Ribera lanza el rescate de la concesión de una de las grandes centrales hidroeléctricas de Iberdrola

El Gobierno ha iniciado el procedimiento para extinguir la concesión de una de las grandes presas de Iberdrola en el río Duero, los aprovechamientos de Villalcampo I y II, con una potencia total de 206 megavatios (MW).

Lo ha hecho en la recta final de la pugna con las eléctricas por la solución ibérica acordada por España y Portugal con la Comisión Europea para abaratar la luz. Y es que el procedimiento se puso en marcha el pasado 26 de abril, cuando se publicó en el BOE la convocatoria de un concurso para iniciar la reversión al Estado de esas dos concesiones, horas antes de que la ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, anunciasen ese acuerdo en Bruselas, tras reunirse con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

El tope a la generación eléctrica con gas, que el Gobierno espera llevar al próximo Consejo de Ministros y que las eléctricas han tratado de tumbar con una intensa campaña de lobby en Bruselas, ha sido muy criticado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

En paralelo a esa medida, Transición Ecológica acaba de sacar a licitación un contrato de asistencia técnica “para las actuaciones derivadas de la extinción del derecho, la reversión de infraestructuras y concurso de aprovechamientos para la producción hidroeléctrica en la Confederación Hidrográfica del Duero”. Una de las “actividades esenciales” de los trabajos, según el pliego de condiciones, será extinguir las concesiones de las Villalcampo I y II, en los Arribes del Duero (en Zamora).

Estas infraestructuras se pusieron en servicio en 1949. Están en manos de Iberdrola desde hace décadas y su concesión expira en octubre de 2024. Se trata de la única gran hidroeléctrica cuya extinción se va a poder iniciar en esta legislatura. Es la mayor presa de Iberdrola (el gran dominador de esta tecnología) que expira esta década.

255 concesiones y un “desafío”

El documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que “la Administración Hidráulica se enfrenta al desafío de extinguir aquellas concesiones hidroeléctricas que han llegado al final de su plazo de vigencia o están caducadas”. Y recuerda que en la actualidad “existen 255 concesiones para el uso privativo del agua con fines hidroeléctricos, que finalizan su plazo concesional antes del 1 de enero de 2030”.

De ellas, en la Cuenca del Duero hay doce, de las que cinco expiran “antes del 31 de diciembre de 2024, destacando entre estas 5, las centrales hidroeléctricas de Villalcampo I y Villalcampo II”. Ambas están “en plena explotación” y son parte “de los aprovechamientos estratégicos de la red eléctrica nacional”, lo que “hace necesario la continuidad en la explotación de las mismas, con la correspondiente concesión tras la caducidad de los derechos”, indica el pliego.

“Es por todo ello necesario, iniciar los procedimientos de extinción, reversión y nuevo concurso de los aprovechamientos hidroeléctricos que finalizan su vigencia en un plazo de 3 años, siendo necesario un apoyo, tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista técnico, en relación a las obras e instalaciones de la concesión que deberán revertir a la Administración”.

Hace un año, antes de la crisis energética que ha obligado a intervenir el mercado eléctrico, el Gobierno explicó en varias respuestas parlamentarias que su objetivo era sacar a concurso la explotación de esas dos presas. El plazo legal para iniciar su reversión se abrió el pasado mes de octubre.

Como explicaba en una entrevista el pasado verano el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Xavier de Pedro, pionero en la reversión de estas infraestructuras, “la ley permite que con tres años de antelación puedas iniciar el procedimiento para que cuando llegue el plazo de caducidad se pueda dictar ya la resolución de reversión efectiva”.

Este experto en derecho administrativo reclamaba “un mayor control sobre todas estas concesiones porque hay mucha letra pequeña en la cual se pueden obtener muchos e importantes beneficios para los intereses públicos”.

En el caso de las concesiones de Villalcampo que actualmente están en manos de Iberdrola, este procedimiento se llegó a poner en marcha en febrero, pero Transición Ecológica lo canceló, aduciendo un error en el pliego de condiciones relativo a la subcontratación de trabajos.

