que España siga con las reformas, como la del mercado de trabajo. Estoy deseando continuar con la colaboración buena y provechosa para la aplicación del plan de recuperación y resiliencia español”.
Un portavoz oficial del Ejecutivo comunitario explicaba el contexto de aquella misiva de Von der Leyen a Sánchez y sus buenas palabras: “El 25 de enero de 2022, la presidenta Von der Leyen envió una carta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en respuesta a otra de éste del 27 de de diciembre para agradecer a España la presentación del informe de progreso sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021; felicitar a España por haber alcanzado los primeros 52 hitos vinculados a su primera solicitud de pago; y elogiar el progreso de España en las reformas, incluida la reforma del mercado laboral (en respuesta a la referencia del primer ministro Sánchez al acuerdo con los interlocutores sociales alcanzado a fines de diciembre de 2021)”.
Es más, el mismo día en que esa carta de Von der Leyen salía de Bruselas, el 25 de enero, el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, respondía a la eurodiputada del PP Isabel Benjumea en la comisión de Economía del Parlamento Europeo: “Ahora estamos empezando la evaluación de nuevas reformas y objetivos, por supuesto en el mercado laboral y de las pensiones. No voy a entrar en detalles porque las evaluaciones están empezando ahora. Pero, por supuesto, les digo que apoyamos los acuerdos alcanzados con los agentes sociales y los diferentes actores involucrados [como es el caso de la reforma laboral pactada entre Gobierno, CEOE y sindicatos]”, subrayaba Gentiloni.
Una semana antes de esa respuesta de Gentiloni al PP en la Eurocámara, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, adelantaba después de un Eurogrupo las buenas sensaciones en la Comisión Europea en relación con la reforma laboral.
“La valoración preliminar de la Comisión Europea sobre la reforma laboral española es positiva”, dijo sobre el veredicto inicial del Ejecutivo comunitario sobre el texto pactado entre el ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz y los agentes sociales: “Se trata de una reforma equilibrada, resultado de un intenso y largo proceso de negociación con los representantes empresariales y de los trabajadores. No sólo es fruto de un acuerdo amplio con los agentes sociales, sino que recoge las recomendaciones que reiteradamente nos han venido haciendo las instituciones internacionales”.
En efecto, una semana después de que se anunciara el acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales para la reforma del mercado de trabajo, y 48 horas después de que la propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros, la Comisión Europea ya celebraba el pacto alcanzado.
“En tanto que la Comisión Europea ha respaldado al Gobierno español en sus esfuerzos por lograr un acuerdo con los interlocutores sociales sobre la reforma del mercado laboral, por supuesto acogemos con satisfacción el hecho de que se haya alcanzado dicho acuerdo”, explicaba un portavoz del Ejecutivo comunitario a elDiario.es.
La reforma laboral es uno de los compromisos del Gobierno español dentro del mecanismo europeo de recuperación, por el que el Gobierno tiene adjudicados 140.000 millones de euros hasta 2026, si bien el Ejecutivo, de momento, sólo ha pedido los 69.500 correspondientes a las transferencias y subvenciones.
De momento, España ya ha recibido en 2021 los 9.000 millones correspondientes a la prefinanciación (13%) y los 10.000 millones del primer tramo propiamente dicho –la transferencia se hizo el 27 de diciembre pasado–.
El reglamento de los fondos europeos implica que la Unión Europea va liberando el dinero cada seis meses si se han ido cumpliendo una serie de hitos y objetivos –reformas, inversiones, trámites parlamentarios–. De esta manera, el compromiso del Gobierno era aprobar en el Consejo de Ministros la reforma laboral antes de que terminara 2021 y que entrara en la petición de los 12.000 millones del primer semestre de 2022.
Para recibir buena parte de esos 12.000 millones en los próximos seis meses, la reforma laboral debe haber pasado el proceso parlamentario y ser coherente con el componente 23, es decir, con lo acordado entre Bruselas y Trabajo como líneas maestras de esa reforma laboral.
Y esto es lo que evaluará Bruselas para liberar el dinero, que cumpla los hitos y objetivos comprometidos en el componente 23 del plan de recuperación español entregado a la Comisión Europea en abril pasado.
