Las 'riders' de la limpieza: precarizadas, sin contrato y cargando su propia lejía

Carmen trabaja limpiando casas por horas. Ojea el teléfono cada poco porque es ahí donde recibe las ofertas que le llegan a través de Wayook, una plataforma digital en la que está registrada y en la que quien primero pulsa el botón de 'aceptar', se queda el trabajo. “Pero no me tienen asegurada”, repite varias veces. La empresa explica en un recoveco de su página web que es el usuario quien debe darla de alta en la Seguridad Social, a pesar de que es la propia compañía quien marca los precios mínimos (y, de facto, los que se perciben), canaliza el cobro, se queda una comisión e, incluso, establece estructuras organizativas entre las trabajadoras.

Carmen, que prefiere ocultar su nombre real, es, estableciendo un paralelismo sencillo con plataformas más conocidas como Delivero o Glovo, una rider de la limpieza. Este tipo de plataformas orientadas a los servicios del hogar han experimentado un aumento en los últimos años. En el informe 'El trabajo en las plataformas digitales de reparto' publicado por UGT en septiembre, ya se mencionaba más de media docena de empresas de limpieza y otros servicios a domicilio: Clintu, Flycleaners, GetYourHero, Taskrabbit (adquirida por Ikea) o la propia Wayook.

Para el sindicato, “en varias de estas actividades la relación que une a las partes es, en realidad, por cuenta ajena”, pero todas tienen un modelo de negocio similar pese a que pueden cambiar de denominación o forma jurídica: presentarse como intermediarios que no asumen ningún tipo de compromiso laboral con las trabajadoras, pero que tampoco realizan ninguna labor proactiva para asegurarse de que sus clientes regularicen su situación.

El coordinador de turespuestasindical.es de UGT, Rubén Ranz, explica que “hay que tener en cuenta que muchas de estas plataformas son agencias de colocación, lo que parece que le da un viso de legalidad, pero es todo lo contrario, porque entendemos que existe un fraude”. Para él, este tipo de plataformas, aunque operen de distinta manera, en el fondo hacen lo mismo, funcionar como empresas multiservicios que, a su juicio, “deberían tener a las trabajadoras en el régimen general de la Seguridad Social, aplicándoles el convenio de limpieza”.

“Si funcionan como una agencia de colocación, que efectivamente solo intermedia, el ilícito lo estaría haciendo la familia, pero en muchos casos (las empresas) no solo hacen eso, sino que también deciden un precio y cobran por ello, u ofrecen otros servicios, como aportar los productos de limpieza u otros”, explica el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí, que reconoce, no obstante, que “no es fácil distinguir”.

Para registrarse en las plataformas, las trabajadoras tienen que rellenar cuestionarios en los que responden sobre su experiencia, su forma de trabajar, etc. “Te preguntan de todo, estuve casi dos horas con el cuestionario”, indica Carmen. Algo que choca con los datos que deben completar los usuarios. “No sabes qué te vas a encontrar”, indica, “un día llegué a un piso para limpiar el salón, la cocina y el baño y empezaron a salir chicos de las habitaciones... No pasó nada, pero ves tantas cosas en la televisión que lo primero que pensé fue: ¿dónde me he metido?”.

Lo de aportar los productos también es algo habitual. “Si los traigo yo, me pagan un euro más por hora”, explica Carmen, pese a que la empresa carga al cliente un suplemento de 3,99 euros por un servicio con este extra. Ella cobra unos siete euros por hora (8 si se hace cargo de los productos de limpieza). En su página web, Wayook indica que la profesional recibe directamente el pago en un plazo de 24 horas. En su caso, no es cierto. Ella cobra a mediados y a finales de mes en dos pagos únicos, realice los servicios que realice, que le ingresa la empresa. Para Todolí, “si el cliente paga a la plataforma y la plataforma paga a la trabajadora, volvemos a la prestación del servicio, como los riders, falsos autónomos o lo que sea. Quien tiene que darlas de alta es la plataforma, no el cliente”. Esta redacción se ha puesto en contacto con Wayook, pero no ha obtenido respuesta.

Cómo identificar si existe relación laboral

¿Crees que te penaliza cuando rechazas una oferta? “No, puedo decir que no y me siguen apareciendo otras”, explica Carmen. Ana, que trabaja con Clintu y también prefiere utilizar un nombre ficticio, responde lo mismo: “Puedes decir que no”. El fundador y CEO de esta compañía, Alex Espel, explica que “no existe algoritmo” y que, como trabajador, “no estás obligado a realizar ningún trabajo, ni horarios, ni nada. Obviamente, si estás disponible más horas, podrás trabajar más horas. Si haces más servicios a más clientes a los que les gustas, te piden, están dispuestos a pagar más y se genera una cierta meritocracia”.

