La semana pasada se produjo una excelente noticia que, desafortunadamente, pasó desapercibida en el fragor de los titulares. La Encuesta de Población Activa (EPA), una de las principales fuentes de información sobre la evolución del empleo en España, publicó una revisión que eleva el número de trabajadores ocupados en 177.000 personas en el año 2023 (una subida del 0.8%). Como indica la nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este cambio es el resultado de que “La EPA ha incorporado a sus estimaciones de 2021 a 2023 las cifras del Censo de Población y Viviendas de 2021".
En 2023 los nuevos datos censales elevan en 415.000 personas (un 0,9%) la población residente en viviendas familiares. El principal incremento (el 68% del total) se localiza en los extranjeros no comunitarios, cuyo número se eleva en 284.000 personas o un 6,5%. Esto hace que dos terceras partes del incremento de los trabajadores ocupados tiene como protagonistas a los trabajadores no comunitarios, cuyo número se eleva en 120.000 personas o un 5,8%.
Esta noticia tiene dos importantes consecuencias. Primero, confirma la buena marcha de la economía española y refuerza las tesis de aquellos que venimos sosteniendo que el crecimiento registrado en 2021 y 2022 fue más intenso que el estimado por la Contabilidad Nacional. En segundo lugar, este aumento del número de trabajadores extranjeros no comunitarios indica, como veremos, que no se ha producido una reducción del trabajo irregular. Este extremo también lo apuntábamos en otro artículo hace poco más de un año. La nueva perspectiva sobre el mercado laboral indica un mayor protagonismo del sector privado de la economía, especialmente de los asalariados y los autónomos que trabajan por si solos.
El gráfico adjunto muestra la magnitud de la revisión: el incremento en el número de ocupados alcanza las 200.000 personas en el tercer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023. Asimismo, el aumento supera ampliamente las 200.000 personas en el sector privado de la economía entre esas dos fechas. Por el contrario, el número de asalariados del sector público se revisa a la baja en unas 25.000 personas.
La revisión al alza de la ocupación no resta protagonismo al sector público en la recuperación tras la pandemia, pero reduce algo su importancia y, sobre todo, enfatiza la vigorosa recuperación del empleo privado. Entre 2019 y 2022 el número de trabajadores independientes no se redujo, sino que creció un 1%. El número de empresarios que emplean trabajadores creció más de un 4% y los asalariados del sector privado crecieron un 3,4%, más de un punto por encima de la tasa antes estimada. Estas cifras corroboran la buena salud del tejido empresarial en nuestro país.
El empleo equivalente a tiempo completo
Cuando se considera la aportación del empleo al crecimiento de la economía interesa atender no sólo al número de personas sino también la proporción que trabaja a tiempo parcial. Una de las evidencias que aportaba las anteriores series de la EPA era, precisamente, que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial se reducía significativamente desde 2019 a 2022. La revisión de la EPA no altera estos resultados. Si se mira en particular el empleo asalariado cabe destacar que la proporción de empleo a tiempo parcial se reduce desde el 15,8% del total en 2019 a un 14,4% en 2022, como ocurría antes. El número de personas asalariadas crece ahora un 4,2% entre 2019 y 2022 frente al 3,5% anterior y los asalariados a tiempo completo crecen un 5,8% frente al 5,2% anterior.
Para medir la intensidad del empleo se recurre frecuentemente al concepto de empleo equivalente a tiempo completo, que combina las horas de trabajo para expresarlas en términos del empleo a jornada completa. Esta estimación puede hacerse de dos maneras. La más sencilla, utilizada por la Encuesta Estructural de Empresa (EEE) del INE, es sumar los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, ponderando estos últimos por la fracción de jornada semanal que trabajan respecto a la jornada completa. Si las horas semanales trabajadas por los asalariados a jornada completa es de 32,5 horas y las de los trabajadores a tiempo parcial es de 17 horas la ponderación de estos trabajadores será 0,52. Con este procedimiento obtenemos que el empleo asalariado a tiempo completo ha crecido un 5,2% entre 2019 y 2022, un punto más que el número de asalariados.
