El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), controlado por el PP, ha aprobado este miércoles su dictamen favorable sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España, cerrada por sus dueños desde finales de 2012.
El visto bueno se ha aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra. A favor han votado los tres vocales nombrados por el PP, incluido el presidente, Fernando Marti, y la vicepresidenta, Rosario Velasco (nombrada por el PSOE). En contra sólo se ha posicionado la exministra Cristina Narbona (PSOE). El CSN ha convocado una rueda de prensa para esta tarde en su sede en la que explicará su dictamen.
Tras informe positivo del CSN sobre la solicitud de prórroga de la licencia de la planta, propiedad de Endesa e Iberdrola, la decisión definitiva quedará en manos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que quiere que Garoña vuelva a funcionar.
El voto favorable del pleno del regulador nuclear se ha producido en contra de las propias directrices que había emitido previamente el CSN. Y tiene truco: ha dado luz verde a la renovación de licencia de la central, pero prohibiéndole cargar combustible y operar a potencia (esto es, no va a poder producir electricidad), mientras no realice las inversiones que le exigió en su momento, que, según fuentes del sector, superan los 200 millones de euros.
El 16 de marzo de 2015, el director Técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, remitió una carta a Nuclenor, la sociedad propietaria de Garoña, en la que le advertía de que de ninguna manera emitiría su informe preceptivo si antes no estaban hechas determinadas mejoras en seguridad.
Era “necesario para la emisión del citado informe”, advirtió entonces Munuera, que la planta realizase esas inversiones, que incluían obras de gran envergadura (cambio de trenes eléctricos, inversiones en venteo, filtrado...).
Nuclenor no ha hecho esas inversiones en Garoña, que tiene un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón. “En el momento presente Nuclenor no ha finalizado la implantación de esas modificaciones de diseño, encontrándose en distintos grados de avance los trabajos para cada una de ellas”, tal y como reflejaba el resumen ejecutivo del dictamen que la dirección técnica del CSN emitió hace unas semanas.
“Compromiso” por carta
Sin embargo, el pleno ha pasado por alto esa condición. Se ha conformado con una carta que le ha remitido Nuclenor en la que mostraba su “compromiso” para hacer todos esos arreglos una vez recibiera la autorización de explotación, que no va a ser por 10 años (como se realizaban hasta ahora); Endesa e Iberdrola han pedido que la central, que se conectó a la red en 1970, funcione hasta 2031.
“La evaluación del CSN de los Documentos Oficiales de Explotación (DOE) aplicables a la autorización de explotación y hasta la carga de combustible ha comprobado que los aspectos pendientes han sido correctamente incorporados a los mismos, o que el titular ha adquirido los correspondientes compromisos para su resolución antes de la carga de combustible”, señalaba el resumen de ese dictamen técnico.
Algunas fuentes interpretan que este permiso choca frontalmente con lo que estipula el artículo 12.c del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que define la autorización de explotación (como la que el CSN va a renovar a Garoña) como el permiso que “faculta al titular a cargar el combustible nuclear o a introducir sustancias nucleares en la instalación, a realizar el programa de pruebas nucleares y a operar la instalación”.
Con el visto bueno del CSN, Endesa e Iberdrola tendrán en Garoña un activo financiero de gran valor, pese a que la propia Iberdrola advirtió el año pasado, por boca de su presidente, de que Garoña “no se va a reabrir” por motivos “económicos”, en alusión a esas inversiones que Nuclenor no ha querido hacer.
A las dudas de una de las propietarias de Garoña se suma el hecho de que una mayoría del Congreso (entre otras formaciones, PSOE, Podemos y Ciudadanos) pidió en noviembre al Gobierno (que está en minoría parlamentaria) paralizar el proceso de reapertura. Algunas fuentes advierten de que este permiso y el previsible visto bueno del Gobierno podrían ser la coartada para permitir a las propietarias de la planta indemnizaciones por lucro cesante aunque no vuelva a abrir.
Es dudoso que Garoña, la central nuclear más vieja y pequeña de España, vuelva a producir electricidad. Pero en el sector se considera que el dictamen que el CSN va a aprobar este miércoles es la antesala para alargar la vida de las centrales atómicas hasta los 60 años, como quieren las eléctricas y el PP. La siguiente planta en el calendario de licencias a la que le toca renovar su permiso es la central de Almaraz, la más potente de España, que prevé solicitar su prórroga en mayo de este año. En 2020 se cumplirán 40 años desde que el primer reactor de esta central se puso en marcha.