“¿Esta firma es tuya?” Esa fue la pregunta que el abogado José Méndez, especializado en derecho financiero y contractual de la firma M+A 4, le hizo a mediados de 2011 a su clienta María Teresa Sasportas, afectada por la colocación irregular de Valores Santander. En aquel momento, ninguno de ellos podía ni siquiera intuir hasta qué punto esa duda iba a ser clave en la resolución de la demanda judicial que estaban pleiteando al Banco Santander.
La entidad presidida por Emilio Botín había presentado un contrato de compra de participaciones preferentes fechado en junio de 2004 como prueba del perfil de inversor de riesgo de Teresa Sasportas. El problema es que ella jamás había suscrito tal contrato. “Yo sabía que nunca hubiera contratado nada que implicara riesgo, porque necesitaba los intereses seguros cada mes, pero fue gracias a la perspicacia de mi abogado por lo que pudimos detectar que las firmas eran falsas”, explica la afectada.
El perito judicial solicitado por el banco confirmó las sospechas: “No han sido graficadas por su mano, resultando falsas”, concluye el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.
Esta fue la gota que colmó el vaso de un cúmulo de irregularidades en torno a la relación de Teresa Sasportas con Banco Santander. “Nunca fue mi banco. Cuando me quedé viuda un amigo, prejubilado como director de una de sus sucursales, me acompañó allí para poder mantener los 60.000 euros que recibí tras la muerte de mi esposo, y conseguir una buena rentabilidad por ellos”, explica.
Era mayo de 2004, y lo que contrató fueron unos depósitos a plazo fijo, uno de los productos más seguros del mercado. Con ellos conseguía unos intereses mensuales para complementar la escueta pensión, que no llegaba a los 400 euros, que le había quedado tras la muerte de su marido. Todo fue bien hasta que tres años después, en septiembre de 2007, el director de aquella oficina se puso en contacto con ella para ofrecerle Valores Santander. “Pregunté por qué era posible esa rentabilidad tan alta. Traté de asegurarme de que no era un inversión en bolsa ni nada parecido. Insistieron en que era totalmente seguro”, recuerda. Así que aceptó.
Unos años después, Teresa descubre que sus 60.000 euros iniciales ya no eran tales. Tras varios intentos de negociar con el director de la oficina y el servicio de atención al cliente, y no conseguir recuperar el dinero decidió arriesgarse. “Me pedían que esperase y me decían que el banco daría alguna solución. Yo era consciente de que podía perder dinero enfrentándome a ellos, pero estaba segura de que me habían engañado, y no quería dejarlo pasar”, explica.
Teresa es una de los 129.000 afectados del engaño masivo que Banco Santander hizo en septiembre de 2007 al colocar a sus clientes minoristas un producto de alto riesgo como Valores Santander, para sufragar la compra del banco holandés ABN Amro, como se ha contado en eldiaro.es.
Firmas falsificadas
Firmas falsificadasEl episodio de los contratos con una firma falsificada es anterior a la compra de Valores Santander pero ha sido determinante para la resolución del caso. Banco Santander pretendía probar que Teresa tenía un perfil de inversión de riesgo. ¿La razón? Había comprado preferentes de Banco Santander en junio de 2004, apenas un mes después de contratar los depósitos. Pero esa venta nunca había existido. “Hasta los abogados del Santander se sorprendieron. Pidieron un peritaje judicial porque no se fiaban del nuestro y cuando también confirmó la falsedad, se allanaron y cerraron el caso”, explica Méndez.
Sin duda, los representantes del banco no se esperaban este tipo de irregularidades procedentes de la documentación de la oficina de Teresa. Por eso, tuvieron claro que el proceso judicial tenía que terminarse en ese punto. Con ese resultado pericial en la mano, el banco aceptó las pretensiones de Teresa y evitó así que el juicio siguiera adelante al abonar los 60.000 euros más intereses y costas que ella demandaba. El allanamiento es la mejor opción para evitar que el juez siga indagando en los hechos que se juzgan y deba pronunciarse sobre ellos. Por eso, la jueza Ochoa se limita a constatar todas las irregulares en su sentencia, pero no va más allá porque al final que no ha tenido que juzgar los hechos, ya que el banco ha frenado este paso.
La actitud del Banco Santander sorprendió especialmente a Teresa, quien había sufrido toda la presión de las artes negociadoras del banco hasta ese momento. “Durante meses estuvieron intentando llegar a acuerdos para que retirase la demanda, pero me exigían confidencialidad y nunca quise aceptar. Yo seguí adelante porque estaba segura de tener la razón, aunque pensé que ellos iban a seguir pleiteando”, comenta la afectada.
Ese empecinamiento es el que le ha servido para recuperar lo que era suyo. Una suerte que, como denunció hace unos meses eldiario.es, no tuvieron otros afectados que sí aceptaron propuestas más cicateras del banco a cambio de la confidencialidad. Gracias a esos pactos y al concentrado número de afectados, la repercusión de este engaño está a años luz de la que han tenido otros, como las preferentes.
Vender antes de que la CNMV se lo autorizara
Vender antes de que la CNMV se lo autorizaraAdemás, la sentencia de Teresa es especialmente relevante porque consigue algo que no han logrado muchos afectados por Valores Santander, incluso aquellos que han recuperado todo su dinero. Que un juez reconozca que el banco presidido por Botín vendió Valores Santander antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo autorizara. En el caso de Teresa Sasportas queda probado que la fecha de venta fue el 17 de septiembre de 2007, cuando el plazo oficial no comenzó hasta el 20 septiembre, un día después de que la CNMV diera su visto bueno al folleto. “En realidad el contrato, como algún otro caso, está sin fecha. Pero la juez ha reconocido la información registrada en Supernet (la web del banco) donde sí se recoge el momento de la suscripción de la operación”, explica el abogado José Méndez.
Por ahora, la CNMV ha multado con 16,9 millones de euros a Banco Santander por la incorrecta comercialización de Valores Santander.
Esto que parece claro y meridiano para los afectados, no lo es tanto para los jueces que se limitan a reflejar en sus sentencias el perfil no profesional de los afectados como único argumento para anular los contratos. En este caso, la jueza Lorena Ochoa, titular del Juzgado número 44 de primera instancia de Madrid, puede marcar un punto de inflexión para futuros juicios ya que ha ido más allá al reflejar una de las principales irregularidades del proceso de venta de Valores Santander en una sentencia que ya es firme.
Consultado por eldiario.es, Banco Santander ha declinado incluir ninguna declaración oficial en esta información.