La reforma de los subsidios de paro vuelve a enfrentar a Economía y Trabajo

A pocos días de formarse el nuevo Gobierno de coalición progresista, vuelven a aflorar las diferencias habituales del pasado mandato. El Ministerio de Economía, que lidera Nadia Calviño, está insistiendo en sacar adelante dos propuestas en la inminente reforma de los subsidios de desempleo, que dirige el departamento de Yolanda Díaz. Se trata de graduar la cuantía de los subsidios de paro, de 480 euros al mes, para recibir más dinero al inicio y menos al final, y también “potenciar” el control para que los desempleados vuelvan a la actividad. Trabajo “no comparte” estas medidas y tampoco los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que han pedido que se reúna la mesa de diálogo social de manera “urgente”.

Los subsidios forman parte de la protección asistencial de desempleo, que cubre a unas 800.000 personas del total de 2,7 millones de desempleados en España. Alcanzan a personas en paro una vez que consumen la prestación contributiva (y si cumplen ciertos requisitos, como las cargas familiares) o desempleados que no acumularon suficientes meses de cotización para acceder a la prestación. Más de la mitad, 436.000 personas, perciben el subsidio para mayores de 52 años, que el primer Gobierno monocolor de Pedro Sánchez, con la ministra Magdalena Valerio al frente de Trabajo, recuperó tras las restricciones del mandato de Mariano Rajoy durante la crisis económica.

Las intenciones del Ministerio que lidera Nadia Calviño, que ya había adelantado El País hace unas semanas, fueron este martes explicitadas en público por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, en un acto organizado por EY sobre los fondos europeos de recuperación. Las dos medidas, los subsidios decrecientes en su cuantía y “potenciar” el compromiso de volver a la actividad de los parados, se justifican como “una reforma fundamental para lograr el objetivo del pleno empleo anunciado por el presidente del Gobierno”, explican desde Economía.

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que “no se está optando” por un acceso decreciente a los subsidios y afirman que tampoco se comparte que haya que tomar medidas de mayor control en el compromiso de la actividad de las personas desempleadas, algo que “ya existe”, por el que las personas en paro se comprometen a una búsqueda activa de empleo.

El departamento de Yolanda Díaz recuerda que sí se trabaja para “mejorar los servicios que se ofrecen” a los parados para su inserción laboral, dentro de la reforma ya aprobada de las políticas activas y los servicios públicos de empleo. “Lo que no estamos nada de acuerdo es en que se estigmatice a las personas en desempleo con que un subsidio de 480 euros desanima para encontrar empleo, que es disuasorio”, sostienen en Trabajo.

En Economía reconoce “diferencias” con Trabajo, así como que la reforma “no está cerrada” en el seno del Gobierno. Algo para lo que se ha iniciado una cuenta atrás, porque la intención del Ejecutivo es aprobar la regulación pronto, “en las próximas semanas”, ante el retraso que ya acumula con la Comisión Europea, desde diciembre de 2022.

Dos medidas que no están en el Plan de Recuperación

La regulación en liza está incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia comprometido con Bruselas a raíz de la pandemia. En concreto, se denomina la “simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo”, reforma 10 dentro del Componente 23 del Ministerio de Trabajo. En Economía insisten en que, dado que afecta al objetivo del “pleno empleo” del conjunto del Gobierno, “hay un rol” de otros ministerios, como el de Nadia Calviño y el de la Seguridad Social.

Economía, así como algunos medios de comunicación, destacan que esta reforma está ya comprometida con Bruselas y que es uno de los elementos que condicionarán “el cuarto desembolso” de fondos europeos. En Trabajo precisan que, es cierto que la reforma está comprometida con la Comisión, pero no las medidas anunciadas por Economía: ni la cuantía decreciente, ni reforzar el control del compromiso de actividad de los parados.

Ninguna de las dos medidas aparecen como objetivos en el Componente 23, que sí explicita objetivos como “ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales” y “simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión”.

También “vincular esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo” y, por último, “permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social, cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad”, recoge el documento del Plan de Recuperación.

Fuentes de Trabajo afirman que han “ultimado un borrador que intentará llevar al Consejo de Ministros lo antes posible”. Los objetivos son “simplificar el acceso a los subsidios, mejorar la protección que ofrecen y garantizar la compatibilidad de los subsidios con el empleo”, en línea con lo pactado entre PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición.

“Se trata de una reforma que continúa la renovación de las políticas de empleo de la Ley de Empleo, con la reforma del desempleo asistencial, las personas perceptoras tendrán derecho a una cartera de servicios y acordarán con las personas responsables de su orientación los itinerarios formativos y laborales adecuados a su perfil y situación personal”, afirman en Trabajo.

Los sindicatos piden negociar

Las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, han inquietado en los sindicatos mayoritarios. CCOO y UGT han criticado en un comunicado conjunto que sus palabras “generan sorpresa, cuando no se ha trasladado propuesta alguna a los interlocutores sociales y no se corresponden con la reforma de la protección asistencial por desempleo que necesitamos”.

Las organizaciones de trabajadores destacan la necesidad de mejorar la cuantía de las prestaciones, los “vacíos de cobertura” (personas en paro y sin ninguna prestación, especialmente personas en paro de larga y muy larga duración) y los resultados de las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, subraya que la protección por desempleo “ya es decreciente en el tiempo” desde las prestaciones contributivas y que algo más de un millón de personas en paro no percibía ningún tipo de protección social (1.022.902).

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, señala a los servicios públicos de empleo en lugar de a las personas en paro. “Si al parado no se le proporcionan los recursos mínimos para la búsqueda de empleo, su orientación y recualificación, encima poner el foco en la víctima para la vuelta a la actividad nos parece absolutamente desproporcionado e inadecuado”, critica respecto a las propuestas de Economía.

Fuentes de la CEOE confirman que aún no tiene “detalle de todo esto”, respecto a las propuestas de Economía. “Nuestra postura siempre es a favor de la mejora de la coordinación de políticas activas y pasivas para mejorar también la empleabilidad de los desempleados y solucionar los problemas de vacantes”, sostienen en la patronal.

Los sindicatos mayoritarios han reclamado una reunión “urgente” de la mesa de diálogo social para abordar la reforma, que llevan pidiendo a Trabajo desde hace meses ante la falta de diálogo social en esta materia. Si antes había temores de una legislación “poco ambiciosa” ante los muchos retos del nivel asistencial, ahora rechazan de plano una reforma que “pone en duda la 'honradez' de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo”, dicen respecto al enfoque de Economía.