La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se enfrentaba este jueves a su cuarta Conferencia Sectorial con los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas. El Partido Popular amanecía calentando el encuentro con un comunicado conjunto de todos sus presidentes, que gobiernan la mayor parte del mapa autonómico, reafirmándose en su negativa de declarar las zonas tensionadas que habilita la ley estatal. Mostraban “su rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas” y tildaban de “chantaje” la “amenaza” de la ministra de retirar los fondos a quienes no declarasen zonas tensionadas.
“No estamos en un foro de confrontación política y partidaria, sino en un foro para alcanzar acuerdos”, señaló Rodríguez a la entrada del encuentro, donde ofreció “colaboración y recursos” por parte del Gobierno. “Espero que el PP, que es un partido de estado, haga lo que se espera”, confió, a la vez que pedía a los de Feijóo que cumplieran con su programa electoral y arrimase el hombro por un pacto de Estado. Y la reunión terminó con acuerdo. Y por unanimidad.
Según ha podido saber esta redacción de fuentes muy próximas al encuentro, las comunidades han acordado las condiciones para la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven y la puesta en marcha de la preparación del Plan Estatal de Vivienda. En total, el Gobierno repartirá 200 millones de euros, que estima que llegarán a unos 66.000 jóvenes. Andalucía recibe 34,2 millones; Aragón, 7,6; Asturias, 6,6; Baleares, 4,8; Canarias, 10,6; Cantabria, 3,8; Castilla y León, 10,8; Castilla-La Mancha, 8; Cataluña, 29; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Madrid, 31,8; Murcia, 8,8; Comunitat Valenciana, 22,8; Ceuta, 200.000 euros; y, Melilla, 200.000 euros.
Hace un par de semanas, la ministra había indicado que el Ejecutivo “condicionará la financiación” que deriva a las comunidades autónomas para políticas de vivienda a que estas apliquen la ley. “No puedo tratar por igual a aquel que está cumpliendo con la ley, que está haciendo esfuerzos y dando respuesta a sus conciudadanos, que a quien, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso”, afirmó en una entrevista en TVE. Unas declaraciones que soliviantaron a varias presidencias autonómicas, como la de Madrid, que ya habían indicado previamente que bloquearían cualquier petición de declarar zonas tensionadas.
Fuentes de Vivienda explican que la norma estatal autoriza al Gobierno a aplicar medidas “extraordinarias” en aquellas zonas donde los alquileres estén desbocados y se aplique la declaración de zona tensionada, que incluye el reparto de fondos extra. Así, más que castigar a quien no cumpla, el ministerio traslada ahora la idea de premiar a quien sí lo haga. Hay una lógica de fondo: ¿necesitan las comunidades que no declaran zonas tensionas recursos para luchar contra las zonas tensionadas?
En el orden del día de la Conferencia Sectorial de este jueves se abordaban dos cuestiones. Por un lado, “el éxito de la gestión de los fondos de recuperación”. Por otro, la renovación del bono de alquiler joven.
El Gobierno había destinado a las comunidades autónomas 5.420 millones de euros, provenientes de los fondos europeos de recuperación, para diferentes programas. En esta reunión, el objetivo del ministerio era hacer un balance de esas partidas y redistribuir lo que no se hubiera ejecutado entre las comunidades que sí hubieran cumplido con los plazos y los programas. “Si no se consigue la ejecución de los fondos por algunas de ellas, los que quedan serían utilizados por aquellas (administraciones) que pudieran hacerlo de forma más ágil”, señaló la ministra.
24.000 viviendas construidas en 2026
De esos 5.420 millones, el grueso ha ido a planes de rehabilitación de viviendas, con 600.000 actuaciones realizadas, sobre un compromiso con Europa de 400.000. Otros 1.000 millones han ido destinados a la construcción de vivienda nueva. El Ejecutivo había asumido 20.000 unidades y serán finalmente 24.463, que deben estar edificadas en junio de 2026. Y otros 1.000 millones se emplean para la rehabilitación de edificios públicos.
Además, el Gobierno ha puesto sobre la mesa otros 200 millones de euros para el bono de alquiler joven de 2025, que espera que llegue a unas 66.000 personas. Aunque la ministra ha pedido a las comunidades que mejoren la gestión para que “todos los jóvenes españoles puedan cobrar en tiempo y forma” y que los medios autonómicos “no supongan un perjuicio”, los fondos se distribuirán como hasta ahora.
Por otro lado, el ministerio ha comenzado a trabajar con las consejerías de Vivienda en el próximo Plan Estatal, de cara a 2026. El objetivo, según fuentes departamentales, es analizar qué puntos están funcionando, cuáles reciben financiación y reordenar la estrategia: “En lugar de trabajar por cantidad de programas, vamos a hacerlo por objetivos que realmente importan y en los que podremos incidir”, indican.