En las últimas semanas se han publicado diversos indicadores sobre la situación económica de los hogares que han servido para construir una narrativa particularmente sombría. Las cuentas macroeconómicas que elabora el INE mostrarían que, en 2022, se produjo una caída importante de la renta disponible de los hogares una vez descontado el efecto de la inflación. Por otro lado, la publicación de las estadísticas tributarias solo ha interesado para certificar que el tipo medio de gravamen ha subido a su máximo histórico, hasta alcanzar el 14% de la renta antes de impuestos. Si de verdad la situación es esta, las cosas van de mal en peor desde el inicio de la pandemia: los españoles ganan cada vez menos y pagan más impuestos.
En un plano muy distinto, la reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del INE presentó una imagen que estaba lejos de ser tan catastrófica. Los datos de renta, referidos al 2021, muestran que en promedio la renta por persona creció un 6% (mientras que según la contabilidad nacional el aumento es de solo un 3,1%) y la valoración media de la satisfacción respecto a la situación económica se situaba al mismo nivel (6,3 sobre 10) que en 2018. Pues como han señalado otros autores, se ha producido una importante caída en la pobreza y en la desigualdad. Y esta tendencia parecida continuarse en el momento actual, pues el Eurobarómetro del invierno 2022-2023 el 70% de los entrevistados en España consideraba buena la situación financiera de su hogar.
Como analizaremos en este artículo, la situación efectivamente es mucho mejor de la que presentan las cuentas macroeconómicas. En 2022, la materialización de una elevada inflación amenazó el bienestar de los hogares. Sin embargo, la inflación tiene un efecto desigual entre las personas, dependiendo del tipo y nivel de ingresos. En líneas generales, si se toman las mismas estadísticas tributarias se observa que las rentas de las economías domésticas crecieron a un ritmo muy superior de las que registra el INE. De esta forma, los problemas de subestimación del PIB que vienen produciéndose en los tres últimos años (y que hemos detallado en artículos anteriores referidos a producción, gasto y rentas) se manifiestan en este ámbito con igual o mayor crudeza. Incluso después de la fuerte subida del IPC, las fuentes tributarias indican que los hogares habrían mantenido el poder adquisitivo de 2019, mientras que las cifras del INE presentan un dramático escenario por el cual la renta real en 2022 era un 6% inferior al año anterior a la pandemia.
Analizar las rentas antes de impuestos es decisivo, pues solo así se entiende que el tipo medio del IRPF haya subido hasta alcanzar el máximo antes señalado. Esta subida no se puede explicar en exclusiva debido al efecto de la progresividad en frio, es decir, a que los tramos de imposición en el IRPF no se han actualizado de acuerdo con la inflación. El crecimiento real de las rentas de los hogares desde 2019 que muestra las estadísticas tributarias, en oposición a la caída que indica el INE, es un factor más relevante. El mejor comportamiento de las rentas altas sometidas a la escala progresiva (básicamente, los asalariados y autónomos con ingresos elevados) y la pequeña subida en 2021 en los tipos marginales explican también este aumento.
Este balance debe por tanto empezar por las rentas, restar después la carga fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) para así llegar a la renta disponible. Con estos recursos las personas deciden sus gastos, bien sea en el consumo de bienes y servicios, o destinándolo a la inversión (como supone la compra de vivienda). Por simplificar el análisis, todas las variables las expresamos en términos constantes y utilizando el IPC como deflactor. Como el Índice de Precios de Consumo puede enmascarar diferencias entre grupos sociales (no todas las personas tienen la misma cesta de la compra) y además no recoge el incremento en los precios de los activos (por ejemplo, del coste de compra de una vivienda), proporcionamos en un apéndice los resultados en términos nominales para aquellos interesados en utilizar parámetros más precisos.
Nuestro punto de partida son las cuentas nacionales que elabora el INE y que incluyen toda esta información. Comparamos, además, determinadas partidas decisivas con las estadísticas tributarias para así ilustrar la fuerte divergencia entre unos y otros registros. Cotejamos cuatro grandes partidas de la renta antes de impuestos: los salarios, las prestaciones monetarias (como pensiones, prestaciones por desempleo y rentas mínimas), los ingresos procedentes de los negocios de los autónomos y del alquiler inmobiliario, y, por último, las rentas de activos financieros (intereses y dividendos). En este análisis contabilizamos por separado algunas partidas que el INE registra, pero de las cuales la Agencia Tributaria carece de información al no estar sujetas al IRPF (por ejemplo, los alquileres imputados a las personas que habitan viviendas en propiedad). Asimismo, analizamos por separado las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones o inmuebles. Estas rentas sí son declaradas a Hacienda, pero, en cambio, no se incluyen en el marco conceptual de las cuentas nacionales elaboradas por el INE. Su estudio siempre es relevante dado su extraordinario grado de concentración entre los grupos más ricos. Sin embargo, las diferencias en uno y otro caso no explican la creciente divergencia y, de nuevo, en aras de la transparencia ponemos a disposición del lector interesado todas las variables utilizadas.
