El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por mayoría un borrador que puede permitir en la práctica a las eléctricas operar las plantas hasta los 60 años en lugar de los 40 actuales, como siempre ha querido el Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, el cambio puede proporcionar a las compañías artillería legal para exigir indemnizaciones al Estado si los reactores se clausuran antes de ese plazo por razones ajenas a la seguridad nuclear, como por ejemplo un acuerdo político en ese sentido.
El borrador actualiza las revisiones periódicas de seguridad (RPS) de las centrales nucleares y fue aprobado por el pleno (que tiene cinco miembros, tres nombrados por el PP y dos por el PSOE) en la reunión del 30 de noviembre. Incluye una propuesta que viene directamente de Unesa, la patronal de las grandes eléctricas, y actualiza la Guía de Seguridad del CSN GSâ€1.10 (actualización de la revisión 1). Se aprobó con cuatro votos a favor y la única abstención de la exministra socialista Cristina Narbona.
En el acta de la reunión que el CSN ha colgado en su web este viernes, Narbona critica que “sin que haya mediado ningún debate en profundidad, la mayoría del pleno del CSN acepta disociar la RPS (que se hace cada diez años) del periodo de renovación de la autorización de explotación”, que hasta la solicitud de renovación de Garoña también cubría 10 años (Endesa e Iberdrola, sus propietarias, piden 17).
El CSN, critica Narbona, quiere romper esa norma con esa nueva guía de seguridad “contraviniendo así una buena práctica bien consolidada en España en materia de seguridad nuclear, sin que exista ningún argumento técnico que así lo recomiende” y en contra de las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En el escrito, Narbona denuncia que se trata de una propuesta copiada a las eléctricas: “La única referencia a la disociación de las RPS con el periodo de renovación de las autorizaciones de explotación se encuentra en los ”Comentarios Internos“, recibidos sobre una primera revisión del borrador, de la GS 1-10, actualización de la revisión 1, en concreto los realizados por UNESA en una decisión, de carácter informal, mantenida con el CSN”.
Narbona señala en su escrito que Unesa había propuesto eliminar “la referencia de validez de los permisos o AAEE [autorizaciones de explotación] por periodos de 10 años, ya que se considera innecesaria y podría no ser coherente con el proceso actualmente en curso de la AE [autorización de explotación] de CN Garoña”. Y así se ha hecho: “De hecho, el preámbulo del texto del borrador elevado al pleno ha eliminado dicha referencia”, critica Narbona.
Lucro cesante
“Lo que han hecho es eliminar el límite que había en España para que los reactores no se renueven más de 10 años sin esa guía de seguridad”, resume una fuente del CSN conocedora del proceso, que critica que, una vez esté aprobada esa modificación, permitirá a las eléctricas exigir lucro cesante a la Administración si una central se cierra por una decisión política.
En la reunión del 30 de noviembre, el pleno del CSN también acordó proponer al ministro de Energía, Álvaro Nadal, su candidato para el puesto de secretario general del CSN tras el cese de María Luisa Rodríguez López por “motivos personales”.
A propuesta del presidente, Fernando Marti, el candidato elegido por unanimidad es Manuel Rodríguez Martí, actual subdirector de Instalaciones Nucleares en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear. Rodriguez Martí es el ingeniero que lleva el expediente de la central nuclear de Garoña. Su nombramiento rompería una tradición por la que el puesto de secretario general del regulador nuclear suele estar vinculado a personas del mundo del Derecho.
El CSN está finalizando su informe preceptivo sobre el permiso que Endesa e Iberdrola, propietarias de Garoña, han pedido para que la central (que lleva parada desde finales de 2012) pueda operar hasta el 2 de marzo de 2031, fecha en la que se cumplirán 60 años desde su apertura.
El acta recoge una propuesta de Narbona para que, con ocasión de esa solicitud y el debate sobre el alargamiento de la vida de las centrales, el CSN cree una “comisión externa de asesoramiento técnico” formada por “expertos nacionales e internacionales para analizar las implicaciones que, en materia de seguridad nuclear y radiológica, comportaría el hipotético caso de que el Consejo informara favorablemente la autorización de explotación de un reactor nuclear hasta los 60 años de antigüedad, así como la eventual prolongación de la vida útil del resto del parque nuclear español”.
La exministra socialista justifica su propuesta en que el regulador está “ultimando” la petición de la renovación del permiso de Garoña y en que el organismo está inmerso en “un amplio proceso de adaptación de la normativa del CSN (instrucciones y guías), para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas, sin que se haya producido aún ningún debate de carácter integral en el seno del actual pleno del CSN sobre las implicaciones en materia de seguridad nuclear y protección radiológica del alargamiento de vida de las centrales nucleares hasta los 60 años de explotación comercial”.