La muerte de las renovables. Así se resume el análisis de las principales asociaciones del sector, Anpier, APPA, Protermosolar y UNEF, que han presentado este jueves. En total, cifran en 3.400 millones la caída de ingresos en 2014 para la industria por las decisiones del Gobierno, al margen las sufridas en 2013. ¿Cuáles son estas decisiones? La reducción de los incentivos –“rentabilidad razonable” revisable cada seis años–, el peaje al sol para el autoconsumo y el menor peso en la factura de la luz del consumo.
“España va a pagar muy caro la ruptura de la seguridad jurídica”, ha afirmado José Donoso, presidente de UNEF (Unión Española Fotovoltaica): “Los recortes no son homogéneos, en algunos casos llegan a más del 50%: es claramente expropiatorio. Además, hay que tener en cuenta que hasta 2012 sólo el 12% del déficit de tarifa [2013 ha terminado con 4.098 millones, según la Comisión de la Competencia, en lugar de los 3.600 previstos] tenía que ver con las renovables. No somos culpables. La reforma eléctrica del Gobierno es improvisada y lleva al sector a la extinción”.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha anunciado: “Esto no le va a salir gratis al Gobierno”. “Ninguna protermosolar llega a esa rentabilidad razonable”, ha asegurado Luis Crespo, de Protermosolar: “Con los números que nos están poniendo encima de la mesa, no se habría construido nada termosolar”. En este sentido, José Miguel Villarig, de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), ha explicado: “Se recorta un 39% de los ingresos en biomasa. Las primas a eólicas están muy por debajo del ahorro que supone el mercado”. Santiago Gómez, también de APPA, ha zanjado: “Nadie habría invertido en eólica con los costes de hace años con las condiciones de ahora”.
Lo que denuncia el sector es que los 1.538 folios que aprobó el Gobierno a principios de diciembre como nuevo régimen retributivo de las instalaciones renovables, que desgrana una por una, reduce drásticamente los ingresos cambiando las reglas sobre la marcha y, además, hace impensable nuevas inversiones en el sector.
A todo ello, hay que añadir que la nueva ley del sector eléctrico prevé un “peaje de respaldo”. Lo que este eufemismo significa es un peaje al sol: que todo aquel que tenga una placa fotovoltaica para el autoconsumo debará pagar por estar conectado a la red, a la que está suministrando energía. ¿Por qué? Para tener disponible la red en el caso de que la necesite.
Jorge Morales, ingeniero industrial y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, suele descibirlo así: “El peaje al autoconsumo es como si tienes plantados unos tomates en tu terraza y tuvieras que pagar al supermercado de la esquina un canon obligatorio mensual por si, en el momento en que te quedes sin tomates, quisieras ir a comprarlos. No pasa en ningún país del mundo”.
En último término, la tendencia del Gobierno hacia que cada vez pese menos en la factura el término variable –lo que consume cada uno– y que cada vez pese más el término fijo –la potencia de la energía contratada– hace que se desincentive el ahorro energético y que tenga menos impacto en la factura, es decir, en el bolsillo, utilizar renovables.
En consecuencia, irán a los tribunales, aunque no necesariamente de la mano. Como todo se está aplicando por real decreto, las posibilidades, ya exploradas, son escasas: ante un arbitraje internacional, para lo cual es necesario un inversor extranjero, y ante la justicia española por las órdenes de peajes del Gobierno que aplican los reales decretos.
De acuerdo con los datos aportados, el sector “llegó a superar los 137.000 empleos y en 2012 ya había perdido más de 23.000. En el periodo 2005-2012, las renovables redujeron la balanza energética española en más 15.300 millones y evitaron emisiones contaminantes por valor de 3.100 millones de euros. En esos años, las energías renovables ahorraron a los consumidores más de 32.500 millones en el mercado eléctrico”.