La agencia de calificación crediticia S&P considera que el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los bancos anunciado esta semana por el Gobierno será “manejable” para las entidades. De este modo, enfría, en una primera valoración, las expectativas negativas para las entidades financieras, que rechazaron esta nueva tributación por el efecto que podría tener sobre su actividad. La multinacional considera que afectará al 12% de los beneficios de los dos próximos años.
Poco se conoce por ahora de la letra pequeña de este nuevo impuesto. No se ha podido avanzar el método de cálculo o cuál será la base imponible. Sin embargo, S&P ha hecho una proyección en base a la previsión del Ejecutivo de recaudar 1.500 millones anuales con este nuevo tributo, lo que serían 3.000 millones de euros en los dos años que estará vigente (2022 y 2023). Con ello, y en base a las previsiones de la economía y de los resultados de los bancos españoles, la agencia cifra en un 12% del beneficio el coste para los bancos. “Será en gran
“La inmediata reacción negativa del mercado —los bancos se desplomaron en Bolsa— es comprensible porque esta medida pesará sobre los beneficios de los bancos españoles”, señala el informe de S&P publicado este jueves. “Sin embargo, consideramos que los efectos del impuesto son en gran medida manejables desde la perspectiva de las calificaciones si nuestros supuestos macroeconómicos actuales se mantienen”, añade la nota. “Los 3.000 millones de coste fiscal adicional en 2022 y 2023 equivalen aproximadamente al 12% del resultado final nacional que esperamos para el conjunto del sistema bancario en el mismo periodo y podría detraer 70 puntos básicos del retorno de capital —ROE— de los bancos”, enfatiza.
La agencia reconoce que fue una “sorpresa” el anuncio porque hasta el momento el debate sobre gravar los “beneficios caídos del cielo” se había centrado en el sector energético. Sin embargo, apunta, “esto no es nuevo en Europa”. S&P recuerda que desde la pasada crisis financiera las iniciativas para imponer nuevos gravámenes a los bancos han proliferado bajo distintos nombres en Europa. Señala por ejemplo que, con motivo de la pandemia, en Dinamarca ya se aprobó un impuesto dirigido a los bancos que estará plenamente en vigor el próximo año. Más recientemente, Hungría ha anunciado un nuevo impuesto basado en los ingresos y Polonia uno conocido como “contribución social”. S&P señala que incluso en Italia está bajo consideración esta idea.
La agencia ya emitió el pasado mes de junio un documento en el que avanzaba la posibilidad de que se impusieran nuevos impuestos a los bancos por los beneficios caídos del cielo. Esas ganancias extra que percibirán por la subida de los tipos de interés. En este informe, S&P señalaba que el aumento de los tipos de interés significa “que la mayoría de bancos europeos se beneficiarán de un aumento de los ingresos por el aumento de la facturación por intereses”. “Al mismo tiempo, las finanzas de los hogares, las empresas y los gobiernos se ven presionados por el debilitamiento del crecimiento económico y una inflación persistente más alta”, señala.
“Los impuestos y gravámenes del sector bancario ya están en vigor en muchos países europeos y hay indicios de que podrían proliferar aún más”, apuntaba el documento, asumiendo que anuncios como el que posteriormente ha hecho España eran previsibles. “Es poco probable que en sí mismos conduzcan a calificaciones [de deuda] más bajas”, señala. Si bien, la agencia concluía que si las condiciones económicas finalmente se ven gravemente afectadas por la situación de alta inflación, en ese caso sí podría afectar a la solvencia de los bancos. “A menos que los impuestos sean a niveles que a los bancos les cueste pagar, es poco probable que suponga rebajas de rating”, enfatiza.
El grupo financiero Credit Suisse estima que el impacto del nuevo impuesto temporal a la banca podría suponer una carga fiscal agregada de hasta 930 millones de euros al año para los tres principales bancos nacionales: Santander, BBVA y CaixaBank, según ha indicado en un análisis que ha elaborado sobre la medida. Esta cifra supondría que la carga fiscal se elevaría hasta los 1.860 millones de euros para los dos años en los que está previsto que el impuesto esté en vigor, 2023 y 2024.
La firma ha elaborado dos escenarios, dependiendo de lo que fiscalice el impuesto. En el primer escenario, la carga fiscal sería proporcional a las cuotas de mercado en España de los bancos. Bajo este escenario, calcula que las potenciales cargas anuales serían de 400 millones de euros para CaixaBank (con un impacto de 6 céntimos en el precio de sus acciones); de 300 millones de euros para Santander (con un impacto de 2 céntimos en el valor de sus títulos); y de 230 millones de euros para BBVA, (con un impacto de 4 céntimos).
En el segundo escenario, Credit Suisse contempla que el tipo impositivo es del 10% del beneficio en el mercado doméstico antes de impuestos. Con este enfoque, las cargas anuales serían de 300 millones de euros para CaixaBank, de forma que el impacto en sus acciones sería de 4 céntimos; de 200 millones para Santander (con un impacto de 1 céntimo); y de 200 millones para BBVA (con un impacto de 4 céntimos).
La firma señala que el mercado podría haber reaccionado “de forma exagerada”, ya que sus estimaciones iniciales sobre el impacto fiscal estarían por debajo de las pérdidas que los bancos sufrieron el día en el que se conoció el anuncio del impuesto. Sin embargo, resalta la “falta de visibilidad” sobre la tasa, al no conocer todavía los detalles de la medida.
Las patronales bancarias en España salieron en tromba el martes contra este nuevo impuesto en España. La AEB, por ejemplo, habló de “improvisación jurídica” y que “distorsiona el mercado”. La CECA, por su lado, consideraba que la decisión “no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la unión bancaria”. Ambas patronales llegaron a poner en duda, de hecho, que la subida de tipos vaya a suponer un aumento de ganancias extraordinario para las entidades.
Este jueves, BBVA Research, el centro de estudios económicos del banco que preside Carlos Torres, ha asegurado que “no tiene sentido penalizar a sectores específicos como el sistema bancario” que “no genera externalidades negativas en el resto de la economía”. “Todo lo contrario, facilita la asignación de recursos productivos a sectores más dinámicos y de mayor crecimiento”, ha incidido.