De momento, el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales ratificado por el Congreso cumple con lo acordado con Bruselas, según los firmantes del pacto. ¿Por qué? “Porque recupera el papel central de la negociación colectiva, reforzando el poder de las organizaciones sindicales”, explican fuentes de la negociación: “Se recupera la ultraactividad de los convenios, que era una de las demandas principales de los trabajadores del metal de la bahía de Cádiz; deroga la prevalencia del convenio de empresa en materia salarial; y se acometen cambios de primera magnitud en el modelo de contratación para combatir la temporalidad y la precariedad, los dos grandes males del mercado de trabajo en España”.
En este sentido, Bruselas siempre ha apoyado el marco del diálogo social, como figura en su evaluación sobre España y como se ha comprometido el Gobierno en su plan de recuperación. “La reforma que aborde la segmentación del mercado laboral es tradicionalmente una de las principales recomendaciones”, explicó el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, en una reciente visita a Madrid: “Vamos a mirar la propuesta legislativa, las decisiones del Parlamento. Pero creo que el método que eligió el Gobierno para intentar construir esta propuesta a través del diálogo con los interlocutores sociales es un buen método. Cuando tienes reformas, especialmente reformas delicadas, si puedes lograr el apoyo de los interlocutores sociales, esto le da a tus propuestas una fuerza adicional”.
En una entrevista reciente con El País, el comisario europeo de Finanzas afirmaba: “El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos. El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. El Consejo [los Gobiernos de los 27] aprobó el plan y en el mercado laboral pidió que la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico. No es algo subjetivo. Son las decisiones del Consejo que acompañaban la aprobación del plan español que, por cierto, es el mayor en volumen de subvenciones, incluso más que el italiano”.
En este sentido, Bruselas destaca que “el plan [del Gobierno español] incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren su funcionamiento” y confía en que “ayude a abordar la fragmentación existente de la protección por desempleo, la provisión de habilidades y calificaciones relevantes para el mercado laboral que deberían acompañar la transición verde y digital del país”.
Bruselas confía en que el paquete general de reformas del mercado laboral “logre el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad”.
La recuperación de la negociación colectiva enterrada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, el mecanismo permanente de flexibilidad interna (ERTE estructurales) y la estabilidad en el empleo, por ejemplo, son algunos de los aspectos de la reforma negociados con sindicatos y patronal.
En este sentido, Bruselas “espera que la mayoría de los componentes del plan contribuyan a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Un número importante de componentes contribuyen significativamente a la cohesión social y territorial, principalmente a través de medidas para abordar los desafíos en el mercado laboral y mejorar la empleabilidad, inversiones en inclusión social y mejoras en el despliegue de servicios públicos e infraestructura en todo el territorio”.
“Reforma agresiva”
La votación de este jueves deja atrás la legislación laboral del PP. Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. En febrero de 2012, una cámara captó al entonces ministro de Economía, Luis De Guindos diciéndole, al entonces comisario europeo de Finanzas, Olli Rehn, en un Consejo de ministros de Economía de la UE en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.
El Gobierno de coalición se pactó con un programa que comprometía una reforma del mercado de trabajo que incluyera el desmontaje de la normativa de Rajoy, que, además de no sacar a España del pódium de países de la UE con más paro, se ha llevado toques de atención por parte de la Comisión Europea por ser tan lesiva con los convenios colectivos.
¿Es la reforma que quiere Bruselas? “Sinceramente, creo que sí”, respondía la vicepresidenta Yolanda Díaz en sus visitas a la capital comunitaria: “Si se miran los datos de paro y de temporalidad y precariedad a lo largo de la democracia española, en sus series históricas, es difícilmente explicable que a lo largo de estos 40 años no se hubieran cambiado las dinámicas. Lo vamos a intentar y este es el objetivo de las reformas. Los agentes sociales conocen el alcance de las reformas y les doy las gracias porque están a la altura de las circunstancias. Comparten el diagnóstico y saben bien que tenemos mucha tarea para cambiar por fin el mercado de trabajo español en conjunto”.
“Por primera vez, España se ha comprometido con Europa a hacer frente a los problemas de la temporalidad y precariedad”, explican en Trabajo, “y es uno de los elementos de las reformas estructurales clave del componente del mercado de trabajo. España asume el compromiso de mitigar en su ordenamiento laboral todos los dispositivos que han dado lugar a esta enorme tasa de temporalidad”.