“Hay otra Visa 'black' aún más codiciada, al menos en la torre de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. La visa 'black a efectos fiscales' de la que disponían varios consejeros”. Esta es la primera referencia pública de lo que más tarde se acabó popularizando como las “tarjetas black” y que destapó eldiario.es en una información de diciembre de 2013. La noticia revelaba la existencia de tarjetas opacas en Caja Madrid (y más tarde Bankia), que más tarde se investigaron en una causa judicial de cuatro años de duración, que ha sentado en el banquillo a banqueros, políticos, sindicalistas y empresarios. Hasta la condena de este miércoles del Supremo.
Esa primera información sobre las tarjetas “black a efectos fiscales”, de Belén Carreño, tiene su origen en la filtración masiva de casi 8.000 correos procedentes del buzón de Miguel Blesa, gracias a una fuente derivada por el Partido X. Aquella filtración dio lugar a la investigación periodística Los Correos de Blesa y, dentro de la criba que hizo el equipo de redacción de este medio, uno de los emails contenía una mención a las tarjetas opacas.
Era un correo fechado el 1 de septiembre de 2009 en el que el secretario saliente del consejo de Administración (Enrique de la Torre) informaba a su sustituto (Jesús Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. En el correo se detallaba lo que cobraba cada consejero. En copia estaba Miguel Blesa, quien supuestamente había pedido que se transmitiera esta información.
“Tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio [...]), de 25.000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50.000 €”, explicaba el email interno de los consejeros, que advertía en el asunto sobre su contenido “Confidencial”.
De la Torre explica que “en cuanto a tarjetas Black, los Vicepresidentes, Antonio Romero, Bedia y Baquero tienen una cobertura de 50.000 € al año; los demás de 25.000 €”. Los vicepresidentes eran José Antonio Moral Santín, que representaba inicialmente a Izquierda Unida, y Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004.
Pista para la investigación judicial
Pese a la revelación, en la que se destapaba un complemento salarial a los consejeros de la caja por los que no se tributaba al fisco, las “tarjetas black” que popularizó Miguel Blesa no obtuvieron tanta notoriedad pública en 2013. Lograron mucha más réplica en otros grandes medios las informaciones sobre “los pelos” de Aznar, los safaris, los vinos y los coches de Miguel Blesa, no así las visas opacas. Hasta octubre de 2014. Fue entonces cuando sale a la luz que Anticorrupción investiga el pago de 15 millones de euros con estos plásticos en negro.
La investigación judicial tiene su origen en la información publicada por eldiario.es. El correo desvelado de los directivos de Caja Madrid puso sobre aviso a la nueva Bankia rescatada por el Estado, que inició una investigación interna sobre esas “visas black”. La información de la auditoría fue puesta en manos del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que trasladó la documentación a la Fiscalía Anticorrupción. Y todo ello dio paso a la causa judicial de cuatro años que ha acabado con una sentencia firme del Supremo.
Aunque el gasto de las tarjetas opacas no es tan abultado en comparación con otras causas de corrupción investigadas por la justicia, las “tarjetas black” generaron una gran conmoción social en una población azotada por la crisis económica, incluidos los miles de preferentistas que perdieron sus ahorros en Caja Madrid. Las visas en negro fueron el reflejo de una era de impunidad en la que el establishment económico pasaba pagos de hasta 3.547 euros en un solo día bajo el concepto “venta bebidas alcohólicas”.
Ese gasto salía de la tarjeta black de Rodrigo Rato, pero ahí están los 76.642 euros en hoteles de Miguel Blesa, los 47.900 euros que Díaz Ferrán desembolsó en restaurantes de Arturo Fernández, los 3.800 euros en zapatos del diseñador de lujo Manolo Blahnik de Mercedes de la Merced, la televisión de pago, joyas y viajes del sindicalista Francisco Baquero Noriega (CCOO), los videojuegos y la multa de Tráfico de José Ricardo Martínez (UGT) y los 9.782 euros en arte sacro del consejero Jesús Pedroche (PP), entre otros.
Las black reflejaron un modo de actuar en la cúpula del poder económico y de su trasversalidad: el caso no entiende de siglas, afecta a políticos del PSOE y del PP, sindicalistas de CCOO y de UGT, miembros de la patronal, catedráticos y empresarios. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba este mes que la mayor caída del PP en las encuestas se produjeron por estas tarjetas.
Esas visas estuvieron ahí durante muchos años, a la sombra del conocimiento público, pero mantenidas con el de muchos participantes de diferente signo político: el uso de las tarjetas opacas está acreditado desde 1998, cuando entra como presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, hasta 2012, cuando Rodrigo Rato dimite días antes del rescate de la entidad, ya convertida en Bankia.
Muchos acusados, como el propio Rato, se escudaron en “la costumbre” para explicar por qué habían usado y aceptado esa tarjeta sin cuestionarse éticamente su existencia. Una “normalidad” que explotó por los aires con este caso hace más de cuatro años y a la que ha puesto punto final el Tribunal Supremo con su condena.
[Este artículo es una versión de este tema que se publicó en 2017]