- La pobreza laboral está obligando a buscar otras fórmulas de salarios sociales en todo el mundo
Casi un tercio de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando el pasado mayo el Instituto Nacional de Estadística hizo pública la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, de nuevo saltaron todas las alarmas sobre el incremento de la desigualdad y de los índices de riesgo de pobreza en nuestro país. Cinco días antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicaba el informe, ‘Por qué menos desigualdad beneficia a todos’, en el que mostraba cómo la brecha entre los ricos y los pobres, residentes en los treinta y cuatro países miembros, había alcanzado su máximo histórico desde que inició su medición hace tres décadas: el 50% de la riqueza está en manos de los más pudientes, mientras que los más pobres tan sólo tienen el 3% de la misma.
En el caso de España, las consecuencias de la crisis y del largo periodo de recesión, sumadas a las políticas de recortes presupuestarias y de austeridad de los últimos años, se han ido traduciendo en cifras récord de desempleo, grandes ajustes salariales y una precariedad laboral expandida a todos los sectores que han contribuido a agrandar la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos, y a aumentar exponencialmente y de manera preocupante el número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza o que se precipitan hacia ella. En concreto, y en base a los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 29,2 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE (At risk of poverty or social exclusion), de la que hace uso la oficina estadística Europa (EUROSTAT) para calcular el porcentaje de personas más desfavorecidas en un estado y que combina tres factores: el riesgo de pobreza, la carencia material severa y hogares sin empleo o con baja intensidad laboral.
Este porcentaje representa la mayor subida interanual de los últimos cinco años, casi dos puntos con respecto a la tasa de 2013 (27, 3%), y supone que aproximadamente 13,6 millones de casi de 46,5 millones de ciudadanos españoles censados durante la elaboración de la encuesta –se realiza entre los meses de marzo y julio de cada año, y en julio de 2014, según los datos del INE, residían en España 46.452.800 personas-, percibían unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana por unidad de consumo –7.961 euros en hogares unipersonales y 16.719 euros en hogares compuestos de una pareja y dos niños -, no tenían trabajo o trabajaban menos del 20% del potencial laboral, no podían hacer frente al alquiler o a una letra, les era imposible afrontar gastos imprevistos o no podían permitirse una comida con carne, pollo o pescado al menos tres veces por semana, entre otras circunstancias.
A pesar de estos datos, que han magnificado la alarma social por el aumento de la pobreza en España y que no han dejado de aparecer casi a diario en multitud de medios españoles, hay personas solteras, con o sin apoyo familiar o de los amigos, y familias que lo están pasando aún peor. Según la última Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2015, hay2,4 millones de parados de larga duración, 1,8 millones hogares en el que todos sus miembros están en paro y 770.700 las familias en las que no entra ningún tipo de ingreso laboral, pensión o prestación por desempleo. Son especialmente estos dos últimos grupos los que están en un mayor riesgo de exclusión, marginalidad o vulnerabilidad y que para sobrevivir hasta que logren conseguir algún tipo de trabajo que les asegure un ingreso, sólo pueden optar a una ayuda pública de carácter subjetivo: las Rentas Mínimas de Inserción (RMI).
El último clavo al que aferrarse
Esta ayuda, gestionada exclusivamente a nivel autonómico, que ofrece una prestación económica y que plantea una inclusión activa, tanto social como laboral, es para cientos de miles de españoles que carecen de ingresos, que no han trabajado nunca o que han agotado las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como no contributivas, una especie de salida de emergencia de la pobreza o la última posibilidad para no precipitarse hacia la pobreza más severa.
Por citar algunas de sus características económicas principales, la cuantía mínima media aproximada por titular al mes no suele sobrepasar los 450 €, salvo en los casos de Canarias (472,16 €), Navarra (548,51 €) y el País Vasco (662,51 €), y, la cuantía máxima media por unidad familiar, está en torno a los 600 €, menos en las comunidades de Navarra (962,10 €) y País Vasco (941,06 €), que de nuevo están a la cabeza de las que mayor cuantía conceden, y en Asturias (730,88 €), Baleares (776,57 €) y Castilla la Mancha (741,78 €).
En lo referente a las condiciones para poder acceder a la ayuda, son muy dispares entre unas comunidades autónomas y otras, pero, por lo general, comparten ciertos requisitos como la edad mínima para solicitarla, que son veinticinco años, la obligación de estar empadronado, tener una residencia media de unos doce meses y, en el caso de que se perciban ingresos de algún tipo, la mayoría de las CC AA suelen requerir que sean inferiores a la cuantía de la propia renta mínima.
“Las Rentas Mínimas de Inserción son la última malla de seguridad de nuestro sistema de protección social, aunque realmente no es un sistema articulado y ese es uno de los problemas”, señala Guillermo Fernández, Técnico del Equipo de Estudios en Cáritas Española y autor de ‘El aumento de la fragilidad de las rentas mínimas de inserción durante la crisis’, un artículo en el que analiza cómo el aumento de la inversión en las Rentas Mínimas de Inserción es asimismo una reducción de la extensión y la intensidad de las mismas en relación al contexto de crisis en el que nos encontramos. “En el año 2013, sólo una de cada veinte personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE, percibían esta renta. Incluso, si tuviésemos en cuenta a las personas en pobreza severa, que es a quienes va dirigida realmente esta prestación, sólo cubriría a uno de cada cinco”, subraya Fernández en declaraciones a la fundación porCausa.
