El mea culpa entonado esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al admitir que su previsión de que se iban a perder 40.000 empleos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros ha destapado la inconsistencia con la que políticos, instituciones públicas y organismos privados se lanzan a predecir visiones apocalípticas sobre medidas económicas cuyos argumentos están vinculados a intereses o tienen más sustento ideológico que científico.

En octubre de 2018 se daba a conocer la subida del 22% del SMI como una de las medidas recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, aunque la luz verde al incremento salarial no estaba vinculada a la aprobación de las cuentas públicas, como así ocurrió finalmente.

Desde su anuncio, la patronal CEOE censuró la medida como un ataque a la creación de empleo. El entonces candidato a la presidencia de la patronal Antonio Garamendi aseguró que con su aprobación “se rompía” el diálogo social y conducía a “un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente” y “a un escenario peor del que ya tiene España”. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de CEOE, llegó a decir que “la subida del salario minimo es un empleocidio” asimilando el acuerdo PSOE-Podemos como un “arma de destrucción masiva del empleo”.

La tensión política incrementó aún más las salidas de tono sin una base argumentativa clara. Daniel Lacalle, gurú económico del PP, que en el pasado se había posicionado contra el SMI, declaró que “la subida del salario mínimo es una subida de impuestos encubierta” mientras que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se vio envuelto en una polémica cuando deslizó que si ganase las elecciones bajaría el salario mínimo el próximo año a los 850 euros mensuales. Tuvo que desdecirse unas horas después. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alegó que no compartía “la política trasnochada, podemizada, de subir por decretazo los salarios”, mientras que el responsable económico de Ciudadanos y cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Luis Garicano, apuntó que “lo que se hace con los salarios mínimos altos es poner una barrera a la incorporación de la gente al mercado de trabajo”.

El problema principal es que fuera del debate político, instituciones y empresas se lanzaron a cuantificar el supuesto desastre que caería sobre la economía española y el empleo. Además de la previsión fallida de la AIReF, Rafael Doménech, economista jefe de BBVA Research, en su artículo ¿Es bueno o malo que suba el salario mínimo? señaló que “las estimaciones de BBVA Research indican que en el bienio 2019-2020 se crearán entre 75.000 y 195.000 empleos menos que en ausencia de la subida del SMI”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que los incrementos pronunciados del salario mínimo ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.

Pero fue un informe del Banco de España el que desató las mayores críticas sobre la subida del SMI. En ese estudio el organismo regulador, a partir de las supuestas consecuencias que tuvo el incremento del 8% del SMI en 2017, apunta que con la subida a 900 euros “la incidencia sería particularmente elevada en determinados colectivos, como los de mujeres, jóvenes, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal. Una simulación del impacto potencial de la subida planteada para 2019, utilizando las estimaciones realizadas con la experiencia de 2017, aunque sujeta a una elevada incertidumbre al no existir subidas comparables anteriores, sugiere que el impacto sobre la probabilidad de perder el empleo sería claramente superior al estimado para 2017”. Pese a las cautelas, el Banco de España se atrevió a pronosticar que el incremento del SMI podría suponer una “pérdida de empleo de alrededor de 125.000 trabajadores” en 2019.

Bruselas descartó impacto en la subida de 2017

Sin embargo, la Comisión Europea ya apuntó el año pasado que la subida del 8% del SMI en 2017 “no afectó al empleo significativamente”, aunque avisa que futuras subidas podría afectar a colectivos como los jóvenes, con más dificultades para encontrar trabajo.

La realidad es que la EPA del primer trimestre del año, aunque los datos fueron malos como suele ocurrir en esta época del año, no recogen un fuerte incremento del paro por la subida del salario mínimo. El último dato de empleo correspondiente a abril recoge que los trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 186.785 personas, un dato que supera en 10.412 afiliados el registro de 2018 y que sitúa este mes de abril como el segundo mejor de toda la serie histórica (solo por detrás de abril de 2017), el paro registrado bajó en 91.518 personas en el pasado mes respecto a marzo y la afiliación media a la Seguridad Social se consolida por encima de los 19 millones de trabajadores, en concreto se sitúa en los 19.230.362 ocupados en abril, la cifra más alta desde julio de 2008.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló que no cumplieron los negros designios de la derecha sobre que la subida del SMI “iba a provocar un desplazamiento de la afiliación del régimen general de seguridad social hacia el de autónomos” o “que las empresas iban a motivar a sus trabajadores para que se convirtieran en autónomos” promocionando la figura de los “falsos autónomos”.

¿Por qué se han lanzado tantas predicciones negativas? La realidad es que no había ni hay una posición prevalente en el debate científico entre los economistas sobre el impacto de la subida del SMI sobre el empleo. Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, explicaba en su artículo Salario mínimo: más datos para el debate que “el hecho de que los investigadores en economía laboral no lleguemos a un consenso sobre los efectos del salario mínimo en el mercado de trabajo, y en particular, sobre el empleo, es una prueba evidente de que no es un tema dominado por una determinada ideología liberal, ni otra cualquiera. Los resultados dependen esencialmente, y no sólo, del tamaño relativo de la subida, del momento del ciclo, lugar, y colectivos sobre los que se pretende medir el impacto”. Este planteamiento no le impidió calificar como “imprudente” la subida a 900 euros del SMI.

“Imprudencia e interesado estruendo”

Alberto del Pozo, miembro de Economistas contra la crisis, achaca el problema a “la imprudencia, el interesado estruendo y la maliciosa oportunidad que han mostrado quienes son contrarios a la subida, utilizando destacados púlpitos supuestamente independientes y estudios al menos cuestionables, para atacar ex-ante la medida”.

En el mismo sentido, se posiciona Daniel Fuentes, jefe de Políticas Macroeconómicas y Financieras en el Gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que añade “la falta de rigor de no pocos académicos cuando se anunció la medida, desatando un alarmismo prejuicioso como pocas veces hemos visto, y la falta de humildad ahora para dejar de dar lecciones y reconocer que habría estado bien llamar a la moderación entonces”.

El economista José Moisés Martín Carretero recomienda paciencia y ampliar el foco para saber si una medida así tiene incidencia sobre el mercado laboral. “En noviembre, con la subida del SMI, recomendamos prudencia en las estimaciones a favor o en contra. En febrero recomendamos prudencia sobre la interpretación de los resultados porque no había datos suficientes. Hoy sigo recomendando prudencia”.

Todavía crítico con la medida, el economista Marcel Jansen recrimina “la falta de rigor en el debate - tanto político como mediático - en una materia tan sensible para las capas más vulnerables” y especifica que “sin evidencia concluyente, lo prudente es acordar una senda más gradual y contemplar si lo debes de aplicar [el incremento del SMI] a toda la población o quizás conviene excluir a los más jóvenes”.

Raül Segarra, estadístico en l'Observatori de Treball i Model Productiu, ya escribió un artículo junto al economista Manuel Alejando Hidalgo Pérez un artículo en el que pedían “desconfiar de toda afirmación categórica sobre la cuestión” del impacto de la subida del SMI. Ahora llama la atención sobre la realidad de lo que se sabe hasta el momento: “¿Qué sabemos hasta ahora? Que no se observan efectos sobre el empleo total, tal y como explica la AIReF. ¿Es un buen indicio? Sí. ¿Quiere decir que no tendrá efectos en un futuro? No, pero reduce las posibilidades”.

“En resumen, buenas noticias pero no definitivas. Nos falta tiempo y datos para poder valorar la medida en global, con todos sus posibles efectos. Hace 6 meses las opiniones tajantes no tenían sentido y siguen sin tenerlo”, concluye Raül Segarra.