Los riesgos del bono de alquiler joven: entre la eficacia limitada y la subida de precios

Los 200 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para reeditar el conocido como Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensual a menores de 35 años, ha generado una agria desavenencia en la coalición, aún con la resaca de la multitudinaria manifestación del fin de semana. “Si no topas los precios, es un bizum a los caseros”, afeó el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, sobre una medida incluida en el acuerdo firmado hace apenas un año con los socialistas. La medida tampoco contenta a los movimientos, con un argumento similar. “Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre”, lamentaron desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El director adjunto de EsadeEcPol, Jorge Galindo, señalaba este lunes en su cuenta de X que “las ayudas al alquiler suelen acabar, al menos en parte, capturadas por el arrendador”. No lo hacen por bizum, sino a través de subidas de la renta. Este experto en políticas públicas es uno de los coautores del estudio '¿Servirá la nueva Ley de Vivienda para mejorar el alquiler en España?', en el que se analizaban diferentes trabajos sobre la “capacidad de captura” de subsidios al alquiler.

“No hay dos ayudas iguales, ni suceden en el mismo contexto”, aclara Galindo, en conversación con elDiario.es, pero los ejemplos analizados provienen de países “relativamente comparables” a España y “metodológica y empíricamente rigurosos”. “Aunque varía bastante, el traslado a pecios en los nuevos contratos no es pequeño”, indica. Según el trabajo, los propietarios se llegan a hacer con entre un 10% y un 78% de los subsidios.

“Cuando la oferta es mucho más escasa que la demanda, la oferta tiene más poder de mercado para poner los precios, pero también para imponer condiciones en torno al alquiler, que son muy favorables a los propietarios, como los avales o los meses de fianza, que suceden en contextos en los que tienen la sartén por el mango”, desarrolla Galindo.

Todas las voces consultadas coinciden en que este tipo de políticas tienen un efecto inflacionista. Aunque con matices. “Si funciona de verdad, una parte de la ayuda se acaba trasladando a los precios, que suben para todos, mientras solo compensas a quienes tienen el cheque”, explica el subdirector del centro de estudios Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, que añade que la medida puede llegar a ser regresiva. Uno de los requisitos es tener ya un contrato de alquiler firmado, así el nivel de renta, o de capacidad para acceder a una vivienda, marca un límite por abajo. ¿Y si no funciona? “El mercado se queda como está y el joven se queda los 250 euros”.

Es un análisis en el que coincide, en parte, la directora general de Provivienda, Gema Gallardo. “Las ayudas directas son una de las pocas políticas públicas que pueden tener un efecto inmediato en el acceso y en facilitar el pago del alquiler, pero no es una política de cambio estructural que haga que no haya que subvencionar a las rentas año tras año”, explica. Para evitar un efecto, que reconoce, puede ser inflacionista, Gallardo apuesta por que este tipo de medidas se hagan a través de programas públicos de intermediación de alquiler, como los que gestiona su ONG. Esto permite a las administraciones ejercer de interlocutor entre inquilinos y propietarios y ofrecer garantías a unas y otros de forma que los segundos no desboquen los precios.

Impacto en los precios, “si tiene éxito”

“Si tiene un éxito tremendo y cubre a gran parte de la demanda del alquiler, el impacto en los precios es directo”, señala la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull. En cualquier caso, a nivel de alivio a los receptores considera que la medida es “correcta”. “Existe un problema claro de acceso, que no viene determinado porque todos los inquilinos sean pobres, sino porque los precios se han desmarcado de los salarios y los hogares de renta media jóvenes no puede pagar, están fuera del mercado”, desarrolla.

En este contexto, el subsidio ayudará a quienes lo reciban, “si es que encuentran oferta”, aclara Taltavull. Va más allá: para que sea eficaz para las familias, el número de viviendas en un rango de precios que puedan pagar tiene que ser suficiente en las zonas donde viven y trabajan. “Las variables son muchísimas y para evaluar su impacto necesitamos muchísima información”, admite.

El responsable del Hub de vivienda en Future Policy Lab y doctorando en Economía por la CY Cergy Paris Université, Ivan Auciello, señala que “tradicionalmente” medidas como el bono alquiler han tenido un efecto inflacionista. “Si se generaliza en una parte de la población, provoca que los caseros sepan que los inquilinos tienen más capacidad de pago e intenten subir el precio para quedarse con la ayuda”, explica este experto en análisis de políticas públicas, que aclara que, actualmente, “se están desarrollando estudios que señalan que si se destinan (las ayudas) a una pequeña parte de la población y están muy focalizadas, pueden ser de ayuda sin afectar al precio”.

