El director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, negoció una comisión de 1,7 millones de euros en 2011 con Segur Ibérica a cambio de prorrogarle 13 años los servicios que prestaba la empresa de seguridad privada a la compañía de centros comerciales. eldiario.es ha tenido acceso al contrato en el que el directivo de El Corte Inglés -responsable de Protección de Datos en la actualidad- acuerda el pago de la empresa en concepto de “aportación para el desarrollo e investigación de sistemas de seguridad” para que se amplíe de 2011 hasta 2024 la prestación de servicios.
El pago de los 1,7 millones no llegó a El Corte Inglés sino a Chubb Insurances Company of Europe mediante un cheque bancario, que cuenta con la firma de Fernández-Cernuda Hidalgo. Chubb Insurances era en 2011 la aseguradora de la auditora Deloitte, cuyas oficinas fueron completamente destruidas en el incendio del edificio Windsor el 12 de febrero de 2005.
Un directivo de El Corte Inglés, que prefiere no identificarse, asegura que “este tipo de contratos fue una operativa común por parte de Fernández-Cernuda para cerrar acuerdos extrajudiciales tras el incendio del edificio Windsor. El cobro de estas comisiones a empresas proveedoras de El Corte Inglés se utilizaba para financiar estos acuerdos y evitar que llegara a los tribunales”.
El incendio del Windsor provocó un cruce de demandas en las que Deloitte reclamó 33,2 millones de euros a Prosegur y Asón Inmobiliaria, propietaria del inmueble, exigió 54 millones de euros a la empresa de seguridad, entre otras querellas de los negocios que estaban ubicados en el edificio.
Según el mismo directivo, “el incendio del Windsor fue una conmoción para El Corte Inglés. El presidente Isidoro Álvarez no quería problemas judiciales y Fernández-Cernuda le ofreció la solución de los acuerdos extrajudiciales”.
Sin embargo, fuentes oficiales de El Corte Ingles aseguran que fue “una operación interna entre empresas en la que todo fue autorizado y consensuado”. Pese a lo inusual del contrato, desde la empresa de centros comerciales se insiste en que “no hay ninguna operación extraña ni rara”.
Abono sin contraprestación directa
En el contrato se deja claro que el abono de 1.700.000 euros de Segur Ibérica “carecerá de contraprestación directa por parte de El Corte Inglés S.A., y podrá ser aplicada por el Grupo según estime oportuno, o incluso directamente por la empresa según instrucciones de El Corte Inglés S.A.”.
A cambio de este pago la empresa de centros comerciales se comprometió a “prorrogar la duración de los contratos de prestación de servicios de seguridad, servicios auxiliares, actualmente en vigor, con las excepciones y condiciones pactadas en los contratos vigentes durante un periodo de TRECE AÑOS (13) a contar desde el 1 de marzo de 2011, hasta el 1 de mayo de 2024”.
Además del entonces director de Seguridad de El Corte Inglés, en nombre de Segur Ibérica firmó el contrato Aritz Larrea Uribiarte, que entonces era director general corporativo de la empresa de seguridad. Larrea Uribiarte es en la actualidad el presidente de Loomis España. eldiario.es ha tratado de recabar la versión de este directivo pero desde Loomis España han explicado que se encuentra en Estados Unidos y que no es posible contactar con él. Segur Ibérica, la empresa que pagó la comisión, entró en liquidación en 2017.
La anomalía contractual no solo se refleja en la comisión para ampliar la duración de los servicios. En el contrato figura como apoderado al excomisario de policía Joaquín de Domingo Martorell, socio de la familia de Fernández-Cernuda Hidalgo en empresas de seguridad que le facturan decenas de millones de euros a El Corte Inglés, según han revelado dos anónimos llegados a la dirección de la empresa de distribución, como publicó eldiario.es.
Domingo Martorell
Pese a que Domingo Martorell no tiene relación contractual alguna con El Corte Inglés, aparece en el segundo punto del acuerdo con la redacción siguiente: “En esta acto los intervinientes apoderan a D. Joaquín de Domingo Martorell provisto de DNI... para la aplicación en los términos que El Corte Inglés S.A. determine”.
Desde El Corte Inglés se asegura que “es un error porque Joaquín de Domingo Martorell no era el apoderado, era un mandatario verbal”. Esta figura es una forma de justificar la intervención de una persona que actúa en nombre ajeno pero sin acreditar el poder del representado.
El propio Domingo Martorell en conversación con eldiario.es señala: “No he sido apoderado de ningún contrato. No hay ningún contrato que diga que yo soy apoderado. Es imposible. Les han intoxicado o es un error. No he sido apoderado ni nada. Pregunten a El Corte Inglés”.
Este contrato es una muestra más de la relación entre ambos expolicías y la cadena de grandes almacenes. Fernández-Cernuda negó a eldiario.es que él personalmente hubiera hecho negocios con Domingo Martorell. Sí admitió que las empresas de su familia y el excomisario habían contratado con El Corte Inglés porque tenían el permiso del anterior presidente de la cadena de centros comerciales, Isidoro Álvarez y de un directivo de la empresa del que no quiso decir su nombre.
En el acuerdo El Corte Inglés impone también una cláusula por la que obliga a Segur Ibérica a contratar todos los servicios que ofrece la compañía. La cláusula número seis recoge que la empresa de seguridad “se compromete a dotarse en el Grupo de Empresas El Corte Inglés de forma mayoritaria de la uniformidad necesaria, material informático y agencia de viajes o reforma de oficinas y todo aquello que sea necesario para su funcionamiento y que El Corte Inglés S.A. le pueda suministrar durante la vigencia de este contrato”.