El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública relativa a la modificación de la precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que es la tarifa de último recurso, a la que pueden acogerse los consumidores de electricidad con un punto de suministro con tensión inferior a 1 kV y una potencia contratada menor o igual a 10 kW. La consulta pretende recabar propuestas para reducir la volatilidad de esta tarifa eléctrica y optimizar su diseño con vistas al proceso de transición energética.
Actualmente, la configuración de esta tarifa, a la que se acogen en torno al 40% de los consumidores, 10,7 millones de clientes, recoge íntegra y rápidamente las oscilaciones que se traducen en el mercado mayorista y las traslada a hogares y pymes, tal y como está ocurriendo ahora.
El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista batió este viernes otro récord histórico y el megavatio hora (MWh) se disparó hasta los 216,01 euros, según los datos del operador de mercado eléctrico. Respecto a hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista español estaba en 172,97 euros/MWh, el alza en el precio es del 24,88%. Comparándolo con hace un año (41,48 euros), la subida es del 420,76%, es decir, se ha multiplicado por más de cinco.
Este nuevo incremento en la luz se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía en todo el mundo, como el gas, el petróleo y el carbón, lo que dispara al mismo tiempo los derechos de CO2, también en máximos históricos. Por este motivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó este jueves a Argelia acompañado de representantes de las empresas Naturgy y Enagás ante el temor de que la crisis entre Argelia y Marruecos pusiera en riesgo el suministro de gas a España desde su principal proveedor. Albares aseguró tras el encuentro con su homólogo, Ramtane Lamamra: “En materia energética, he recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España”.
Además, al margen de la coyuntura actual, esta mayor volatilidad puede acentuarse según avance la transición energética y se sucedan períodos con precios bajos, por un mayor peso de generación renovable, y episodios de precios elevados, por la presencia de centrales con mayores costes variables como los ciclos combinados de gas natural.
El Real Decreto-ley 17/2021 ya establece que se revisará el PVPC al objeto de que incorpore la referencia de precio de las nuevas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, con un peso máximo del 10%.
El Gobierno quiere ir más allá y acometer una reforma estructural que plantee la posibilidad de modificar la estructura y metodología de cálculo del PVPC para reducir la volatilidad de un bien tan básico para las economías domésticas --sobre todo las vulnerables-- como la electricidad.
En la consulta, abierta hasta el 22 de octubre, se invita a responder preguntas relativas a la estructura de la tarifa, la conveniencia de incluir referencias de precios de productos a plazo, la periodicidad más adecuada para su actualización, la necesidad de establecer un régimen transitorio para la nueva configuración o la oportunidad de mantener un PVPC dinámico para aquellos consumidores que así lo deseen.
El próximo martes, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se reunirá con el Consejo de Consumidores y Usuarios, que agrupa a las asociaciones Adicae, AUC, CECU, Facua, FUCI, Hispacoop, OCU, y UNAE, con la finalidad de conocer su opinión sobre la revisión de la tarifa PVPC para disminuir su volatilidad con vistas al proceso de transición energética.
Reunión con empresas de gran consumo eléctrico
Con antelación, el lunes, Ribera tendrá un encuentro con representantes de las empresas industriales para conocer de primera mano su visión sobre la actual coyuntura de precios elevados del gas y la electricidad y compartir con ellas las medidas adoptadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la situación.
Concretamente, Ribera se reunirá con representantes de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE) y con la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen y Unesid, ha informado el Ministerio.
La gran industria ha visto desde principios de este verano cómo se disparaban sus costes energéticos a causa de la espiral alcista de los precios del gas y la electricidad en los mercados mayoristas, tendencia que puede afectar a su competitividad.
La reunión con este colectivo empresarial se produce en plena batalla del Ejecutivo con las empresas eléctricas. Iberdrola ha endurecido su pulso con el Gobierno con su decisión de paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España hasta evaluar en detalle de la viabilidad económica de dichos proyectos tras el plan de choque aprobado por el Gobierno para reducir el precio de la luz. El conjunto de las grandes empresas eléctricas han mandado una carta a Bruselas pidiendo a la Comisión Europea que frene las medidas aprobadas por el Gobierno español para reducir la tarifa eléctrica.
Con el encuentro del lunes, Ribera busca aliados en el entorno empresarial ante el empuje del lobby eléctrico. La CEOE está dividida ante la subida de los precios de la electricidad. Su presidente Antonio Garamendi ha dicho este viernes que “hay que ver es cómo se conjuga la competitividad de la empresa industrial, que es muy importante, y una regulación estable para el sector inversor” de la electricidad. A la vez, el presidente de la patronal ve “lógico” que haya compañías eléctricas, como es el caso de Iberdrola, que hayan anunciado una paralización de sus inversiones en España ante la “inestabilidad regulatoria”.