Para poner en contexto el alcance, en volumen, el bono anterior alcanzó a unos 65.000 jóvenes, uno de cada tres de quienes lo pidieron. Según los datos compartidos por el responsable de socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, Javier Muñoz, en una jornada sobre emancipación organizada este martes por Provivienda, solo ha alcanzado al 0,6% de la población menor de 35 años. Y, a tenor de las reivindicaciones de las últimas semanas, no parece que haya ayudado a combatir el malestar. Aquí influyen varios factores. Uno es el diferente ritmo al que las comunidades autónomas han gestionado la ayuda. En Andalucía, la Cámara de Cuentas está estudiando la gestión de la Junta del dinero público recibido para este fin. Otro es que se concurre de forma competitiva: cuando se acaba el dinero, no entra más gente. Y el tercero, son las trabas burocráticas.

“Parecía que podía ser eficaz”

“Si bien es una medida que, sobre el papel, parecía que podía ser eficaz a corto plazo, a la hora de ejecutarla no se ha hecho teniendo en cuenta la realidad de la vivienda”, explicaba Muñoz, que criticaba que el bono excluye a quienes paguen más de 300 euros por una habitación y que no actúa como una herramienta real de apoyo a la emancipación. “Te exige estar ya emancipado y tan solo un 17% de los jóvenes lo está”, señala.

“Las barreras para pedir las ayudas, entenderlas, saber qué papeles hay que presentar... son muy propias del concepto español”, señala Garrido, que reconoce el “esfuerzo importante” del Ministerio de Vivienda por hacer una web comprensible. “Es un trámite muy burocrático y difícil y, además, se está pagando (por parte de las comunidades autónomas) con mucho retraso. ¿De qué sirve una política de ayudas directas si hay gente que todavía no ha cobrado las de 2023?”, plantea Gallardo.

Más allá de la construcción de vivienda pública, en lo que coinciden los expertos, el director adjunto de EsadeEcPol plantea otro destino para estos fondos: “Si queremos dar una ayuda a la gente que tiene una presión fuerte en sus gastos, existe el Ingreso Mínimo Vital, un canal en el que se está trabajando muchísimo y que no existía antes en España. ¿Por qué no utilizarlo más? Ahora mismo tiene un tope de edad por abajo y se podría ampliar la cantidad de dinero y los candidatos potenciales”.

Precisamente, la ampliación del parque público de vivienda es un eje que vertebra las propuestas a medio o largo plazo planteadas por las voces expertas. Más allá incluso del tope de precios. “Evidentemente, hay que regular los precios, que las subidas y que el tiempo medio de duración esté controlado, pero si un propietario sube el precio y se lo alquilan, es que falta vivienda, sino tendría que bajarlo”, señala Conde-Ruiz, que reclama vivienda pública para alquiler, “no para venta”. “Los topes a los precios no pueden ser estatales, por norma constitucional. Es una limitación que ya existe y que unas comunidades activan y otras no, además las subidas en los contratos vigentes ya están topados. No veo que esto lo vaya a resolver”, añade Galindo.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha calificado el bono como un “parche” con “muy pocos resultados, algunos perniciosos y hasta contraproducentes”, por lo que ha pedido topar los precios y generar vivienda asequible. “Hay que dotarnos de un gran parque público de vivienda en alquiler que tiene que pasar por nuevas construcciones y por movilizar vivienda vacía o vivienda que ahora mismo está a precios desaforados, combinando la rentabilidad entre los propietarios de esos pisos con la seguridad en el alquiler, pero también imponiendo precios sociales que se pueda permitir la gente”, ha reclamado.

“Las medidas que tienen que acompañar a las ayudas directas son el incremento de la oferta, no necesariamente a través de la construcción”, considera Taltavull, que enumera la “modificación de la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler” o las barreras que los intermediarios están poniendo a quienes quieren acceder a una vivienda, como las tarifas, que suponen “una transferencia de renta importante por un servicio que tendría que ser ágil”. Desde 2015, los beneficios de los intermediarios en el sector inmobiliario, sin incluir a la construcción, han crecido en un 52%, con solo un 2% de asalariados más. Es decir, las empresas se enriquecen sin crear empleo, mientras sus ventas aumentan un 18%, 34 puntos por debajo de las ganancias.

Auciello indica que otra medida efectiva y, a priori más barata, sería la de que las administraciones públicas avalen los contratos de alquiler en caso de impago. “En realidad, es un seguro para los propietarios que combate el discurso de la inseguridad y que es relativamente barato porque no hay muchos impagos. Además, el Estado tendría más herramientas para recuperar ese dinero, a través del IRPF, por ejemplo”, explica. En Francia han puesto en marcha una herramienta de este tipo, Visale, gratuita para ambas partes. “En una evaluación, se observa que ha ayudado a personas con ingresos inestables, como un contrato temporal, o personas migrantes, que en general tienen más dificultades para pasar los filtros de los propietarios y se tiran meses buscando una vivienda”, señala.