Otra manera de medir el empleo equivalente a tiempo completo, recomendada por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), consiste en dividir las horas totales trabajadas de los empleados por la jornada a tiempo completo. Con las nuevas series de la EPA el número total de horas semanales trabajadas en 2023 por los asalariados es de 525 millones. Dividiendo por 30,2 horas, que es la jornada semanal efectiva media de los asalariados en 2023, obtenemos la misma cifra que con el procedimiento anterior: 16,18 millones de asalariados a tiempo completo, con un crecimiento del 5,2% sobre 2019.
Una perspectiva que completa estos resultados es que, con la revisión de la EPA, las horas efectivas totales trabajadas por los asalariados no caen un 0,6% entre 2019 y 2022, sino que crecen un 0,1%. No obstante, la jornada semanal efectiva media sigue cayendo, a pesar de la revisión, un 4% entre 2019 y 2022. Esta diferencia constata una flagrante contradicción con el práctico mantenimiento de las horas mensuales trabajadas que arroja la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) del propio INE, consistente con la Estadística Trimestral de Horas Cotizadas (ETHC) del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esta anomalía en la medida de las horas trabajadas es, a nuestro juicio, la asignatura pendiente de la EPA.
El empleo irregular: EPA y Seguridad Social
La EPA no es la única fuente sobre el empleo en España y suele ser habitual acudir a los datos de afiliación a la Seguridad Social –el mejor registro administrativo– y la Contabilidad Nacional, la estadística de síntesis.
La comparación entre la EPA y la afiliación no es sencilla dado que la serie de afiliados que publica la Seguridad Social no se refiere a personas afiliadas sino a situaciones de afiliación. Una persona puede estar afiliada en diversos regímenes y contada más de una vez. Además, los funcionarios de mutualidades (MUFACE y otras) no están afiliados a la Seguridad Social. Pero existe una metodología establecida por el INE que calcula una afiliación ajustada usando precisamente el número de personas afiliadas y sumando los funcionarios de mutualidades. Con esta misma metodología calculamos una afiliación ajustada usando las series de plurafiliación, publicadas en el Anuario de Estadísticas Laborales, y las medidas del colectivo de funcionarios en Clases Pasivas (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) en 2018 y finales de 2020, publicadas por el INE.
La tabla muestra estos resultados. La afiliación ajustada del empleo asalariado se mueve entre 2019 y 2022 en estrecha sintonía con la ocupación asalariada de la EPA revisada, de manera que podemos estar razonablemente seguros de que en 2021 se recuperó el nivel anterior a la pandemia. En cambio, las estimaciones de la Contabilidad Nacional (CN) lo sitúan un 2,3% por debajo. Otra diferencia se registra entre 2019 y 2020: el empleo asalariado creció más de un 4% entre 2019 y 2022 según las dos fuentes, frente al 0,7% estimado por la Contabilidad Nacional. Por último, entre 2019 y 2023 el crecimiento del empleo asalariado es el doble del que estima la Contabilidad Nacional.
La combinación de fuentes arroja también otra perspectiva relevante. Tradicionalmente se ha interpretado la diferencia entre la EPA, que es una encuesta dirigida a las familias, y la afiliación ajustada, que recoge el empleo que cotiza a la Seguridad Social o Mutualidades, como un indicador del empleo irregular relacionado con la economía sumergida. En las anteriores series de la EPA podía existir algún pequeño indicio de una reducción de este tipo de situaciones, pero con las nuevas series podemos concluir que no ha existido un proceso de afloración de trabajo sumergido tras la pandemia. El número de trabajadores por cuenta ajena en situación irregular se mantenía en 2022 en el nivel de 2019, sumando más de medio millón de personas. Y en 2023 se incrementaron en 100.000 personas hasta las 630.000. Dado que cabe suponer que la gran mayoría son personas extranjeras en situación irregular, principalmente no comunitarios, resulta cabal pensar que los posibles beneficiarios de la futura regularización son más que las 550.000 personas inicialmente estimadas.