El precio de una barra de pan común ha subido en un año en España de unos 35 céntimos a 40. Cerca de un 15%, según el cálculo medio en septiembre respecto al mismo mes del año pasado de Eurostat, el servicio oficial de estadística de la Unión Europea (UE). El encarecimiento del alimento más básico de nuestra cesta de la compra sirve para entender la alarma que supone la inflación que sufren las familias trabajadoras.
Sobre todo, las más pobres, para las que esos 5 céntimos de diferencia, y los otros tantos que tienen que gastar de más en verduras, hortalizas... o en el aceite -una subida del 14,4% interanual de los alimentos y bebidas- han convertido la visita al supermercado en una pesadilla asfixiante. Evidentemente, la alimentación no es algo de lo que se pueda prescindir. Como tampoco es fácil renunciar a poner la calefacción para pasar frío, o la lavadora, o a llenar el depósito de gasolina si se necesita para acudir cada día al puesto de trabajo.
En este contexto, la patronal todavía no ha decidido cuándo se va a volver a sentar a hablar con los sindicatos y desbloquear la negociación colectiva para acordar la subida salarial de los próximos años en el sector privado. Mientras, las empresas ya superan los beneficios previos a la pandemia, según los últimos datos del Banco de España.
El Gobierno viene desplegando medidas de choque para paliar estos daños. Primero, muy centradas en la factura de la luz, en los carburantes... Después, más focalizadas en los hogares más vulnerables, o en el uso del transporte público para reducir el consumo de gasolina o diésel.
También ha garantizado el poder adquisitivo de pensionistas (confirmando la revalorización según el IPC de noviembre en cumplimiento de la ley) y ha negociado con los funcionarios (con los que ha pactado una subida del 9,5% en tres años). Aun queda que cumpla con el objetivo de volver a incrementar el Salario mínimo interprofesional (SMI).
“El problema de los precios ya no es solo de variación, es de nivel: están tan altos que, aunque se modere su subida en 2023, los bienes y servicios están muy caros para la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones”, lamenta el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO).
A la subida de los precios se suma el encarecimiento de dos factores muy relevantes para lo hogares no incluidos en el IPC (Índice de precios de consumo), que en septiembre se moderó hasta el 8,9%: “el repunte de los tipos de interés (impulsados por las subidas de tipos del Banco Central Europeo) y de la vivienda. Estas fuertes subidas están afectando al consumo y recortando el poder adquisitivo de los sueldos, que hasta ahora se han mantenido contenidos”, continúan en el sindicato.
“Hay riesgos de que algo se rompa”, admite Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, quien calcula que los salarios reales (descontando a la remuneración media de los trabajadores la inflación) pactados en los convenios colectivos están sufriendo la mayor caída de los últimos 40 años, de casi un 8%. Este centro de análisis proyecta que al cierre de 2022 los acuerdos de incrementos rondará el 3%, mientras que en el 2023 rozarán el 4,5%, muy por debajo de la inflación.
En la misma línea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que, en el primer semestre de 2022, se observó una contracción de los sueldos reales próxima al 6%, “muy elevada en términos históricos”, que supera el hundimiento del cuarto trimestre de 2012, en lo peor de la crisis financiera que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. La misma institución avisa de que solo uno de cada cuatro trabajadores está protegido de la inflación en sus convenios, con clausulas de garantía salarial.
Los sueldos sirven hoy para comprar menos cosas que hace un año. Muchas menos. Y si el consumo de las familias todavía sigue creciendo es por la explosión de la demanda embalsada durante la pandemia con el fin de la restricciones, por el ahorro acumulado, por las medidas de choque y por la resistencia del mercado laboral gracias a la reforma laboral.
Sin embargo, “la tasa de ahorro de los hogares se ha reducido ya hasta niveles próximos a la media de los últimos años, lo que significa que muchas familias ya no disponen de un colchón de liquidez para compensar la pérdida de capacidad de compra de sus ingresos”, inciden en Funcas. “Además, la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania se percibirá con más intensidad durante el próximo periodo invernal”, añade el equipo de economistas del centro de análisis.
“No obstante, un apunte favorable respecto a la tasa de paro, que no por conocido debe omitirse: por vez primera en más de cuatro décadas, una severa (aunque breve) crisis no redundó en una devastación del empleo”, apuntan los expertos que firman el último Observatorio económico de Fedea.
