Ribera promete una “redistribución” de los beneficios de las renovables y avanza otro plan contra la pobreza energética

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este martes en el Congreso una “consulta” al sector para lograr una expansión “ordenada y justa” de las energías renovables, de forma que en el territorio “las cosas se hagan bien” y con una “adecuada redistribución” de los beneficios.

Mientras la España vaciada empieza a moverse para que los beneficios de eólica, solar o hidroeléctrica reviertan donde se producen, Ribera ha anunciado una consulta “a todos los actores” para “identificar las mejores prácticas” y “cautelas” y lograr un despliegue “ordenado” de las renovables “coordinando zonificación, acceso a beneficios por parte de los territorios, mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable”.

En una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, ha señalado que el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se aprobará “en los próximos meses”.

Ha avanzado que las nuevas subastas de renovables para este año y los siguientes se van a “afinar” para que se traduzcan en “oportunidades económicas y sociales, coordinando globalización y respuestas locales”; y un marco “garantista” para la eólica marina, que el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha calificado de “grandísima amenaza”.

En esta legislatura habrá una regulación específica para los gases renovables, y una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética “sobre la base de lo aprendido en estos años” que sustituirá a la actual (2019-2024).

Preguntada por la reforma del bono social térmico, que anunció hace casi un año tras trascender que varios políticos con elevadas rentas estaban cobrando estas ayudas, ha dicho que tiene “una propuesta trabajada con las asociaciones de familias numerosas”, que lo reciben sin discriminar su renta, que se tratará “más adelante”, en el marco de esa estrategia.

Una cuestión “fundamental” es que muchas familias que pueden tener el bono “ni siquiera cuentan con la facilidad para poder acceder”. La estrategia vigente prometía que se concediera automáticamente, pero no se ha hecho.

La vicepresidenta ha insistido en la necesidad de trocear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como pactaron el PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno: “Son años de cambio intenso que necesitan el refuerzo de un regulador independiente especializado y por ello propondremos una recuperación de una Comisión Nacional de la Energía dedicada íntegramente a esta tarea”.

Ribera ha reconocido la labor de la CNMC, creada en 2013 por el PP al fusionar los antiguos reguladores sectoriales, pero ha defendido volver al modelo de la CNE como ocurre “en prácticamente todos los Estados miembros de la UE”.

Sin precisar plazos, ha explicado que el proyecto de ley para recuperar ese organismo se llevará en primera vuelta al Consejo de Ministros para someterlo a consulta pública y tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta ha presumido de los logros de los últimos ejercicios, con un 2023 en el que por primera vez la mitad de la electricidad ha tenido origen renovable, unos precios mayoristas de la electricidad entre los más bajos de Europa “a excepción de los países nórdicos”, el carbón cayendo a mínimos históricos y la fotovoltaica “a punto” de superar a la generación eléctrica con gas.

Hitos logrados gracias, ha dicho, a la regulación, el “conjunto fantástico de condiciones” geográficas del país y su talento humano. Ahora, toca una “nueva fase de consolidación que requiere medidas puntuales” para “afinar” las oportunidades que suponen las renovables y atraer inversiones industriales, I+D y “más y mejor empleo”.

Preguntada por las compras de las energéticas españolas de gas ruso, ha subrayado que “el Estado no compra gas” y no puede imponer sanciones por ello, pero ha recordado que el Gobierno sí ha recomendado que no se firmen nuevos contratos de suministro con ese país.

Ha recordado que los consumidores se han ahorrado 5.000 millones de euros con el tope al gas, que el portavoz del PP, Juan Diego Requena, ha vuelto a calificar de “timo” citando un informe del instituto Oxford, que financian prácticamente todas las grandes energéticas.

Requena ha arrancado pidiendo la dimisión de Ribera por decir “que los jueces prevarican” y ha asegurado que “mintió con la excepción ibérica asegurando que la adoptarían otros países europeos”. También le ha afeado sus críticas al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Preguntada por las condenas a España por los recortes a las renovables de Mariano Rajoy y por si va a haber nuevas medidas para los inversores nacionales afectados, ha recordado que una sus primeras medidas garantizar por decreto en 2019 “condiciones de igualdad” a todos los afectados, “nacionales o no”.

Pudieron acogerse a una rentabilidad asegurada del 7,4% hasta diciembre de 2031, pero con la crisis energética, “nos pidieron poder elegir” entre mantener esa rentabilidad o ir a un mercado con los precios disparados “y garantizamos que eso fuera posible”.

Reto demográfico

Según Ribera, en materia de reto demográfico se han producido “progresos relevantes” en las áreas rurales y pequeños municipios, con la llegada al medio rural de “cerca de 300.000 personas desde 2018”, con tres de cada cuatro pequeños municipios registrando saldo migratorio positivo y los de menos de 5.000 habitantes sumando más de 100.000 habitantes (un 1,8% más) en este lustro.

El objetivo es lograr la España “de 30 minutos”, que pueda acceder a los servicios básicos en ese rango temporal, que anunció en su discurso de investidura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta ha arrancado recordando la “preocupante” constatación de que 2023 fue el año más cálido desde que hay registros. “Nadie puede decir que esto es irrelevante ni ignorar el impacto del cambio climático”, un desafío ante el que “debemos remar más deprisa” pero “de forma justa”.

Ha citado el agua como una de las prioridades de esta legislatura, con una sequía muy “preocupante” en Catalunya y Andalucía, y España como uno de los tres países de la OCDE con mayor estrés hídrico, con más del 70% del territorio en riesgo de desertificación.

Ha afirmado que “no es posible ni recomendable” intentar traspasar a Catalunya la gestión de la cuenca del Ebro, solicitada en la comisión por Junts, porque ya en 2011 el Tribunal Constitucional anuló la transferencia del Guadalquivir a Andalucía y el Ebro también discurre por varias comunidades autónomas, por lo que es de competencia estatal.