El rescate bancario ha costado ya la mitad del dinero público comprometido: 60.718 millones de euros
El Estado movilizó 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a la banca en el periodo comprendido entre 2009 y 2015. De esta cantidad, a 31 de diciembre de 2015 ya se había materializado un desembolso de la mitad de este dinero público en rescatar a diferentes entidades. Estas son las conclusiones a las que llega el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la labor de reestructuración financiera que ha llevado a cabo el FROB (el brazo financiero del Estado).
Según recuerda el órgano fiscalizador, no todas estas medidas suponen un “coste del proceso”, bien porque son importes recuperados posteriormente, o porque no llegan a materializarse en salidas de recursos públicos. Además, debe tenerse en cuenta que las entidades fiscalizadas han obtenido ingresos por ciertas operaciones como intereses y comisiones que minimizan el coste.
Los procesos que han supuesto mayor coste han sido los de CX, acrónimo de Catalunya Caixa, (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), Banco CAM (11.065 millones) y NCG (9.159 millones).
“La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva” pues el proceso de saneamiento no está terminado, según concluye el informe. El Tribunal pide tener presente que ciertas operaciones posteriores al cierre del informe pueden provocar un incremento o una disminución del coste del rescate bancario. Entre ellas se encuentran la venta de las participaciones que mantenía el FROB en BFA y BMN (por un importe conjunto, neto de deterioros, de 11.187 millones) y la evolución de los EPA (instrumentos de apoyo financiero) y de otro tipo de garantías otorgadas en la venta de ciertas entidades
Al margen de esta cantidad de recursos públicos movilizados, “la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución que alcanzaron un importe máximo de 85.965 millones de euros”, puntualiza el informe aunque, por ahora, “el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha asciende solo a 1.059 millones”. También hay que contar con los recursos comprometidos para apoyar la constitución del banco malo. A 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda de la Sareb avaladas por el Estado son de 43.476 millones de euros.
Dinero gastado “innecesario”
En líneas generales, el informe dice que “las entidades fiscalizadas han cumplido adecuadamente la normativa reguladora”, pero observa algunas “ineficiencias”, sobre todo en la contabilización de las memorias económicas de las entidades rescatadas.
El FROB sugiere además algunos datos de gestión muy concretos y que pudieron suponer unos gastos excesivos para el Estado. Dice que en la venta de la cartera inmobiliaria de CX bautizada como “Hércules” no se acredita el haber valorado alternativas a su venta. Pero va más allá al afirmar que “los rendimientos abonados al inversor [...] ascendieron a 48 millones de euros, que no fueron objeto de retención a pesar de que pudieran estar sometidos al impuesto sobre la renta de los no residentes”. El inversor fue el fondo Blackstone.
El informe incide en que el FROB no analizó el impacto fiscal de esta operación, ni consultó a la Dirección General de Tributos sobre este asunto.
Además, el informe señala que entre abril y octubre de 2011 se contrató a “expertos independientes la elaboración de los informes de due diligence y de valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyos financieros del FROB”. Los informes costaron 1,4 millones de euros que el Frob dice que fueron “innecesarios”.
En las recomendaciones finales, se pide al Frob que “para cada procedimiento de venta de entidades” rescatadas haga un documento a medida valorando y estableciendo “un sistema de contabilidad analítica” que permita conocer de forma directa e inmediata los recursos aplicados en cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.