Además de la incertidumbre por la guerra y la crisis energética, uno de los principales riesgos para los trabajadores y para la economía en general tiene que ver con el encarecimiento de la financiación, desde las hipotecas hasta los préstamos a empresas. “Una excesiva subida de los tipos de interés encarna un riesgo que podría hacer ceder el dique de contención que es el empleo”, apunta Raymond Torres, director de análisis de Funcas. El incremento del precio del dinero que ha decidido el BCE para “enfriar la actividad”, dañar la demanda y luchar así contra la inflación asume el riesgo de una recesión. Y, por tanto, de aumento del paro.
“Existe un colchón de ahorro, de unos 80.000 millones, pero repartido de forma desigual, por lo que el empleo es el principal factor diferencial en España con la conflictividad que ya está ocurriendo en Francia, porque las familias están manteniendo las rentas en nuestro país, algo histórico”, explica el economista.
Pero son rentas mermadas. “La clase trabajadora está al límite, pero aún es peor la situación de las mujeres. Son ellas las que sufren la brecha salarial, las que encadenan un mayor número de contratos precarios y las que siguen ocupándose de los cuidados en mayor medida, para luego llegar a la edad de la jubilación y obtener pagas mucho más reducidas que las de sus compañeros”, consideran en CGT.
Y precisamente los sindicatos ya han puesto el conflicto sobre la mesa para pedir subidas salariales que protejan a los trabajadores del golpe de la inflación. “Los salarios de convenio solo suben el 1,8% interanual, que es el resultado de ponderar el 2,61% de subida media pactada hasta septiembre para 7,6 millones de trabajadores con el 0% provisional para los cerca de 3,5 millones que todavía no han pactado una subida para este año”, inciden en CCOO.
Mientras, muchos sectores empresariales, cuyos representantes (principalmente la CEOE) se niegan a negociar un acuerdo de subida de los sueldos, han conseguido trasladar los precios más altos de la energía y de otros costes a sus ventas, elevando sus ingresos y mejorando su capacidad de obtener ganancias, lo que se conoce como margen de beneficio. Una tendencia clara para compañías relacionadas con el refino de materias primas, mineras, eléctricas, de transporte, o en el comercio y la hostelería.
El momento que vive la CEOE no es el ideal para alcanzar un acuerdo. La patronal vive agitada por las elecciones a su presidencia. Hasta el momento solo se había vuelto a presentar a la reelección Antonio Garamendi, pero la aparición de un posible candidato, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, puede complicar aún más en la negociación salarial. De hecho, desde que se abrió el proceso electoral en CEOE, la patronal se ha cerrado en banda a alcanzar cualquier acuerdo con los sindicatos o a aceptar propuestas del Gobierno de coalición como el Estatuto del Becario.
Garamendi busca consolidar su posición en la organización empresarial con una postura más dura con el Ejecutivo centrada en criticar la subida de impuesto o el incremento de cotizaciones sociales a los salarios más altos. “El Estado está ingresando más que nunca y se está aprovechando de la inflación mientras que las empresas no lo están haciendo” de manera que “vamos empobreciendo el país porque si uno no gana no puede pagar impuestos”, aseguró en una entrevista en la cadena COPE.
Esta misma semana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reiteró que la estrategia sindical pasa por “tensionar” la negociación colectiva para la última parte del año y particularmente para 2023. Y afirmó que movilizarse puede dar lugar a “buenos rendimientos”, como ha sucedido con el convenio del metal de Ourense, en el que, tras una huelga de más de dos semanas, se han firmado con la patronal del sector subidas salariales del 5,5% para 2023 y del 4,5% para 2024, con el compromiso de una cláusula de revisión salarial para el 1 de enero de 2025 de hasta el 18% si la inflación fuera mayor a las subidas pactadas.
“La patronal del metal de Ourense no quiere que desaparezcan sus empresas. No son suicidas, pero se han visto obligados a llegar a este acuerdo tras una huelga de más de dos semanas. No es el escenario ideal, España no necesita huelgas de varias semanas pero, con esta actitud de la CEOE, el conflicto está servido, si no es en este año será el siguiente y, si no, será al que viene”, concluyó.