El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, una prórroga de seis meses al plazo que su departamento estableció para la obtención de un permiso clave, la autorización de construcción, para una enorme bolsa de proyectos de energías renovables.
El objetivo es salvar cientos de proyectos con cerca de 43.000 megavatios (MW) de potencia que necesitaban obtener ese permiso el próximo 25 de julio, según el cronograma que había fijado inicialmente el propio Gobierno.
La medida está incluida en el Real Decreto-Ley ómnibus de ampliación de medidas económicas en respuesta a la guerra en Ucrania. Según ha confirmado en rueda de prensa la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, “se extiende en seis meses el plazo otorgado para la autorización de construcción de los permisos de acceso”.
La medida va acompañada de la esperada revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que debe remitirse a Bruselas antes del próximo viernes. El borrador de ese plan energético, cuyos objetivos se van a revisar al alza, ha sido examinado ya este martes por el Consejo de Ministros y será presentado mañana.
La decisión de autorizar esta prórroga era una petición del sector de las renovables desde hace semanas, ante el riesgo de que esa enorme bolsa de potencia se quedara sin permiso ante el enorme atasco de peticiones sobre la mesa de las administraciones. Esto habría obligado a ejecutar los avales depositados y habría abierto la puerta a una oleada de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por parte de las empresas.
En estos momentos hay 68 GW en tramitación y de esta cantidad hay 43 GW (80% fotovoltaica y 20% eólica), lo que hacía muy difícil llegar a la fecha que se había fijado, mediante un sistema de hitos que habilitó el Ejecutivo para intentar poner coto a la enorme especulación en el sector.
Transición Ecológica explica que “la confianza de los inversores y los excelentes recursos naturales españoles han propiciado que haya un gran volumen de proyectos de renovables en tramitación, en línea con las directrices europeas para reducir cuanto antes las importaciones energéticas desde Rusia y reforzar la autonomía estratégica de los 27, pero siempre garantizando un elevado nivel de protección del medio ambiente”.
Esos 43 GW, añade el ministerio, “deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20. Al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas”.
Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo “dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica”. La prórroga de seis meses también facilita “la participación pública” y aumenta “las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde”.
La administración central y la autónomica protagonizaron un rally para analizar las peticiones de cientos de instalaciones que necesitaban obtener la DIA antes del pasado 25 de enero, con el objetivo de tenerlas conectadas antes del 25 de junio de 2025. En el sector, muchos dudan que esa fecha pueda cumplirse por los enormes cuellos de botella que va a implicar poner en marcha tal cantidad de proyectos en solo dos años.