Los gráficos adjuntos muestran esta comparación desde 1999. A grandes rasgos se observa una notable coincidencia en algunos casos y en otros una inusual divergencia desde 2019. Las mayores similitudes ocurren en las prestaciones sociales tales como las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y los programas de rentas mínimas (como las pensiones no contributivas, el IMV, etc.). Ello se debe a que las administraciones públicas son las responsables de la inmensa mayoría de estos pagos y, aunque hay pequeñas diferencias conceptuales entre los registros del INE y de la Agencia Tributaria, la divergencia es mínima. Ambas señalan un notable crecimiento en 2020 asociado a los ERTE y de las que se beneficiaron casi cuatro millones de asalariados. Después, su magnitud total se ha reducido en la medida en que la economía española ha protagonizado una notable recuperación y hoy en día hay menos personas dependiendo de prestaciones sociales.
En las rentas de los activos financieros –los intereses y dividendos– también se produce una notable coincidencia en las tendencias, tanto antes como después de la pandemia. Los dividendos son muy sensibles al ciclo económico, por lo que cayeron con fuerza en 2020 y solo ahora están a punto de recuperar sus niveles previos. Más importante es el hecho de que los intereses que perciben los particulares por sus depósitos bancarios han seguido en 2022 en mínimos históricos.
Las divergencias se concentran en los salarios, en las rentas de los autónomos y en el alquiler inmobiliario. Los salarios tienen una importancia decisiva, pues son la principal fuente de renta hasta el punto de representar el 50% de los ingresos antes de impuestos de los hogares. Como ya hemos señalado en diversas ocasiones, la contabilidad nacional del INE mantiene desde la pandemia una persistente tendencia a su subestimación, un hecho que luego solo corrigen de forma parcial en las revisiones. Hace más de un año, el 27 de febrero de 2022, sosteníamos que la caída del 7,2% de los salarios en 2020 que estimaba entonces el INE era exagerada. Y en septiembre de 2022 la contabilidad nacional revisó los salarios de 2020 y 2021 en un total de 12 mil millones de euros. Incluso después de esta revisión, como habrá ocasión de ver en un próximo artículo, la comparación detallada sugiere que la caída de 2020 estimada por el INE sigue siendo exagerada y que el débil crecimiento de los salarios en 2021 y 2022 registrado es también inferior al ocurrido realmente. No es una cuestión menor porque, si se realizan los ajustes necesarios (contabilizando por separado los salarios de los empleados del hogar y los pagados en País Vasco y Navarra), la Agencia Tributaria termina registrando más salarios que la contabilidad nacional. Ello equivaldría a suponer que vivimos en un país con fraude negativo, un absurdo que nadie se ha atrevido a teorizar.
Un caso relativamente parecido ocurre con las rentas declaradas por los autónomos y los arrendadores de inmuebles (viviendas, oficinas, locales). Según las estadísticas tributaria, estas rentas cayeron un 11,4% en 2020, pero después registran una recuperación tan intensa en 2021 y 2022 que han superan con creces los niveles de 2019, después de descontar la inflación. Estas cifras provienen, por cierto, de las declaraciones anuales que presentan millones de empresarios y arrendadores, pero también de los modelos que muchos de ellos presentan con frecuencia trimestral. Las declaraciones suelen ir acompañadas de pagos a cuenta del IRPF, por lo que de nuevo la estadística tributaria tiene un especial valor porque los interesados (Hacienda y los contribuyentes) cuidan al máximo sus intereses. La relativa buena salud de este sector decisivo de la economía española se explica tanto porque su número sigue creciendo (hoy hay más empresas personales que en ningún otro momento) como por el dinamismo y diversificación de su actividad (medida en términos de su facturación, valor añadido o empleo generado).