La profesora de derecho del trabajo de ESADE Anna Ginès establece varios elementos clave para identificar cuándo existe una relación laboral entre la plataforma, independientemente de su funcionamiento, y las trabajadoras: la asignación del trabajo, el rol de la empresa –si el medio esencial sin el cual el trabajo no tendría sentido es la propia plataforma- o quién se relaciona con el mercado. Sobre el primero, explica que “si la plataforma interviene en esa asignación oferta-demanda, se convierte en la prestadora del servicio”. En ese sentido, existen diferentes sentencias contra Glovo o Delivero -también otras a favor- en las que reconocen que los riders son, de facto, trabajadores de la empresa y en las que dan por sentado la existencia de un algoritmo para la asignación de servicios, que penaliza a aquellos que rechazan algunos o que están disponibles menos horas.

La valoración de las trabajadoras, que éstas se puedan marcar como 'favoritas' para que tengan prioridad sobre el resto cuando un cliente para el que ha trabajo publique una oferta o pedir que la plataforma envíe siempre a la misma limpiadora es para los expertos en derecho laboral una forma de “establecer un sistema de organización empresarial”. “Al establecer un sistema de reputación digital está decidiendo quién va a trabajar en cada sitio, porque la casa le está diciendo a la plataforma a través de 'favoritos' que prefiere a esa persona”, desarrolla Todolí. “Eso es parte de la organización, no sé si suficiente. Eso tendría que decirlo el juez, pero que unos se vean antes que otros es el algoritmo como jefe”, matiza. “Para mí, la variable en si misma -valoración de clientes, servicios rechazados, favoritos, etc.- no es determinante, sino que utilice unas variables que la empresa elige”, coincide Ginès.

“Unos te pagan 8,50 euros, otros 9, otros 10”

Clintu nació hace cuatro años y su trayectoria ha sido ascendente: cerró 2018 con más de 400.000 euros en facturación y tres millones de euros en pedidos. Actualmente tiene registradas a alrededor de 500 personas, “por un lado el perfil del 'manitas', que no es el mayoritario, y luego el de limpieza, que normalmente son mujeres, en muchos casos en riesgo importante de exclusión social o que vienen de backgrounds bastante complicados y a las que poder trabajar limpiando por horas les da la vida” porque “encontrar trabajo limpiando es un drama”, explica Espel.

Los usuarios solicitan, a través de la web, el servicio que necesitan, las características de la vivienda, el tiempo y el precio que quieren pagar, aunque la plataforma determina un mínimo. Esta oferta llega a las limpiadoras, que la aceptan o rechazan. Ana ve en la aplicación lo que se paga por un servicio. “Unos te pagan 8,50 euros, otros 9, otros 10. No lo sé, será el cliente quien pone el precio, no lo sé”, indica. El dinero lo recibe a través de una pasarela de pago que gestiona la propia aplicación, que se queda con entre el 8 y el 15%, según las características del servicio, pero no comprueba que la trabajadora sea dada de alta por la familia. Sí asegura, no obstante, posibles desperfectos en la casa originados durante el servicio, como muestran en un lugar destacado de su web.

“Nosotros no podemos controlarlo, la administración vive en el mundo analógico”, justifica su CEO. Y añade: “Hay muchísima gente que no quiere trabajar legalmente, aunque todo el mundo se escandalice. Es como el '¿con IVA o sin IVA?'. A veces nos dicen que si tienen que cotizar, pasan. A día de hoy no existen los mecanismos para una colaboración público-privada para plataformas como nosotros, que podemos ser un gran canal para aflorar la economía sumergida”.

“¿Quién fija los precios y cobra los servicios?”

Ginès menciona también lo que los juristas llaman “ajenidad”, que se refiere a quién se relaciona con el mercado, quién toma las decisiones económicas, organizativas y estratégicas. “¿Quién fija los precios? ¿Quién cobra los servicios? ¿Quién fija la marca? ¿Quién tiene los datos del cliente? Obligar a que toda relación pase por la plataforma implica que quien se está presentando en el mercado, es la plataforma”, dice.

En este sentido aparece otro punto que puede determinar la existencia de una relación laboral o no: la capacidad de las trabajadoras de marcar precios. “Desde el momento en el que el servicio se ofrece a mucha gente, esa capacidad de negociación cuando no hay contacto directo entre el trabajador y el empleador se desvirtúa”, indica. Y añade: “Se le da la capacidad de fijar el precio a la persona que contrata, pero la persona que trabaja no tiene capacidad real. Su única capacidad es elegir cuántas horas está disponible, que no trabajando”.