Y es que no todo el mundo cumple con los requisitos o condiciones de acceso a la prestación y, a pesar de que el gasto público en este tipo de ayudas viene incrementándose en los últimos años -1.040.623.809 € en 2013, un 21,74 % más que en 2012, que fue de 854.748.514 €-, el número de concesiones de ayudas de rentas mínimas no llega a satisfacer una demanda cada vez mayor de ciudadanos necesitados. En 2013 fueron 258.408 los titulares que recibieron la prestación y 379.165 el número de miembros dependientes de dicha ayuda; en total, 637.573 perceptores directos e indirectos, más del doble que en el inicio de la crisis en 2007, cuando fueron 299.756 los perceptores de la prestación. Si pusiésemos en relación el número total de perceptores de las RMI en 2013 con la suma del número de hogares en los que todos sus miembros activos estaban en paro (1.807.700, según datos de la EPA del último trimestre de 2013) y el número de familias en las que no entraba ningún tipo de ingreso (686.600, EPA de 2013), el resultado sería que la tasa de cobertura de las RMI para estos grupos alcanzaríatan sólo a poco más del 25% de dicha población.
Esta disparidad de criterios y cuantías es la que ha llevado al equipo económico del PSOE a plantear una homogeneización de la prestación a través de un “ingreso mínimo vital”. Podemos también opta por un programa de rentas mínimas y Ciudadanos aboga por un salario complementario. En otros países el debate está también enfocado a la subida de los salarios mínimos.
La inequidad de un sistema autonómico
La inequidad de un sistema autonómico“Analizando la información territorial, uno de los aspectos más destacables es la heterogeneidad de enfoques y criterios que se aplican a nivel autonómico y la fuerte concentración de dicho subsistema en el País Vasco”, explica Graciela Malgesini Rey, Responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN ES) y autora del ‘Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España’. En el mapa que encabeza el artículo se puede comprobar cómo, por ejemplo, la cuantía mínima de RMI para un titular al mes en el País Vasco es más de dos veces superior (662,51€) a dicha cuantía en la región de Murcia (300 €). Por otro lado, en la tabla de condiciones de acceso a las Rentas Mínimas de Insercion, se puede observar cómo en Murcia para poder recibir la prestación hay que tener una residencia de cinco años como mínimo, mientras que en el País Vasco es de 1, 3 o 5 años dependiendo de la situación.
El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha dejado de llamar la atención de medios, activistas de la lucha contra la pobreza u ONG, al ser un referente en la gestión del sistema de RMI -en País Vasco se denomina Renta de Garantía de Ingresos (RGI)-. Por dar un par de datos: el 43% del total del dinero público invertido en esta prestación en todo el territorio nacional en 2013 salió del presupuesto de País Vasco -concretamente, 435.370.000 €, por delante de Cataluña, que es la segunda comunidad que más gasto realizó, 132.799.750 €- y fue la segunda autonomía en número de perceptores de RMI, 136.058, por detrás de Andalucía, que tenía 158.146. Todo ello y a pesar de que es de las regiones con mayor renta per cápita de toda España. “La mejor posición financiera de las Administraciones Públicas del País Vasco en la actualidad no explica en absoluto el desarrollo de esta política. El principal punto fuerte del sistema vasco es que se establece muy pronto desde una perspectiva de derecho a una garantía de recursos, con cuantías comparativamente cercanas a las existentes en programas de esta naturaleza en Europa”, explica Luis Sanzo, Responsable del área de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y uno de los impulsores del sistema de RGI en su diseño y consolidación en sus inicios y en la reforma a finales de los 90. “Además, pretendía evitar un proceso de pérdida total de ahorros de los colectivos más afectados por la pobreza, así que de esta forma se estableció que no era necesario carecer por completo de ahorros para acceder al sistema de protección”, añade Sanzo.
La problemática de la desigualdad territorial de la aplicación de la política del sistema de Rentas Mínimas de Inserción, que hace que haya más pobres en unas regiones u otras de España, no es nada nuevo y desde hace tiempo muchas organizaciones vienen demandando un marco común regulador a nivel estatal de estas políticas sociales; sobre todo ahora, que las cifras del aumento de pobreza relativa y desigualdad sobrevuelan mítines y congresos políticos, tertulias periodísticas, ocupan espacios mediáticos como nunca antes y están presentes en demás debates en los que participan organizaciones civiles de ámbito social. “Probablemente, si queremos mejorar la cobertura y adecuación del sistema de protección para los colectivos vulnerables, el paso más decisivo sea, como sugieren los sindicatos, integrar a más personas en ese sistema que actualmente deja a tantas personas fuera, sin renunciar al andamiaje ya existente”, afirma Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza . “Un segundo paso, complementario, es mejorar la protección de las familias con hijos a cargo, y posiblemente, desarrollar, en línea con lo que sucede en otros países con sistemas más comprehensivos, ayudas suplementarias para que estos colectivos puedan afrontar gastos específicos que, sin estas ayudas, pueden comprometer seriamente su bienestar”, concluye Klose, experto y estudioso del estado de bienestar español.
El debate sobre cómo abordar la política del sistema de Rentas Mínimas de Inserción no ha hecho más que empezar y se augura intenso en los próximos meses previos a unas elecciones generales donde parece que la problemática del incremento de la pobreza y la desigualdad en España estará en el centro de la arena política. Por ahora PSOE y Ciudadanos ya han hecho sus propuestas y en breve se conocera de forma más concreta la idea de Podemos.