73.000 euros diarios. Esa será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar España a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). La construcción de esta instalación, para la que el Gobierno no pone fecha, ni siquiera ha empezado, por las dudas sobre los terrenos elegidos, la falta de permisos y el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE).
Esos 73.000 euros diarios suponen 511.000 euros a la semana, 2,22 millones al mes y 26,64 millones al año. Superan, por ejemplo, el sueldo de un ministro del Gobierno en todo un año (70.368 euros brutos, sin contar los trienios de los que son funcionarios) y casi triplican la sanción de la UE de 27.522 euros al día que España vino acumulando por incumplir una sentencia europea que el 11 de diciembre de 2014 le obligó a liberalizar el sector de la estiba y que el Gobierno ha esgrimido como argumento en los últimos meses para la reciente reforma de este sector.
El Tribunal de Justicia de la UE debe decidir el próximo 13 de julio si la reforma de la estiba que aprobó en mayo el Ejecutivo español es suficiente para desactivar esa sanción o si, por el contrario, le obliga a pagar la multa acumulada hasta entonces o, incluso, la eleva hasta 134.107,2 euros diarios. Esa cantidad “iría al bolsillo de todos los españoles”, como dijo en marzo en repetidas ocasiones el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cuando pedía “responsabilidad” a los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto de la estiba.
La penalización que la empresa pública española Enresa ha empezado a abonar este sábado a la francesa Areva, empresa semipública de la que fue vicepresidenta Ana Palacio, exministra de Exteriores con José María Aznar, ha empezado a hacerse efectiva una vez expirado un acuerdo que ambas partes firmaron en octubre de 2012. Se pagará a través del fondo para la gestión de los residuos radiactivos, que a cierre de 2016 acumulaba 5.017,6 millones de euros, frente a los 4.613 millones de un año antes, según el informe anual de Enresa, publicado esta semana.
Hasta 2010, ese fondo, cuya suficiencia ha cuestionado el Tribunal de Cuentas, se nutría de aportaciones de los consumidores a través de la tarifa de la luz y desde entonces está soportado por las eléctricas a través de una tasa a la energía que generan las centrales nucleares (sólo la pagan mientras producen electricidad).
Hace unos días, Enresa (adscrita a Energía) declinaba precisar el importe de la penalización que pagará a Areva, pero sí adelantaba que sería superior a la estimación de 67.000 euros que difundió un directivo de la empresa 2014, al aplicarse la correspondiente actualización.
Principios de 2020
Energía subraya que “según el protocolo actual, en caso de incumplimiento de la fecha de retorno se aplicaría una penalización que, no obstante, será devuelta en el momento del último retorno de residuos, una vez descontados los costes de almacenamiento”. Ese retorno, según señala Enresa en su memoria anual, “se estima se realizará” a principios de 2020, para cuando debería estar preparado el almacén de espera de contenedores del ATC, previsto para antes de que esté construida la parte principal del almacén. Inicialmente, y tras la elección del emplazamiento de Villar de Cañas, Enresa esperaba tener construido ese almacén de espera para mucho antes, diciembre de 2015.
El tiempo transcurrido desde ahora hasta 2020 y la activación de la cláusula de penalización por incumplimiento a Areva va a implicar el pago de más de 100 millones de euros hasta entonces, aunque una vez devueltos los residuos a España, Areva reintegraría, según Energía, la mayor parte de la caución, ya que sólo recibiría lo correspondiente a los costes de almacenamiento. El ministerio no precisa esos costes, pero dice que suponen “un porcentaje bastante mínimo” de la penalización.
Energía, que reconoce que “no se ha firmado ningún acuerdo nuevo con Areva”, señala que está previsto “un próximo contacto entre Enresa y Areva sobre los procedimientos específicos que permitan el cumplimiento de los términos de los acuerdos establecidos”, sin dar más detalles.
80 millones
El proyecto del ATC, en el que Enresa se ha gastado ya cerca de 80 millones (de ellos 12,677 millones el año pasado, según sus últimas cuentas anuales), es consecuencia de una resolución del Parlamento de diciembre de 2004. La infraestructura debía estar en marcha en 2010, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no llegó a decidir el emplazamiento. La elección del municipio conquense, uno de los cuatro que había preseleccionado el Ejecutivo socialista, fue una de las primeras decisiones de Mariano Rajoy cuando llegó al poder. Entonces, la actual ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.
El proyecto, rechazado por el actual Gobierno castellano-manchego, dispone de la apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el 27 de julio de 2015, pero no tiene todavía la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente, paso previo a la autorización de construcción del CSN.
El retraso del ATC ha obligado a las centrales nucleares españolas a construir almacenes temporales (ATIs) para guardar sus residuos ante la saturación de las piscinas que los guardaban hasta ahora. Los grupos ecologistas creen que esa solución, los ATIs, hace innecesario construir el ATC. Pero Enresa defiende que “la gestión temporal del combustible gastado mediante ATIs sería del orden de 2,5 veces más caro que el ATC y no permitiría el desmantelamiento total de las centrales nucleares”. El presupuesto inicial del ATC era de 1.000 millones, pero todo apunta a que se disparará por los problemas de los suelos elegidos.
Desde la clausura de Vandellòs I, España ha tenido que abonar a Francia más de 500 millones de euros por quedarse con la basura radiactiva de la central, a los que se suman los costes del desmantelamiento de la planta a cargo de Enresa. Hasta ahora superan los 100 millones.