En lugar de rectificar ese pliego para enmendar ese error (algo relativamente habitual en los procedimientos administrativos de contratación pública), Transición Ecológica desistió del procedimiento el 29 de marzo. Lo hizo justo después del Consejo Europeo de marzo que abrió la puerta a la solución ibérica.

“Posible ampliación indebida”

Ahora lo ha retomado corrigiendo este aspecto técnico. El procedimiento se ha abierto en paralelo a la resolución de otro concurso convocado por la Dirección General del Agua del Ministerio para decidir el futuro de las presas y detectar “la posible ampliación indebida de concesiones”.

Este contrato se lo acaba de adjudicar la consultora japonesa NTT Data. La antigua Everis (que preside el exministro Eduardo Serra) se ha impuesto en el proceso a Técnicas Reunidas.

En la documentación que ha publicado ahora la Confederación del Duero, adscrita a Transición Ecológica, se señala que “en aquellos casos en los que se propone la reversión de las infraestructuras al Estado, se ha de considerar la posibilidad de que la explotación y el mantenimiento de estas obras dependa, con carácter temporal hasta la adjudicación de la nueva concesión, o bien, del Organismo de cuenca, para lo que habría que celebrar contratos de servicio de operación y mantenimiento, o bien, tramitar una autorización temporal de explotación y contemplar la reserva de agua en el Plan Hidrológico de la cuenca”.

“Para ambas alternativas, es necesario aclarar los instrumentos jurídicos o contratos marco, que pudieran amparar esta explotación temporal por el Organismo de cuenca”.

“La Confederación Hidrográfica del Duero necesita identificar criterios de viabilidad técnica, ambiental, de rentabilidad económica e impacto social, que permita garantizar el interés general en la continuidad de estos aprovechamientos o en su desmantelamiento”, indican los pliegos. El contrato tiene 895.409.55 euros de valor estimado y un plazo de ejecución de tres años.

Esta confederación ya abortó en octubre un concurso para adjudicar la explotación de una pequeña hidroeléctrica que alargaba la concesión respecto a anteriores procedimientos de este tipo, lo que iba en contra de las recomendaciones de algunos expertos. El Estado ya gestiona directamente una bolsa de más de 250 MW, a años luz de los casi 10.000 MW que gestiona Iberdrola, líder destacado de la hidroeléctrica en España.

Las 255 concesiones que vencen en esta década, a las que se suman algunos aprovechamientos que ya tienen su licencia vencida y que todavía no se han revertido al Estado, tienen una potencia de unos 1.000 MW, que suponen el 5% del total de la capacidad hidroeléctrica instalada en España, según reveló el Ejecutivo en otoño, después de que en agosto, Ribera abriera la puerta a que una empresa pública asuma las concesiones caducadas. Una posibilidad que Unidas Podemos lleva años defendiendo y que enfrió en septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el argumento de que no estaba recogida en el acuerdo de coalición.

Sin embargo, Ribera, que en septiembre endureció los caudales mínimos legales tras la polémica del vaciado de embalses de Iberdrola en verano mientras la luz empezaba su escalada, volvió a abrir la puerta a esa idea en febrero, en una entrevista en El Periódico.

“A lo mejor hay pequeños saltos hidroeléctricos cuya concesión puede atribuirse a una comarca de municipios pequeños de alta montaña, como si fuera una especie de autoconsumo compartido. O si nos interesa mantenerlo por su capacidad de almacenamiento, puede ser gestionado por Red Eléctrica o por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”, dijo la vicepresidenta.

Según Ribera, “también puede ocurrir que en un determinado momento constituyamos una pequeña sociedad mercantil estatal, que nos permita jugar con estas explotaciones, como por ahora están haciendo algunas confederaciones hidrográficas. Éstas se convierten en gestoras al acabar la concesión y eso les permite, en las condiciones de mercado que corresponda, disponer de otra vía de ingresos”.