El reto demográfico movilizará más de 10.000 millones de euros de inversión del Estado asociada al Plan de Recuperación, según ha anunciado este martes la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ribera ha comparecido tras la reunión celebrada este martes por la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, que ha aprobado un acuerdo que identifica las medidas ante el reto demográfico en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es el primer paquete de medidas asociadas que corresponde a su departamento.
Según ha explicado Ribera, se han identificado en total 130 medidas que movilizan una inversión estimada asociada al Plan de Recuperación para el periodo 2021-2023 de más de 10.000 millones de euros. Representa, según el Gobierno, más del 10% de la inversión del plan y es “el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de oportunidades de los pequeños municipios”, ha explicado Ribera.
De esta “hora de ruta inicial”, cien medidas tienen presupuesto asignado ya para 2021. Las medidas están agrupadas en 10 grandes ejes a ejecutar entre este año y 2023. El calendario depende de las prioridades del plan.
Entre las que ha citado Ribera se recogen las de impulso a la transición ecológica justa y beneficiosa para el medio rural; un plan de universalización de la banda ancha; otro para el despliegue de redes y servicios 5G en el territorio; iniciativas de digitalización de la administración pública; un plan de mejora de las infraestructuras de la Guardia Civil; y otras ya anunciadas como el traslado del centro de datos de la Seguridad Social a Soria.
El paquete es el resultado del trabajo de los diversos ministerios tras una selección de las propuestas presentadas por ayuntamientos, vecinos y organizaciones sociales en una consulta pública que se lanzó a finales de noviembre y tras la que se recibieron más de 4.200 expresiones de interés, muchas de ellas de ayuntamientos, “y el número más elevado de todas las que ha lanzado hasta ahora el Gobierno” en relación con el Plan de Recuperación, ha destacado la vicepresidenta cuarta.
El listado de medidas, ha explicado Ribera, se ha trabajado en base a las líneas acordadas el año pasado con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y según su departamento “se articula como un documento abierto a la inclusión de nuevas propuestas de intervención”.
Cada una de las propuestas las irán “tutelando” los ministerios afectados de la mano de las comunidades y, en su caso, las entidades locales. En el caso de las grandes corporaciones municipales, con más de 50.000 habitantes, “es muy probable que trabajemos directamente”. Con los pequeños municipios el interlocutor principal serán las diputaciones provinciales.
Ribera, que ha subrayado la tendencia al envejecimiento y la masculinización de estas zonas, lo que apunta a la necesidad de implantar políticas para la integración laboral de los jóvenes y las mujeres en las áreas rurales, ha recordado que los municipios de menos de 5.000 habitantes concentran a 5,7 millones de personas y atender a esa población es una cuestión de “justicia en términos territoriales” y de oportunidades para sus habitantes. “También de justicia en términos generacionales”. Las áreas rurales, ha recordado, aportan un 20-30% del PIB español, muy por debajo de Francia, donde suponen el 40%, o Alemania, donde supera el 50%.