La región de Andalucía (sur de España) se ha revuelto contra la Comisión Europea por cuestionar su decisión de expropiar por decreto viviendas a los bancos para entregárselas a familias desahuciadas, e interpelar por este motivo al Gobierno central español.
Andalucía, cuyo Gobierno, a diferencia del Ejecutivo conservador central, está formado por el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida, rechaza la decisión de la CE de poner en cuestión esta práctica que abre la puerta a la expropiación para evitar las ejecuciones hipotecarias.
El presidente regional andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), ha llegado a asegurar que, si es así, entonces “Europa no merece la pena”, lo que le ha valido acusaciones de “euroescepticismo” desde las filas del Partido Popular.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Diego Valderas (de Izquierda Unida), cuestionó que Bruselas vaya contra un “decreto tan potente que casi se aprobó por unanimidad” en el Parlamento andaluz, donde contó con la abstención del PP.
La ministra regional de Vivienda, Elena Cortés, defendió la constitucionalidad del decreto ante las dudas de Bruselas sobre su compatibilidad con los compromisos adquiridos por España para recibir ayuda financiera europea.
Ello después de que la CE remitiera una carta al Gobierno central de Mariano Rajoy pidiendo más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas españolas para expropiar temporalmente pisos a la banca.
El decreto para evitar los desalojos de personas que no pueden pagar sus hipotecas fue aprobado por el Gobierno andaluz hace un mes, y provocó entonces la polémica con Madrid.
La norma andaluza beneficiaría a unas doscientas personas en una primera fase y tendría como objetivo de expropiación viviendas desocupadas propiedad de personas jurídicas (bancos, empresas...), pero no físicas, y deja fuera las residencias dedicadas a usos turísticos u ocasionales.
Distintas asociaciones ciudadanas, como Stop Desahucios o Plataformas de Afectados por la Hipoteca apoyan “sin condiciones” al gobierno andaluz y destacan “la aberración que supone desahuciar a una familia sin recursos” mientras hay cientos de viviendas vacías propiedad de los bancos.
El líder del opositor PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que la CE debe entender que hay “motivos de justicia social y por lo tanto políticos” para defender el decreto.
Según los datos de una encuesta publicada ayer por el Banco de España, un total de 39.167 viviendas fueron entregadas a los bancos en 2012 en España como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria.
El estudio reveló que en el 83 % de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.
Los desahucios han desatado en España un movimiento social de apoyo a las víctimas, a través de iniciativas como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PHA), que se ha extendido por todo el país, cuyo objetivo es impedir estos procedimientos mediante la movilización ciudadana.
Además de ciudadanos españoles, miles de inmigrantes están también en peligro de desahucio por impago de sus créditos hipotecarios, víctimas de la grave crisis económica que sufre el país, con una tasa de desempleo cercana al 27 por ciento.