El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de sacar a concurso la primera concesión hidroeléctrica cuya licitación se diseña bajo el mandato de la actual vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
La Confederación Hidrográfica del Duero, adscrita al ministerio, ha abierto un concurso público para adjudicar la explotación de una pequeña central hidroeléctrica, la de Láncara. El aprovechamiento, que en su momento explotó la actual Naturgy, está ubicado en el río Pereda, en el término municipal de Sena de Luna (León). Tiene apenas 1,4 megavatios (MW) de potencia y lleva parado desde mayo de 2009.
Según el pliego de condiciones, Transición Ecológica ha fijado el plazo de la nueva concesión en un máximo de 30 años. Es un plazo que está muy por debajo de los 75 años de la concesión original, que venció en 2008, pero está muy por encima de los 20 años que fijaban los pliegos del anterior concurso de este tipo, que data de 2018 y afectaba a una infraestructura muy similar a esta.
La empresa que quiera explotar la central deberá ponerla “en las debidas condiciones de operatividad, seguridad y máximo rendimiento”, dice el pliego, que otorga hasta 25 puntos de valoración a las obras de renovación que se planteen. Es el aspecto más valorado junto a la cuantía del canon anual que se ofrecerá a la Administración.
El plazo ofertado para la concesión (a menos años, más puntuación) recibirá por su parte hasta 10 puntos. En el pliego “no se considera la entrega de energía a la Administración”.
El precedente de 2018
El último concurso de este tipo fue adjudicado en febrero de 2019 y correspondió a otra planta en León que en su momento gestionó Iberdrola y cuya concesión se había extinguido en 2012: la de Lugán, en el río Porma (término municipal de Vegaquemada). Los pliegos datan de mayo de 2018, por lo que el procedimiento se puso en marcha antes de la llegada de Ribera a Transición Ecológica. Se licitó en julio de 2018, cuando llevaba un mes en el ministerio.
Entonces, el plazo ofertado por el ganador fue de 17 años. Tras un proceso en el que el único gran grupo del sector que se presentó fue la portuguesa EdP, la adjudicataria fue OMMHSA, filial del grupo RPI, controlado por Cube, un fondo de Luxemburgo. La resolución de adjudicación se dictó el 19 de febrero de 2019. Justo ese día, Cube logró que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) condenase a España por el recorte a la retribución de las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy. El fondo puso luego en venta ese millonario laudo, como reveló este diario en julio.
La concesión que ahora ha sacado a concurso la Confederación del Duero, la de Láncara, se otorgó en 1926 por un plazo de 75 años a contar desde diciembre de 1931. Hasta octubre de 2018 (diez años después de extinguirse) la Confederación del Duero no emitió informe favorable a la continuidad de la explotación del aprovechamiento y decidió sacarla a concurso.
Un procedimiento que se inició la semana pasada, coincidiendo con la apertura (el pasado domingo) del plazo para extinguir la concesión de la presa de Villalcampo, también dependiente de la Confederación del Duero, y que con 206 MW de potencia es la mayor concesión hidroeléctrica que caduca esta década (lo hace en 2024).
Esta presa la explota Iberdrola, con cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, prevé reunirse Ribera este miércoles en el marco de la ronda de encuentros con los ejecutivos del sector que ha puesto en marcha la vicepresidenta en vísperas de que, el jueves, el Congreso vote la convalidación del recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas por la subida del gas. Ribera se ha abierto a retirar el recorte si la UE mueve ficha y, en el marco de esa ronda de encuentros, Moncloa defiende “conciliar intereses” de eléctricas y usuarios mientras Podemos avisa de que retirar el recorte de beneficios supone “deslegitimar” al Gobierno.
“15 o 20 años”
En junio, responsables de la Dirección General del Agua del ministerio avanzaron su intención de darle “una vuelta” a los plazos de las concesiones hidroeléctricas, aspecto al que, incluso desde una perspectiva de ortodoxia liberal, se refería en un reciente artículo en Fedea (fundación que financian grandes empresas como ACS, BBVA, CaixaBank o Santander) el exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Diego Rodríguez.
Este catedrático cree “absolutamente necesario” que las nuevas concesiones se adapten “a las circunstancias actuales, extrayendo las rentas de escasez del recurso”, porque las actuales “se dieron en un contexto económico y social totalmente distinto”. En las futuras deberían “reducirse drásticamente los plazos”, con “periodos no superiores a 15 o 20 años”, evitando “quedar encerrados en una relación de muy largo plazo en un contexto de transición energética sujeta a elevadas incertidumbres”, según Rodríguez.
El ex de la CNMC, que duda que una hidroeléctrica pública abarate la electricidad, reclama “aportar desde ya transparencia sobre las características de las concesiones para uso hidroeléctrico” ya que “el intrincado sistema de gobernanza del agua en España hace que esa información no esté disponible públicamente”.
En primavera, el Gobierno apuntó que su idea para la presa Villalcampo era volver a sacarla a concurso. Fue antes de la actual escalada de precios de la luz. En agosto, Ribera abrió la puerta a la creación de una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas caducadas. Una posibilidad que enfrió en septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque “no forma parte del acuerdo de coalición”.
Según explicó la semana pasada Transición Ecológica, en el caso de Villalcampo “se están estudiando las características de la concesión y analizando los próximos pasos en el procedimiento de extinción”. Lanzar un concurso es una de las opciones que se contemplan cuando estas concesiones caducan. En otros casos, las instalaciones han pasado a ser gestionadas por las respectivas confederaciones hidrográficas. Otra opción es destruir las infraestructuras. En la actual legislatura, han vencido las concesiones de 21 presas, todas de pequeña potencia, y en 12 de ellas se ha optado por ordenar la demolición a cargo del titular por motivos medioambientales.