El relator de la ONU sobre la pobreza celebra el ingreso mínimo vital y pide que se amplíe a los migrantes sin papeles

El nuevo relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha celebrado el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de España como “un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza”. El experto pide al Ejecutivo ampliar esta renta mínima estatal de manera que no excluya a colectivos vulnerables, como los inmigrantes en situación irregular o que acaban de conseguir los papeles.

De Schutter, que ha tomado recientemente el relevo del australiano Philip Alston, considera que esta nueva renta mínima a nivel estatal “muestra cómo los Estados pueden aprovechar la crisis económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19 para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad”.

“El plan proporcionará el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas y es un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad”, celebra el experto de la ONU.

La visita a España de su antecesor en el cargo poco antes de que se desatara la pandemia supuso una llamada de atención sobre la pobreza en España y las escasas e ineficientes medidas aprobadas para combatirla.

Olivier De Schutter recuerda las cifras del Ejecutivo español sobre el alcance del ingreso mínimo vital, que pretende llegar a unos 850.000 hogares y que permita salir de la pobreza extrema y muy alta a 1,6 millones de personas. “Animo al Gobierno español a seguir ampliando la cobertura de este programa y a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos”, sostiene.

Evitar la exclusión de colectivos vulnerables

El experto en pobreza extrema de la ONU recuerda que “es esencial que el plan se diseñe para llegar al mayor número posible de personas necesitadas”, por lo que señala varios colectivos que en su opinión no deberían quedar fuera de la nueva prestación. Entre los requisitos para acceder a esta ayuda figura por ejemplo tener la residencia legal en España al menos desde hace un año, con algunas excepciones.

“Las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables, como los migrantes indocumentados o recientemente documentados, los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar”, defiende Olivier De Schutter.

El relator de la ONU destaca que “el gasto público en protección social en este momento es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros”.