Santander vive hoy uno de sus días con más visitantes del año. La capital cántabra acoge la junta de accionistas del primer banco español que lleva su nombre. Salvo excepciones, como la junta de 2011, que se celebró después de conocer la investigación fiscal a la que había sido sometida la familia Botín por la llamada 'lista Falciani', estas juntas suelen ser un remanso de paz. El banco da beneficios -4.370 millones de euros- y reparte dividendos -es una de las empresas más rentables para los accionistas del parqué español-.
Pero este año la junta se celebra después de una espiral de noticias que ponen más que en cuestión la gestión que ha realizado la entidad durante estos años de crisis. De la gestión de los recursos pero, sobre todo, de la gestión de los clientes. Muchos de los cuales coincide que además son accionistas.
Apenas 48 horas antes de la junta se conocía que la Reserva Federal de Estados Unidos, a todos los efectos el regulador bancario del país, rechazaba el plan de capital que la filial de Santander en el país le había presentado. Es la primera vez que el Santander se presentaba a esta suerte de test de estrés que el regulador financiero hace todos los años. La entidad presidida por Janet Yellen asegura en su informe que la Santander USA había presentado un plan con “amplias y significativas deficiencias”.
En concreto, dice que ha visto deficiencias en la gestión de “la gobernanza, los controles internos, la identificación de riesgos y su gestión, el sistema de información de los directivos y los análisis que apoyan los procesos de los planes de capital”. Así las cosas, Santander, junto con otros grandes bancos (Citigroup, HSBC y RBS), tendrá que volver a someter sus planes al regulador. Zions, una entidad local, ha suspendido además en capital suficiente para resistir posibles crisis.
La noticia de que el regulador estadounidense no se fía de los planes que le ha presentado Santander, y que frenan cualquier reparto de beneficios que tuviera planteada la filial, llega pocas semanas después de conocer que Botín había fichado a una estadounidense para reforzar su consejo.
Se trata de Sheila Blair, que era miembro de la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios, el equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos español. Es decir, un peso pesado de la regulación financiera. Este no fue el único refuerzo que había anunciado la entidad. Según publicó Expansión hace apenas 15 días, Santander ha decidido ampliar capital para dotar a la filial estadounidense con 1.800 millones de euros. La filial estadounidense aporta un 10% de los beneficios del grupo.
Esta ha sido la última gota que está llenando el vaso de las recriminaciones oficiales por parte de los reguladores. Un día antes de que la Reserva Federal le sacara los colores a las cuentas de Botín, el regulador británico anunciaba la imposición de una multa de 14,7 millones de euros a la filial en Reino Unido por mal asesoramiento a sus clientes. La multa es una de las más altas que se ha impuesto en el país y se hizo mediante la figura del mystery shopper, el cliente camuflado que va al banco a que le asesoren sobre el producto financiero que más le conviene.
El regulador británico constató con este sistema, que se quiere implantar en España, que Santander UK asesoró mal a los clientes sobre la venta de productos de inversión en sus sucursales y no se aseguró de que quienes prestaban ese servicio de asesoramiento estuvieran suficientemente preparados antes de hacer recomendaciones.
Una motivación muy similar ha llevado a la CNMV española a aplicar hasta tres sanciones por la comercialización de productos financieros. La última multa llegó el sábado (es decir, apenas tres días antes que la del regulador británico), por un millón de euros, ya que la CNMV ve “muy grave” que la entidad no recabara la información suficiente sobre los conocimientos financieros de aquellas personas a las que vendía estas preferentes y por “graves deficiencias” al valorar su idoneidad para adquirir productos complejos. En este caso, los productos eran “preferentes X”.
Esta multa es muy inferior a la impuesta a mediados de febrero por la venta de Valores Santander. Por la mala comercialización de este producto, la estrella para captar financiación en 2007 por la entidad cántabra, se han impuesto dos multas que suman 16,9 millones de euros.
La primera de ellas asciende a 10 millones de euros por la comisión de una infracción grave al no disponer de la información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión “Valores Santander”.“Valores Santander” La segunda, de 6,9 millones de euros, es falta muy grave en relación con el incumplimiento de algunas de las obligaciones que regulan la relación entre el banco y su clientela respecto del mismo producto. Esta segunda sanción se puede imponer por no ofrecer una asesoría “imparcial y no engañosa”.
En total, en poco más de un mes, 34,7 millones de euros en multas por no tratar debidamente a los clientes que se interesan por productos de inversión. A estas hay que sumarle otra sanción en 2012 a su gestora por 14 millones de euros por una dudosa gestión de las comisiones, que, según la CNMV, infringían la normativa de las instituciones de inversión colectiva. De esta forma, Santander es la entidad registrada que ha recibido las dos multas más elevadas por parte del regulador.
El reguero de escándalos financieros detrás de estas multas es mucho más largo. A los Valores Santander, que afectan potencialmente a decenas de miles de inversores, hay que sumar los casos de Banif Inmobiliario, de fondos invertidos en Madoff o en Lehman Brothers.
¿Son suficientes estos escándalos para que los accionistas de la entidad levanten su voz en la junta ante Don Emilio? Veremos.