Repsol dispara sus resultados un 70%, hasta 4.251 millones, tras lograr los mayores márgenes de su historia

Antonio M. Vélez

16 de febrero de 2023 08:52 h

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Repsol disparó en 2022 su beneficio neto un 70%, hasta 4.251 millones de euros, en “un ejercicio marcado por la incertidumbre, la volatilidad y complejas dinámicas de mercado, derivadas de la invasión de Ucrania” y en el que sus márgenes de refino batieron todos los récords.

La primera petrolera española ha cosechado sus mejores resultados desde 2010, cuando logró récord de beneficios tras la venta de un 40% de la filial del grupo en Brasil. Los de 2022 son los más altos de la historia del grupo si no se tienen en cuenta los atípicos. Llegan impulsados por la fuerte subida del petróleo tras la agresión rusa de Ucrania, que ha disparado las ganancias de las petroleras, con picos en la cotización del barril de Brent (de referencia para Europa) cercanos a 140 dólares por barril.

Tras las caídas de la segunda mitad del ejercicio, la cotización media de esa materia prima se situó en 101 dólares en el conjunto del ejercicio, en máximos desde 2008. Y el pasado ejercicio el margen de refino de Repsol, un indicador clave para medir su rentabilidad, se multiplicó por 6,5, hasta 15,6 dólares por barril, una cifra sin precedentes que más que triplica la media de los diez años anteriores, de algo más de 5 dólares, y que la compañía espera que este 2023 se sitúe en 8 dólares barril.

Por su parte, el beneficio bruto operativo (ebitda), que mide la marcha ordinaria del negocio, se disparó un 70%, hasta 13.813 millones.

Sin embargo, los resultados netos del grupo se han visto lastrados por las provisiones de 2.485 millones que dotó Repsol el pasado verano en el valor contable de sus refinerías por “la situación del negocio industrial, fruto de la regulación europea”. La compañía destaca que el resultado de 2022, sumado a los 2.499 millones de beneficio de 2021, “no alcanza a compensar las pérdidas de 2019 y 2020 (7.105 millones de euros)”, por los deterioros que realizó en esos ejercicios para convertirse en una compañía con cero emisiones y a causa de la crisis del coronavirus.

El pasado ejercicio, el grupo invirtió 4.182 millones para avanzar en su transformación, un 40% más, principalmente en la Península Ibérica y Estados Unidos. Para “impulsar su perfil multienergético”, Repsol prevé destinar unas inversiones orgánicas (sin adquisiciones) “históricas”, de más de 5.000 millones para este año, de las que más de dos tercios se destinará a “proyectos bajos en carbono”, en línea con su plan estratégico 2021-2025.

Las previsiones de ese documento presentado en 2020 han quedado obsoletas: estaba calculado con un barril a 50 dólares y preveía un beneficio bruto operativo (ebitda) de 8.500 millones ya para 2025.

La multinacional ya ha anunciado que va a recurrir el nuevo impuesto a las energéticas para drenar sus beneficios extraordinarios, que según ha explicado en una conferencia con analistas el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, va a tener un impacto de 450 millones este año. La multinacional indica que en 2022 realizó “la mayor contribución fiscal de la historia del Grupo, más de 17.000 millones de euros, de los cuales el 70% se pagaron en España (12.000 millones). Repsol es la empresa del Ibex 35 que más impuestos paga en el país”.

Imaz ha subrayado que el nuevo tributo establecido por el Gobierno para gravar con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales es “incompatible con la Constitución Española” y la normativa europea y desincentivará la inversión y ha pedido “poner en perspectiva el debate social sobre la contribución fiscal del sector”.

“Mensajes populistas”

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Imaz ha indicado que “los precios altos no son 'caídos del cielo', son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa”.

“Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española”, añade Imaz, que carga contra los “mensajes populistas” que “solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad”.

El grupo destaca que ha elevado un 9,4% la retribución media de sus trabajadores en España en 2022, tras alcanzar con los sindicatos un nuevo Acuerdo Marco, que ha supuesto una revisión retroactiva de los salarios con efecto 1 de enero de 2021.

Repsol subraya que, “para ayudar a los clientes en un contexto inflacionista”, ha aportado más de 500 millones destinados a descuentos adicionales a la bonificación de los carburantes que puso en marcha el Gobierno el año pasado ante la subida de precios por la guerra en Ucrania. Unos descuentos que están bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que a finales del año pasado inspeccionó las sedes de las principales petroleras en España, Repsol incluida.

Gracias a la caja generada, el grupo ha reducido su deuda durante el ejercicio un 61%, hasta 2.256 millones. Imaz se ha mostrado abierto ante los analistas a nuevas operaciones corporativas que permitan seguir “acelerando” el crecimiento de la compañía, pero ha descartado de plano una gran compra. Respecto al suministro de diésel a Europa tras el veto a Rusia, el ejecutivo ha dicho que el mercado para este combustible y el de gas natural licuado (GNL) va a estar “más ajustado” si China vuelve a las tasas de crecimiento de antaño.

La compañía, que a finales de 2022 incrementó el 11% la remuneración en efectivo para sus accionistas en 2023, ha anunciado que va a implantar un nuevo programa de recompra de acciones propias y una reducción de capital para retribuir a sus inversores. En concreto, recomprará un máximo de 35 millones de títulos en autocartera y va a proponer a la próxima junta general una reducción de capital mediante la amortización de 50 millones de acciones propias.