El reto del nuevo ministro de Economía en 2024: conjugar la reducción del déficit y evitar otro golpe de la inflación

“Tu nombramiento transmite confianza a los mercados, a nuestros socios en todo el mundo, a las instituciones, a los agentes sociales [empresas y sindicatos] y, por supuesto, a todos los españoles y las españolas”. El análisis de esta apelación de Nadia Calviño a su sucesor, Carlos Cuerpo, en el traspaso de poderes de este viernes sirve para entender el camino que emprende el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa.

La política económica que decidan Cuerpo y el resto de responsables del Gobierno en la materia –María Jesús Montero (Hacienda), Teresa Ribera (Energía), Yolanda Díaz (Trabajo), José Luis Escrivá (Digital)...– deberá conjugar la reducción del déficit al 3% y del endeudamiento (según obligan las nuevas normas fiscales de la UE) con evitar otro golpe de la inflación a las familias y a las empresas (es decir, a la actividad en general) y mantener las inversiones estratégicas en la transición verde y en la digital.

La tarea no es fácil y, ante el freno al gasto público que supone el corsé fiscal que se estrenará en 2024 (tras desactivarse el anterior por la pandemia), Calviño le recordó a su relevo (aunque quizá no hacía falta) que tener en calma a “los mercados [que a fin de cuentas son los fondos de inversión, bancos, aseguradoras y particulares de todo el mundo que tienen nuestra deuda pública]” y complacer a los socios y las instituciones (la Comisión Europea, el BCE o el FMI) será crucial para poder atender a los hogares, a las empresas y a las transformaciones que exige el momento actual.

“Carlos Cuerpo es un profesional de primera, con una gran solvencia técnica, que cuenta con un gran respeto y prestigio dentro y fuera de España”, recalcó Calviño en la misma línea. Este viernes, Carlos Cuerpo prometió exactamente “compromiso” con el reparto justo de los avances y “responsabilidad” fiscal para reducir la deuda y el déficit.

La complejidad del reto aumenta si se observa la coyuntura. El nuevo ministro hereda una economía que está frenando su crecimiento tras completar la recuperación del shock de la COVID en 2022 y resistir mejor que los principales socios europeos el daño de la inflación desde 2021.

El PIB (Producto Interior Bruto) cerrará 2023 con un avance cercano al 2,5%, “cuatro veces más que la media de la eurozona”, según destacó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, en su balance del año, tras el último Consejo de Ministros.

En 2024, España seguirá liderando el crecimiento. Pero el Ejecutivo y, en concreto, los ministerios económicos estarán obligados a apuntalar la confianza y a proteger los dos motores de la actividad, que serán casi exclusivamente el consumo de las familias y la inversión de las empresas, ante la debilidad del sector exterior.

El próximo año, se espera que el PIB crezca un 1,7%, según la Comisión Europea. Un ritmo inferior al que venía marcando desde 2021 pero que vuelve a destacar en la eurozona. Precisamente, el estancamiento de los principales socios comerciales supone menos exportaciones y un turismo que ha tocado o está cerca de tocar techo, y explica gran parte del frenazo de la actividad en conjunto. Los modelos de previsión que manejan las principales instituciones apuntan a que cada décima que se contrae el crecimiento europeo, se reduce otra el de España.

Las transformaciones de la economía

En la reconstrucción de la pandemia, la evolución de la economía de nuestro país ha despuntado por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones de personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).

Medidas y transformaciones que han protegido las rentas de las familias y los beneficios de las empresas. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral, el despliegue del Plan de Recuperación o los planes de choque para la inflación son algunas de las más destacadas.

El esfuerzo en el gasto público (gracias al levantamiento de las anteriores reglas fiscales de la UE en 2020) ha permitido al Gobierno tomar estas decisiones y favorecer que las rentas de las familias hayan resistido el daño de la inflación (como se observa en el gráfico anterior) o que las ganancias de las empresas superen los niveles previos a la COVID.

En el sentido contrario, ha disparado el endeudamiento (la deuda pública respecto al PIB, ya hinchada como consecuencia de la crisis financiera de 2008), que solo se ha reducido desde el máximo de 2020; cuando superó el 120%, por el crecimiento económico, ante los elevados déficits presupuestarios (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) de esta fase de reconstrucción (en 2022 todavía fue del 4,7% del PIB, en 2023 cerrará cerca del 4,2%).

Ahora, el déficit tiene que rebajarse. Con condiciones más flexibles que hace una década, eso sí. Esta senda ya la ha marcado el último decreto anticrisis, que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles y que ha recortado su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

Por el momento, las proyecciones apuntan a que nuestro país dejará el desequilibrio presupuestario en el objetivo del 3% en 2024 o que lo superará en solo algunas décimas, y que el endeudamiento menguará al 106%, desde el 107,3% de 2023, según el Banco de España. Sin embargo, son niveles altos que condicionarán las políticas económicas.

El gran problema es que España debería poner entre sus prioridades la reducción de la desigualdad y la reducción también de la elevada tasa de paro estructural (seguirá por encima del 11% el año que viene pese al récord de afiliados a la Seguridad Social).

Por último, es una obligación atender las inversiones necesarias para la transición verde y digital. Para esto último, serán cruciales las decisiones que se tomen en la UE en un contexto de incremento de los costes de financiación por las subidas de tipos del BCE, regreso del corsé fiscal y graves tensiones geopolíticas, con la invasión rusa de Ucrania y la masacre de Palestina como principales focos de preocupación.