Las rentas de los autónomos y del alquiler según la contabilidad nacional (i.e. la renta mixta bruta) registraron en 2020 una caída de mayor intensidad que la observada por Hacienda y la recuperación posterior, descontada la inflación, ha sido muy débil. Así, según el INE, la crisis para este sector de empresarios estaría lejos de haber finalizado. Obsérvese que estas diferencias tan notables podrían haberse explicado en el pasado porque en la estadística tributaria se recogían un amplio número de actividades en el llamado sistema de módulos, una modalidad en donde los aumentos (y caídas) de renta se minimizaban con respecto a las fluctuaciones reales. Pero esta peculiaridad ya no puede ser una razón de peso, teniendo en cuenta que, entre 2007 y 2020, se ha reducido en aproximadamente 500.000 el número de empresarios en módulos de forma que su peso sobre el total es mínimo en la actualidad.
Si se suman estas cuatro fuentes de ingresos se obtiene una razonable aproximación a la renta antes de impuestos. En el gráfico adjunto se observan su evolución en términos reales, según Hacienda y el INE, durante el mismo periodo. El lector podrá rápidamente observar que nunca en veinte años se había producido una divergencia en las tendencias como las que se están manifestando desde 2019. Antes de esta fecha, entre 1999 y 2019, la contabilidad nacional y las estadísticas tributarias coincidían en las tendencias y solo había pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento anual. Desde el inicio de la pandemia, una y otra parece que se refieren a sociedades distintas. De acuerdo con la Agencia Tributaria, en 2022 la renta real, antes de impuestos, se situó un 3% por encima de la registrada en 2019. La contabilidad nacional afirma lo contrario, hasta el punto de que la caída acumulada alcanza, en términos reales, casi el 4%. ¿De qué país hablamos?
A partir de este punto, el resto de las tendencias son fáciles de interpretar. El pago de impuestos y cotizaciones que recoge el INE es prácticamente idéntico al que refleja la Agencia Tributaria y las pocas diferencias se refieren a diferencias en los criterios contables (por ejemplo, de caja frente a devengo). Al medir la presión fiscal relacionada con el IRPF, las estimaciones que subyacían a las series del INE indicaban hasta 2019 una menor presión fiscal que en el caso de la Agencia Tributaria, pues siempre ha existido un margen de rentas procedentes de la economía sumergida que ni se declaran ni tributan. Desde la pandemia, la presión fiscal asociada al IRPF de acuerdo con las cifras del INE habría aumentado a un ritmo sin precedentes, incrementándose en casi dos puntos (del 12,25% en 2019 al 14,25% en 2022). Con los registros de Hacienda no solo no se produce una subida tan llamativa, sino que, además, se termina, por primera vez desde 1999, con un tipo medio inferior al del INE (14,07%).
Además, cabría recordar que los análisis que se preocupan en exclusiva por el peso de la carga fiscal obvian el crecimiento sostenido de las transferencias en especie que realizan las administraciones públicas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El aumento en la presión fiscal tiene como reverso un récord histórico en prestaciones en especie (como es el pago del gasto farmacéutico, los conciertos educativos, etc.) y del consumo público en servicios colectivos, como la educación y la sanidad. Solo midiendo el efecto neto de los impuestos y transferencias se puede tener una visión completa sobre el bienestar de los hogares, tal como argumentaron hace unos años algunos de los economistas más reputados.
Los interesados en conocer la salud de las economías domésticas, entre ellos las propias autoridades, tienen que convivir con estas anomalías estadísticas. La incertidumbre se irá disipando y, probablemente, desaparecerá por completo si la nueva revisión de la contabilidad nacional que se realizará en septiembre de este año aproxima las estimaciones contables a los agregados procedentes de la estadística tributaria, pero también a la información de otras fuentes tan solventes como la Encuesta de Población Activa o la Central de Balances del Banco de España. La sociedad española podrá entonces reconocer el efectivo vigor que ha mostrado la economía española en su respuesta a la pandemia y a las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania.
Una síntesis de los indicadores utilizados en este artículo se puede consultar en esta tabla. La base de datos completa está también disponible para su consulta.
La integración de los estudios sobre la distribución de la renta y el gasto en el marco de las cuentas del Sector Hogares de la Contabilidad Nacional es un objetivo prioritario de estudio por parte de la comunidad académica y de los sistemas estadísticos. En los últimos años, se han publicado diversas aproximaciones sobre la correcta articulación entre los micro-datos procedentes de encuestas y registros con las macromagnitudes contables. Algunos de estos ejemplos son las Cuentas Nacionales Distributivas (DINA), elaboradas por el World Inequality Lab, o las procedentes del OECD-Eurostat Expert Group on Disparities in a National Accounts Framework (EG DNA).