Rocío Echevérria pertenece al sindicato independiente de trabajadoras del hogar y los cuidados (Sindihogar) y trabaja con la plataforma Cronoshare. El director de marketing de la compañía, surgida en 2012 en Valencia, Carlos Alcarria, indica que se trata de “un marketplace de intermediación de servicios (de varios tipos)” entre profesionales y empleadores. “Proveemos la tecnología y facilitamos un punto de encuentro para ambos y tanto el empleador como la empleada acuerdan cómo se realiza el servicio”.

¿Cómo se ponen en común? La empleadas deben ingresar dinero en euros en la plataforma para compra 'cronos', una moneda virtual inventada por la compañía con la que pueden acceder al número de teléfono de los empleadores cuya oferta de trabajo les interese. “Tenemos unos listados y los vamos ordenando por ciudades y demás, y por calidad de los perfiles, pero a día de hoy el algoritmo de ordenación no lo tenemos desarrollado al 100%”, indica Alcarria. Para acceder al número de teléfono del cliente, la empleada paga unos 9 euros de media. A cada oferta pueden acceder un máximo de cuatro trabajadoras: a las que no se quedan con el trabajo, tan solo les devuelven 6 de los 9 euros pagados.

“Los clientes no suelen darlas de alta”

A partir de ese momento, la relación entre Cronoshare y la trabajadora desaparece: ella contacta con la familia, deciden un precio y la forma de realizar ese servicio y los futuros (normalmente se indica si el servicio que se solicita es de varios días o muchas horas, lo que hace que compense dejarse los cronos en esa oferta). “Las condiciones son que ellos son intermediarios, no te aseguran, ni te garantizan las condiciones de trabajo que se anuncian. Me ha pasado con familias que pedían una solicitud constante, yo pagué y a las cuatro semanas te dicen que no”, indica Rocío. Ella trabaja en cuatro casas, pero no está contratada en ninguna. “Es un sector un poco complicado, porque los clientes no suelen darlas de alta en la Seguridad Social”, reconoce Alcarria, que matiza que “nosotros recomendamos que el cliente pague lo que corresponda, pero no entramos en gestiones porque seríamos otro tipo de empresa”.

Por eso, el director de marketing de Cronoshare se muestra “totalmente tranquilo” frente a los conflictos laborales que han encarado plataformas que ofrecen otro tipo de servicios, como los de reparto. “La relación que tenemos con los profesionales no tiene nada que ver con la que tienen las empresas de comida a domicilio. Somos una plataforma de marketing y captación de clientes. Nadie está obligado a nada, ni a contactar. En otras plataformas puede que si no coges un trabajo, no trabajes más. Estamos fuera de la polémica”, explica.

Una diferencia fundamental con otras plataformas como Glovo o Delivero es que mientras estas alegan que losriders son autónomos y no tienen relación laboral con la empresa, las trabajadoras domésticas, por ley, no pueden ser autónomas. Así, tiene dos opciones: que las contrate la plataforma o que lo haga la familia. Las empresas, por su parte, no niegan que exista una relación laboral, pero sí niegan que esa relación laboral sea entre empleada y empresa, sino que cargan la responsabilidad a las familias.

Para Estel se trata de “un problema estructural legislativo, a nivel mundial si quieres, sobre qué hacemos con los trabajos que se generan a través de plataformas”. “Puedes ver las plataformas como un canal que te genera economía y riqueza o que no, y cerrarlo. Nosotros conseguimos que encuentre trabajo gente a la que no le dan otras alternativas. Nos dicen que no es una opción buena, ¿qué alternativa propones tú? 'Ah, no sé'. A una persona con dos hijos no le vale un 'ah, no sé'”, desarrolla.

Según los expertos consultados, estas plataformas “están precarizando a las limpiadores y no sé si dejan claro a los empleadores que tienen que darla de alta”, denuncian desde el departamento de inmigración de Unión Sindical Obrera Madrid (USO). “Nosotros recomendamos otras como Senda de Cuidados, que respetan los derechos de los trabajadores”.

El Sistema Especial de Empleadas del Hogar no reconoce a estas trabajadoras los mismos derechos que al resto. No tienen, por ejemplo, prestación por desempleo y pueden ser despedidas sin causa. En la última Encuesta de Población Activa, se declaraban empleadores de personal de servicio domestico unos 600.000 particulares, pero en septiembre la Seguridad Social solo contabilizó 395.000 empleadas. Es decir, una de cada tres trabajadoras no está dada de alta. Estos números sitúan a las empleadas domésticas en una situación dramática. Más aún si se tienen en cuenta los bajos salarios que perciben. Según un informe de UGT, publicado a principios de año, en 2017 las aseguradas cobraban de media 776 euros al mes, 81 euros menos que en 2008.