El Ministerio de la Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, está “preparando el camino” para que, en el “corto plazo”, se impulse la colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud en la atención médica de las bajas de incapacidad de origen traumatológico. Saiz ha recordado que se trata de una recomendación del Pacto de Toledo y también de los empresarios y sindicatos en el acuerdo estatal por el empleo y la negociación colectiva (AENC) del pasado mayo.
La ministra de la Seguridad Social ha explicado este miércoles en el Congreso de los Diputados esta y otras medidas en las que trabaja su departamento en esta nueva legislatura, como la reforma de la jubilación parcial y del retiro anticipado para las consideradas profesiones “penosas”, que ya se han puesto sobre la mesa del diálogo social.
Aunque sin concretar una fecha, Elma Saiz ha afirmado que en el “corto plazo” su Ministerio trabaja en “la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT)” a través de este impulso para poder derivar a las mutuas a pacientes de baja por enfermedad común de origen traumatológico.
“Explorar el potencial” de la colaboración de las mutuas
La ministra ha defendido que esta será una “forma de explorar el potencial de aprovechamiento de los recursos de las mutuas” colaboradoras con la Seguridad Social. Aunque son organizaciones empresariales, Saiz ha destacado que “son entidades que forman parte del sector público estatal” y “que se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores”. Por ello, la ministra ha defendido que se trata de una vía para “utilizar mejor los recursos públicos”.
La responsable de la Seguridad Social ha recordado que la mayoría parlamentaria también emplazó al Gobierno a explorar esta materia en las recomendaciones del Pacto de Toledo. El texto recogía en su propuesta novena: “Se ha de avanzar en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las Mutuas, en especial en los servicios traumatológicos”.
Esta nueva colaboración se negocia de momento en el seno del diálogo social. El próximo lunes, 5 de febrero, está convocada la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. Los agentes sociales instaron el pasado mayo en el AENC a las administraciones a firmar convenios de colaboración con las mutuas para “realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes de origen traumatológico”.
“Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud”, añadía el acuerdo.
Aunque el mayor papel de las mutuas se trata de una reclamación habitual de los empresarios, que las gestionan, los sindicatos argumentan que la medida puede reducir los tiempos de atención, ante las largas listas de espera en el sistema público, y facilitar la recuperación de los trabajadores. En mayo, CCOO y UGT defendieron además que esta colaboración no supondrá una privatización del sistema, ya que insistieron en que el proceso de alta se mantendría en la sanidad pública.
Se trata de un asunto que además involucra a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, con las que habría que firmar estos convenios de colaboración con las mutuas.
Preguntada por la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre las “autobajas” en el pico de gripe, Elma Saiz ha afirmado que “es una materia compleja” y que, al afectar a una materia laboral, “se tiene que abordar en el diálogo social”. A renglón seguido, la responsable de la Seguridad Social ha subrayado la colaboración con las mutuas como el “objetivo común, interministerial”, en el seno del Gobierno para que “entre todos podamos aplicar medidas que puedan descongestionar los servicios públicos de salud”.
Jubilación parcial y retiro anticipado en profesiones “penosas”
La ministra ha resumido también otras medidas en las que está involucrado su ministerio, como “una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión”, que afecta a las denominadas jubilación parcial y jubilación activa, una de las prioridades en el diálogo social.
“Queremos favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo”, ha destacado Saiz, que ha destacado que hay personas que quieren trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación, “pero con condiciones que les favorezcan”.
También ha destacado la revisión del procedimiento de acceso al retiro anticipado para los profesionales que se dedican a actividades “penosas”, para lo que se trabajará en “un procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores” que “corrija el sesgo de género” que existe en la actualidad. Este se regirá por factores “objetivos”, ha dicho la titular de la Seguridad Social, entre los que ha citado a modo de ejemplo “la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral”, las incapacidades permanentes o fallecimientos en las distintas profesiones.
La ministra ha celebrado la reforma de pensiones de la pasada legislatura, que ha sostenido que garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Los cambios y las previsiones de la Seguridad Social serán examinadas por la Comisión Europea y la AIReF en 2025.
Elma Saiz ha destacado, de cara a la jubilación de los baby boomers, que el sistema se está reforzando con varias medidas como las aportaciones a la llamada “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La ministra ha cifrado en “9.000 millones de euros” la previsión del dinero acumulado en esta hucha a finales de este año y en “25.000 millones” cuando termine la legislatura.
“Mejoras” en el ingreso mínimo vital
Sobre el ingreso mínimo vital (IMV), Elma Saiz ha destacado que se seguirá trabajando en “mejoras” de acceso a la renta mínima estatal, para lo que ha destacado que se seguirá “la evidencia científica”, a través de la creación de “un laboratorio de evaluación de políticas públicas”.
Saiz ha anunciado algunas medidas concretas para “mejorar” la gestión del IMV, como su pretensión de “eliminar” la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, que ahora supone que se tenga que volver a solicitar la prestación, y lo mismo sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario de la ayuda. “Queremos eliminar la extinción automática”, ha afirmado.
Ante las críticas sobre la excesiva burocracia y las dificultades de acceso de muchos ciudadanos pobres a la ayuda, Elma Saiz ha sostenido que el IMV es una prestación “viva”, que se ha ido modificando en los últimos años para ampliar sus beneficiarios y que lo seguirá haciendo para ampliar su número de beneficiarios.
No obstante, la ministra ha sido crítica con las Comunidades Autónomas que reducen su inversión en las rentas mínimas autonómicas contra la pobreza desde la puesta en marcha del IMV, sin ampliar cuantías o complementar la prestación, como hacen otras (como Canarias, Baleares y Catalunya).
Con Madrid como uno de los máximos exponentes, Saiz ha destacado también la merma de la inversión en rentas mínimas de Galicia, Andalucía y Murcia, gobernadas por el PP. Sin embargo, la reducción del gasto en rentas mínimas se experimenta en la mayoría de Comunidades, también varias gobernadas por el PSOE, como Aragón (hasta hace poco dirigida por Javier Lambán) y Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page.