En el caso español, el primer trabajo al respecto de Sanz (1995) analizaba la articulación entre la Encuesta de Presupuestos Familiares, las Estadísticas Tributarias y la Contabilidad Nacional. Una aproximación más detallada sobre la comparación entre la renta de los hogares declarada a Hacienda con las cuentas del sector Hogares de la Contabilidad Nacional puede estudiarse en el trabajo La conexión micro-macro en el sector hogares: de la renta de la Contabilidad Nacional a la renta por secciones censales, presentado el 23 de abril de 2015 en una Sesión Técnica del INE y que puede encontrarse, probablemente, en su biblioteca. En este trabajo se encuentra la justificación de la selección de variables contables susceptibles de comparación con los agregados tributarios. La Encuesta de Condiciones de Vida utiliza una metodología mixta que combina las rentas declaradas por los hogares con los registros fiscales. En cambio, la estadística de Indicadores Urbanos, sobre la renta por ciudades y municipios, y el más reciente Atlas de distribución de renta de los hogares depende por completo de los datos administrativos. El documento metodológico de esta última estadística constituye una excelente síntesis sobre esta aproximación.
Para la comparación realizada aquí se ha empezado por los registros de la Contabilidad Nacional que proporcionan mayor detalle, es decir, las Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales, con datos hasta 2021. De forma adicional se han utilizado las Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales, publicadas el 31 de marzo, con datos hasta el cuarto trimestre de 2022. Con esta última fuente se pueden conocer algunas partidas de las cuentas de los hogares en términos igual de detallados que en las cuentas anuales como, por ejemplo, la renta mixta bruta (B3b) y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (D62). En otros casos, para medir las rentas (sueldos, intereses y dividendos) y el IRPF (D51 Impuestos sobre la renta) hemos hecho una proyección con las variables más cercanas. Para los sueldos y salarios (D11) se ha proyectado su crecimiento en 2022 utilizando el crecimiento de los sueldos pagados por los sectores residentes. Esta aproximación es bastante precisa dado que su magnitud total es muy similar a la variable de interés, los sueldos percibidos por los hogares residentes. Para la comparación de las rentas del capital mobiliario declaradas a Hacienda se han sumado los dividendos y rentas retiradas de las cuasi-sociedades (D42) y la variable (D41G) que recoge los intereses percibidos antes de la asignación de SIFMI (servicios de intermediación financiera medidos indirectamente). En ambos casos, para el año 2022, hemos proyectado las tasas de crecimiento de acuerdo con las rentas percibidas por el de los sectores hogares e instituciones sin ánimo de lucro (S14-S15). En el caso del IRPF, hemos supuesto un crecimiento en 2022 igual al registrado en la suma de impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio (D5).
Por el lado de la renta declarada a Hacienda la fuente principal utilizada es el fichero que acompaña el Informe Anual de recaudación tributaria y el fichero de Series históricas de bases, tipos e impuestos devengados que acompaña al Informe mensual de recaudación tributaria de febrero. Ambos contienen las variables de interés, en frecuencia anual y trimestral, desde el primer trimestre de 1995 hasta finales de 2022. Estas series resumen la información declarada contenida en las estadísticas anuales, trimestrales y mensuales publicadas por la Agencia Tributaria anticipando, en muchos casos, la información de las estadísticas anuales.
En los salarios, hemos incluido no solamente las retribuciones de clave A del modelo 190 que son las utilizadas en el Cuadro 1 del fichero de bases tributarias, sino que también ha sido preciso añadir las retribuciones percibidas por los consejeros de las sociedades mercantiles (Clave E del modelo 190) que figuran en el Informe anual de recaudación tributaria. La comparación de las prestaciones sociales (D62 según la Contabilidad nacional) se hace con respecto a la suma de pensiones, prestaciones por desempleo y rentas exentas (clave L según los datos de la Agencia Tributaria). En esta última se incluyen las prestaciones familiares, las rentas mínimas y las pensiones no contributivas. El resto de las rentas incluidas en la comparación son las procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles, las rentas de la empresa (los autónomos), y las rentas del capital mobiliario.
Debe recordarse que el objeto fundamental de este trabajo ha sido comparar las tendencias y tasas de crecimiento. Una comparación de niveles obligaría a un mayor esfuerzo para reconciliar las variables de la contabilidad nacional y las presentadas por la Agencia Tributaria, empezando por el hecho de que estas últimas siempre se refieren a las percibidas por residentes en el territorio de régimen fiscal común y que excluyen a los territorios forales (País Vasco y Navarra). El peso de las rentas que afluyen a estos últimos representa aproximadamente un 7.5-8% del total nacional, según la Contabilidad Regional del INE.