La vieja relación de cercanía entre el sector del juego y el PP sigue engrasada. Así lo reflejan la asidua presencia de figuras del partido en reuniones sectoriales, un premio a su actual responsable de Economía, Juan Bravo, en vísperas de su ascenso a la cúpula de la formación o una reciente “ponencia magistral” de un exministro popular con el patrocinio del sector.
Las empresas del juego han reclutado en los últimos años a cerca de una decena de antiguos cargos de los populares como consejeros o asesores. Y creen que, tras el vuelco conservador en las últimas elecciones autonómicas, “es el momento de la verdad” después de años de políticas restrictivas hacia este negocio.
En las competencias que dependen del Estado (juego online), esas políticas las ha liderado el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, que durante su mandato reguló la publicidad de las casas de apuestas, obligó a publicar las sanciones a las empresas tras una década de opacidad o prohibió apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo.
Del radio de acción de Garzón quedó fuera el juego físico (salas de apuestas, recreativos, bingos…), porque su gestión está en manos de las comunidades autónomas. Justo después del batacazo de la izquierda el 28M, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), integrada en CEOE y formada por Sportium (Cirsa), Codere u Orenes, indicaba que “ahora es el momento de la verdad, de que seamos capaces de transmitir a los que vienen el daño causado”. Este “continuará” si no “impera la lógica y la sensatez”.
Según Vall, en el sector se han sentido “escuchados” por los políticos autonómicos que estaban en la oposición y ahora han llegado al poder en las comunidades autónomas: “Nos han dado la razón y muchas esperanzas” que confió en que, “ahora que gobernarán, se conviertan en realidad. 18.000 familias solo en salones están pendientes de ello. Sin olvidar a la hostelería, ese otro gran perjudicado, especialmente en Valencia y camino de ello en Aragón. Nos avalan los datos y esperemos que todos juntos seamos capaces de reconducir el daño causado a un sector que no se lo merece. Ahora es la hora de la verdad”.
ANESAR defiende la aportación del juego a la economía y subraya que el porcentaje de población con problemas de ludopatía en España es del 0,3%. Esta patronal celebró el mes pasado el 10 Congreso de Salones de Juego. Lo inauguraron el presidente de ANESAR y el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Fernández. Uno de los platos fuertes fue una conferencia “magistral” del exministro popular Álvaro Nadal, bajo el título “¿Hemos despejado las incertidumbres? Oportunidades y riesgos de la economía española”.
La ponencia del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy contó con el patrocinio de Merkur Dosniha, una empresa de juego de capital alemán. En la nota de prensa del evento, la empresa indica que “como viene siendo habitual en este importante encuentro anual, este año bajo el lema 'Comprometidos con las empresas, responsables con la sociedad', Merkur Dosniha ha participado y colaborado patrocinando la ponencia magistral como una iniciativa más al interés común de todos los que conforman el Sector del Juego”.
“Con un aforo completo, los presentes pudieron atender las interesantes explicaciones del ministro repasando y valorando diferentes temáticas en las que destacaron la actividad económica y consumo, la inflación, la política monetaria y fiscal y las tendencias en la regulación”. El escenario elegido fue el Espacio Pablo VI de Madrid, gestionado por la fundación del mismo nombre, creada hace décadas por el cardenal Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.
“Sin duda alguna, una oportunidad de aprendizaje en cuestiones de coyuntura económica española, europea e internacional, así como políticas energéticas, desarrollo sostenible y digitalización, haciendo mención y referencia en este último aspecto a los medios de pago”, destacó esa empresa de suministro de máquinas recreativas.
La presencia de políticos conservadores en estos eventos sectoriales es muy habitual. En el congreso de ANESAR de 2022 participaron entre otros el exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso o el exdiputado y exejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto. También Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, y al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy. El anterior congreso, celebrado antes de la pandemia, en 2020, lo clausuró el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Hace poco más de un año, uno de los medios de referencia del sector, Infoplay, hacía entrega, por mediación del presidente de la empresa gallega de apuestas Luckia, José González Fuentes, y de una religiosa, la hermana superiora Antonia López, del premio “Embajador de Juego Responsable” al actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su labor como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Bravo excusó su presencia en el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid. Participó a través de un vídeo en el que cedió todo el mérito al encargado de recoger el galardón, el entonces director general de Juego de la Junta y actual secretario general de Hacienda andaluz, Manuel Vázquez, que “en los momentos más difíciles de la pandemia mantuvo el equilibrio, la serenidad, para establecer esas medidas que permitiesen mantener la actividad económica a pesar de las dificultades y, sobre todo, mantener el empleo en vuestro sector y en el resto de los sectores”, dijo a los empresarios de los salones de apuestas.
Dos días después de ese acto, Bravo fue nombrado vicesecretario de Política Económica por un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado a la presidencia del PP. Del jurado de aquel premio formaron parte el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y otro expolítico popular, Fernando Fernández de Trocóniz, abogado del Estado jubilado, exalcalde de Salamanca y exdiputado del PP.
Tras dejar la política activa, Fernández de Trocóniz presidió durante años la Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro de los fabricantes de bebidas alcohólicas que tiene “el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos en el consumo de alcohol”. Su directora de Relaciones Institucionales es la periodista Silvia Jato, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, cabeza de lista del PP por Castellón en las generales del próximo 23 de julio.
El director de esa entidad es Bosco Torremocha, hijo de Fernando Torremocha, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llegó a ser miembro de la junta directiva del PP, el partido que le colocó en el organismo, mientras estaba en el regulador.
Pero volvamos al juego. La lista de cargos del PP que están o han estado vinculados a empresas de este sector en España es larga y abarca a políticos de ámbito estatal, autonómico o municipal. Un ejemplo es el exdiputado Andrés Ayala, socio del grupo murciano Orenes y que tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa.
O el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo, tal y como recogía el periodista Luis Díez en su libro '¡Jugad, malditos, jugad!' (2020).
El caso quizás más conocido es el de Rafael Catalá, en Codere antes y después de ser ministro con Rajoy, junto a otro exministro con José María Aznar, Pío Cabanillas, que hasta 2021 fue consejero del grupo. Codere arrastra desde hace años una situación financiera muy complicada. Su auditor acaba de advertir de “dudas significativas" sobre su continuidad. Su filial online, que cotiza en Estados Unidos y tiene su matriz en Luxemburgo, anunció este jueves el nombramiento de Catalá como miembro de un órgano formal de nueva creación, el comité de Compliance, que hasta ahora tenía carácter consultivo.
La multinacional española, que el año pasado fichó al abogado del Estado Antonio Zafra (ex Bankia y jefe de gabinete en el Ministerio de Economía con Rodrigo Rato), contrató hace más de una década al despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Bloomberg acusó entonces a Hacienda de favorecer a Codere en el reparto de licencias de juego online. El ministerio que entonces dirigía Montoro negó “tajantemente la acusación de tráfico de influencias” y anunció una querella que nunca llegó a presentar.
En la Galicia de Feijóo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) la preside Serafín Portas, consejero delegado de Recreativos Portas. Su hermana Alicia fue directora de gabinete de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento con Rajoy en Sanidad y Consumo con Aznar. Actualmente es directiva en el Hospital La Paz de Madrid.
Hace un par de años, la Xunta de Galicia y AGEO fueron de la mano para intentar frenar un recurso de la CNMC contra la negativa del Gobierno de Feijóo a autorizar la instalación de una tragaperras en un bar. Un aspecto trivial, pero con cierto fondo: la Audiencia Nacional dio la razón a Competencia y anuló la resolución de la Xunta, cuyas argumentaciones, dijo, “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”. La sentencia fue confirmada en febrero por el Tribunal Supremo.
En el grupo gallego Egasa, matriz de Luckia, es consejero el abogado Javier Laorden, socio de honor del bufete Cuatrecasas, especializado en derecho tributario y entidades sin ánimo de lucro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exlíder del PP de Torrelodones, municipio que durante años tuvo el único casino de la Comunidad de Madrid y en el que los populares acaban de recuperar la alcaldía tras ocho años en la oposición. Egasa, que hace años se alió en Panamá con empresarios acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aparecía en el sumario judicial de Gürtel como donante de 100.000 euros al PP.
Otros cargos técnicos nombrados por el PP que acabaron trabajando para el sector son los ex directores generales del Juego Carlos Hernández y Juan Espinosa. El primero asesoró a las empresas de apuestas online en su recurso contra el decreto de Garzón que restringió drásticamente los anuncios del sector. El segundo se convirtió en asesor de la patronal británica del juego. Ambos tienen un despacho que ofrece asistencia a sectores regulados como el del juego.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.